Fiscalía devolverá el auto del Rey Heredia por el error en una identificación

El escrito del juez de Instrucción, José Luis Rodríguez Laínz, señalaba a uno de los activistas como menor de edad cuando en realidad tiene 47 años.

Vuelta a empezar. La Fiscalía de la Audiencia Provincial ha decidido devolver al juzgado de Instrucción 4 el auto en el que su titular, José Luis Rodríguez Laínz, daba un plazo de diez días al Ministerio Público y al Ayuntamiento para que decidiesen si iniciaban la vía penal contra los activistas del Rey Heredia a los que podría imputarse un presunto delito de usurpación del antiguo colegio.

La decisión del Ministerio Fiscal se fundamenta en el artículo 779 de la Ley de Enjuciamiento Criminal, referida a que ésta debe contener “la determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le imputan, no podrá adoptarse sin haber tomado declaración a aquélla en los términos previstos en el artículo 775”. Esto es, no puede remitirse un auto en el que se imputa a una persona que pudiera haber declarado en calidad de testigo.

El motivo de la decisión que adoptará la Fiscalía  radica en el error en la identificación de uno de los activistas. En su último auto, el juez bajaba de catorce a nueve el número de imputados. Quedaba uno al que Rodríguez Laínz identificaba como menor y ponía su caso en manos de la Fiscalía de Menores, informó en su día la Acampada Dignidad, que señalaba que esta persona no tenía 17 años, sino 47. Este error provoca que esta persona no aparezca en la lista de nueve imputados que remite el juez a Fiscalía y Ayuntamiento, por lo que el auto es erróneo y debe rectificarse antes de convertirlo en procedimiento abreviado e iniciar la posible vía penal.

En este sentido, el Ayuntamiento, respondiendo al requerimiento del juez, tenía previsto debatir hoy en junta de gobierno local su posicionamiento en este proceso, para lo que ha solicitado un informe a los servicios jurídicos municipales. Las fuentes consultadas señalaron que la opción más probable es que se diese luz verde a sumarse como acusación en el procedimiento penal contra los activistas.