Hoy se firma el contrato de la Residencia de Mayores

Imagen de archivo de una actividad en la Residencia de Mayores | MADERO CUBERO
Tras las conversaciones entre el gobierno local saliente y los socialistas se decide suscribir el contrato con Vitalia para evitar que la empresa pueda reclamar una indemnización al Consistorio

La privatización de la Residencia de Mayores Guadalquivir se concretará esta mañana con la firma del contrato con la empresa Vitalia y que será asumido por el gobierno local saliente, del Partido Popular, que adjudicó el servicio el pasado 22 de mayo tal y como consta en junta de gobierno local. La concesión del bien municipal se concreta, tal y como figuraba en el pliego de condiciones, por un periodo de 10 años, prorrogable hasta los 25 y por un canon anual de poco más de 100.000 euros anuales.

La decisión se seguir adelante con la firma del contrato se produjo a comienzos de esta semana y tras las conversaciones mantenidas entre PP y PSOE. Pese a que la adjudicación se había publicado y aprobado en junta de gobierno local, aún no se había concretado la firma del contrato con la empresa adjudicataria del servicio y los plazos apremiaban, ya que el Ayuntamiento tenía ocho días hábiles para suscribirlo, so pena de enfrentarse a una reclamación económica de la adjudicataria que el pasado lunes tenía todo previsto para comenzar su gestión y que tuvo que suspender al encontrarse con una prórroga de los servicios de lavandería, alimentación y atención que hasta ahora se venían realizando.

El asunto de la privatización de la Residencia de Mayores ha sido uno de los que han estado encima de la mesa en este periodo de transición tras las elecciones municipales, dado que la postura del PP no coincidía en absoluta con la de fuerzas políticas como el PSOE o IU, que todo apunta a que se unirán en el futuro gobierno local. Primero se decidió sopesar los pros y los contras de la anulación del contrato, pero dado que éste ya estaba aprobado y publicado se ha dado vía libre a su firma, sobre todo para evitar la sanción económica a la que se exponía el Consistorio en caso de incumplir un compromiso que ya estaba aprobado. Ésta fue la conclusión a la que llegaron los técnicos municipales que se reunieron el pasado martes para desbloquear un conflicto que tenía más de político que de gestión.

En este nuevo contrato, el Ayuntamiento se reserva la disponibilidad de 30 plazas y la Junta de Andalucía la de medio centenar. En este sentido, la Administración regional se ha mantenido ajena a la polémica política y ha señalado que, independientemente de quién gestionase el servicio, el compromiso y los fondos para el uso de sus 50 plazas estaban asegurados.

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