Hornachuelos le quitará el apellido franquista a Bembézar del Caudillo

La alcaldesa anuncia que acudirá a los registros oficiales para cambiar la nomenclatura y que cumplirá así con la ley de memoria histórica

El Ayuntamiento de Hornachuelos tiene previsto acudir al registro oficial para eliminar todo rastro franquista del nombre de su pequeña pedanía Bembézar del Caudillo. La alcaldesa de Hornachuelos, María Pilar Hinojosa, anunció esta iniciativa ayer ante los micrófonos de Radio Córdoba Cadena Ser y después de que el abogado Eduardo Ranz anunciara una demanda por incumplir la ley de memoria histórica.

La alcaldesa aseguró que el Ayuntamiento que preside eliminó la mayoría de los carteles que nombraban al municipio como del Caudillo y que desde hace años incluso en Hornachuelos y las zonas de la comarca se le llama simplemente Bembézar. No obstante, el Consistorio no tenía constancia de que el nombre completo seguía apareciendo en los registros oficiales, por lo que iniciará los trámites oportunos para cambiarlo.

Ranz, que se ha especializado en este tipo de demandas para garantizar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en España, solicita la retirada de iconografía franquista por dos motivos: “Dignidad y legalidad”. El caso de Bembézar del Caudillo (un pueblo fundado en pleno franquismo) no es único en España. Así, Ranz también tiene previsto pedir que se cambie la nomenclatura de otras siete localidades españolas más: Villafranco del Guadalhorce (Málaga) y Queipo de Llano (Sevilla), a las que se suman Águeda del Caudillo (Salamanca), Alberche del Caudillo (Toledo), Guadiana del Caudillo (Badajoz), Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Quintanilla de Onésimo (Valladolid), Alcocero de Mola (Burgos) y San Leonardo de Yagüe (Soria).

Ranz también denunció la presencia en el interior de la Mezquita de los nombres de los religiosos asesinados durante la Guerra Civil. Hasta hace poco podía leerse caídos durante la revolución comunista y ahora, caídos por Dios y por España.

El letrado, especializado en memoria histórica y derechos humanos, presentará a su vez once peticiones ante las diputaciones provinciales solicitando la retirada de subvenciones para cumplir con la Ley de Memoria Histórica.