El juez tumba los recursos de CTA al archivo de sus denuncias a dos exediles del PP

El Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba ha acordado desestimar los recursos interpuestos por el sindicato CTA contra las decisiones de archivo de sus denuncias a los exconcejales del PP en el Ayuntamiento de la capital cordobesa Miguel Reina y Rafael Navas, investigados por supuesta comisión de delitos de prevaricación administrativa en la gestión de contratos del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) y el Alcázar de los Reyes Cristianos, respectivamente.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, que han apuntado que en el caso de Rafael Navas el sindicato, como acusación, ha presentado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, mientras que en el caso de Miguel Reina la desestimación ha sido notificada esta semana y se prevé que también se presente recurso de apelación.

Al respecto, el juez ha acordado archivar ambas denuncias, después de que lo pidieran la defensa y la Fiscalía, al considerar que no se ha cometido el citado delito en la actuación de los exediles, de manera que en el caso de Reina fundamenta que “no existe motivo o interés personal en favorecer a una determinada empresa”, por lo que la contratación de un despacho de abogados para distintos despidos “no supone prevaricación”, según sostiene.

Y en el caso de Navas, el magistrado sustanció su decisión en base a que su actuación estaba “amparada por la ley en su momento por razones de urgencia”, según indicaron fuentes judiciales, que añadieron que “no existe motivo o interés personal en favorecer a una determinada empresa”. Mientras tanto, el sindicato presentó recursos de reforma.

En este sentido, el exconcejal de Deportes, que anunció en su momento que interpondrá demanda contra el denunciante del sindicato CTA, se declaró inocente ante el juez en el interrogatorio y aclaró sobre los contratos del despacho de abogados 'Cuatrecasas' que todo lo que firmó iba con “los informes buenos de Intervención”.

Al hilo de ello, subrayó que “la primera orden” que dio cuando llegó al cargo en 2011 fue que no se le pasara “nada para firmar si no era con el visto bueno de Intervención del Ayuntamiento, el secretario y todo aquel que tenía que dar el visto bueno”, de forma que “si no era así, no firmaba nada”, remarcó.

A su juicio, ha sido una declaración “clara y honesta” sobre la gestión que realizó en el Imdeco y lo que se encontró en él cuando llegó en 2011, con “una situación catastrófica en lo económico, que se debían cerca de un millón de euros, y en personal, que no se sabía por dónde había entrado”.

Según detalló, después de cuatro años, se crearon campos deportivos nuevos; consiguió una financiación de 470.000 euros, tras gestiones con el Consejo Superior de Deportes, para distintas actuaciones; se creó una escuela deportiva de niños en exclusión social; al tiempo que “se ha dejado un remanente de 670.000 euros”, de modo que lo que ha hecho ha sido “por el bien del deporte cordobés”, enfatizó.

Además, insistió en que en su gestión ha puesto “el corazón y el alma”, pero cree que “se ha manchado” su imagen, algo que “es lamentable y debe servir de ejemplo de que no se puede difamar, ni poner en tela de juicio la honorabilidad de las personas honestas”, aclaró Reina.

LA GERENCIA

Tras dicha declaración, desde la acusación entendían que el exgerente del Imdeco Alfonso López “tiene un mayor grado de conocimiento y decisión en la contratación sucesiva y fraccionada del despacho de abogados” para “un servicio que ha sido el mismo del Imdeco, con el asesoramiento en materia de recursos humanos”.

Así, recordaron que dicho asesoramiento se produjo “inicialmente con el expediente de regulación de empleo y después con las vicisitudes del Imdeco para adaptarse a la nueva situación laboral, impuesta en parte por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que aprobó el PP en 2012”.

Por tanto, consideraban que “queda claro que quien materialmente ha tomado las decisiones de los contratos con Cuatrecasas es la Gerencia del Imdeco” y de ahí que “lo oportuno sea citar al exgerente a declarar”, al “conocer con mayor detalle las motivaciones y el procedimiento que se siguió para ir sucediendo contratos con el citado despacho”.

Según precisaron, se hicieron cuatro contratos y “todos ellos en el límite del contrato menor”, unos 21.000 euros, que “se adjudicaron directamente sin concurrencia entre otros licitadores posibles y que puede estar justificado”, si bien “se presta un servicio continuado e indiferenciado de un contrato a otro y ello obliga a acudir al procedimiento público”, según explicó el abogado de la acusación.

EL ALCÁZAR

Por su parte, el exedil Rafael Navas justificó en “la urgencia” la realización de los contratos para poder ofrecer el espectáculo de luz y sonido del Alcázar de los Reyes Cristianos, según indicaron fuentes judiciales, que explicaron que Navas mostró “un mayor grado de conocimiento aparente en los detalles de las distintas contrataciones”.

De este modo, apuntaron que “ha justificado que por motivos de urgencia se tuvo que acudir al contrato menor y no a la figura del procedimiento negociado o abierto”, a lo que añadieron que “ha querido excusarse en la urgencia e ineficacia de la administración para que se diera curso a los contratos de forma directa”.

Además, señalaron que “ha admitido que hubo un mes completo en el que la empresa prestó el servicio sin tener ninguna cobertura jurídica”, algo que “también se ha puesto de manifiesto en varios informes de fiscalización de los contratos”, a la vez que indicaron que “es cierto que se ingresó el canon de ese mes”.

No obstante, precisaron que la empresa del espectáculo en ese momento, EMTE, “no realizó ningún pago hasta septiembre de 2015, según consta en el informe de Intervención, relativos a los contratos menores”, de forma que “se adjudicaron los contratos sin que la empresa hubiera abonado el canon que tenía que abonar por cada uno de los meses”.

Desde la acusación avanzaron en su momento que iban a pedir más pruebas, entre ellas las declaraciones de varios funcionarios que “suscriben informes que constan en los expedientes”, así como que se analice el informe de la Intervención General del Consistorio a tal efecto, que “es bastante esclarecedor”, al “cuestionar el procedimiento de todos los contratos denunciados”, según la acusación.

Dicho informe lo elevó el gobierno municipal en mayo de 2016 a la asesoría jurídica y en él la Intervención General apunta a “una serie de irregularidades” sobre los contratos menores para la adjudicación del espectáculo de luz y sonido del Alcázar, durante 2014 y 2015, con la gestión de Rafael Navas.

Según detalló el Ayuntamiento en su momento, del informe de Intervención “se desprenden una serie de irregularidades cometidas en la tramitación de los expedientes examinados, que fundamentalmente se centran en la improcedencia de la prórroga del contrato acordada en octubre de 2014, a pesar de que el pliego que regía la contratación le atribuía el carácter de improrrogable”.

Igualmente, señala al “posible error en la calificación de los contratos como contratos menores, el fraccionamiento indebido del objeto del contrato y la ausencia total del mismo durante un periodo de un mes completo”. A la luz de todo ello, la Intervención General Municipal concluye que “se ha producido un enriquecimiento injusto del contratista, con el correlativo perjuicio económico para el Ayuntamiento”.