Indefinidos no Fijos de la Junta inciden en su deseo de evitar la judicialización

Sala de espera con funcionarios trabajando.

El presidente de la Asociación del Personal Laboral Indefinido por sentencia judicial de la Junta de Andalucía (Aplindf), José Carlos Fernández, ha mantenido una reunión con la jefa de Servicio de Planificación y Gestión del Personal Laboral de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, Aurora Molina, para exponer ante la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta las inquietudes del colectivo en los procesos de Oferta Pública de Empleo (OPE), así como transmitirle el deseo de evitar la judicialización y contar con “un interlocutor válido”.

En declaraciones a Europa Press, José Carlos Fernández ha indicado que en dicho encuentro ha reiterado el deseo de Aplindf de “evitar la continua judicialización de los asuntos que rodean a este colectivo debido a la inexistencia de interlocutor válido”.

En este sentido, ha ofrecido a la asociación para mantener un diálogo y negociaciones con la Secretaría General para la Administración Pública. Su titular, Lidia Sánchez, ha excusado su ausencia en la reunión, de ahí que haya estado presente Aurora Molina, según ha indicado.

Fernández ha remarcado que Molina no les ha dado información sobre los procesos de OPE al advertir que solo estaba autorizada para escuchar al representante de Aplindf. La jefa de servicio, no obstante, se ha comprometido a hacerle llegar a Sánchez el manifiesto elaborado por la asociación y el interés por que se lleve a cabo el encuentro con ella.

En cualquier caso, el presidente de Aplindf le ha adelantado la convicción del colectivo de que “no es oportuna la inclusión de este personal en la OPE actual, hasta que no se regularice la situación de cada una de las plazas afectadas, con reconocimiento de titulaciones, antigüedades, aclaración de funciones de los puestos de trabajo y reversión de los traslados realizados de forma irregular en el último concurso de traslados de laborales que ha sido impugnado y que está pendiente de resolución judicial”.

En la misma línea, Fernández le ha indicado que todos los informes jurídicos que posee Aplindf establecen que “las convocatorias que así se realicen son impugnables por efectuarse sin garantías jurídicas suficientes para el personal afectado”.

“Ante situaciones excepcionales como la de este personal, la administración no puede arbitrar soluciones convencionales. Ante problemas complejos no se pueden dar respuestas simples, así que le instamos a contar con nuestra colaboración para encontrar un camino que garantice la efectiva regularización de este personal”, ha dicho Fernández.

“Un problema que lleva más de 20 años enquistado no se puede pretender resolver de la noche a la mañana mediante una convocatoria de OPE a prisa y corriendo sin las garantías suficientes”, ha concluido.

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