La Fiscalía incoa diligencias por la denuncia contra la convocatoria “urgente” de interinos de la Junta

La Fiscalía Superior de Andalucía ha incoado diligencias de investigación penal por la denuncia interpuesta ante dicha instancia por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas (CAMB) contra el consejero andaluz de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo; y otros cargos del Gobierno andaluz, a cuenta de un presunto delito de prevaricación derivado de la convocatoria de contratación urgente de 159 funcionarios interinos promovida el pasado 8 de julio, según figura en un decreto del Ministerio Público rubricado el pasado 16 de septiembre y recogido por Europa Press.

La mencionada denuncia se dirigía contra Bendodo; la secretaria general para la Administración Pública de la Junta de Andalucía, Ana María Vielba; y la directora general de Recursos Humanos y Función Pública, Natalia Silva, como “autoridades responsables de las contrataciones de personal para la Junta de Andalucía”, así como “contra cuantas personas pudieran derivarse del presente procedimiento”.

Según la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, en la mencionada convocatoria de interinos se incurría en una “discriminación” al excluir de la misma a “mujeres embarazadas o en periodo de lactancia”, lo que dicha organización ve como “presuntamente inconstitucional”.

Igualmente, la coordinadora formulaba su denuncia por “excluir” la referida convocatoria de empleo “a pacientes crónicos como hipertensos o diabéticos, que no estén en situación de invalidez por enfermedad, o a las personas mayores de 60 años”, lo que “no está amparado por ninguna legislación al respecto”.

Los perfiles solicitados

Según los denunciantes, en la convocatoria media la “contradicción flagrante” de que se hace “al amparo de la crisis sanitaria originada por la pandemia” del coronavirus Covid-19, pero “en el perfil de todas estas contrataciones no aparecen para nada profesionales o trabajadores del sector de la salud, encontrándose Andalucía en este periodo con una enorme saturación de los servicios con falta de personal en Atención Primaria y especialidades”.

Además, en la denuncia se señalaba que la convocatoria fue promovida “de manera urgente”, con un procedimiento de solicitudes canalizado “por correo electrónico en un plazo de 24 horas, sin incluir siquiera currículum”, lo que “vulnera los principios de publicidad, mérito y capacidad que exige la legislación estatal recogida en el Estatuto del Empleado Público”,

Para esta entidad, “todo hace pensar que esta convocatoria, junto a otras similares que se están produciendo, quizás tratan realmente de formalizar una 'administración paralela' con mecanismos de selección presuntamente fraudulentos y, entre otros objetivos, subyace el deseo de sortear los mecanismos de control e informes previos necesarios de impacto medioambiental o de impacto a la salud que la legislación exige, sobre todo en proyectos urbanísticos, algunos de gran relevancia y que actualmente están en espera de 'acelerar' los trámites”