De empresario al desahucio de su casa: la crisis que aún se sufre

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Antonio tiene 63 años. Conchi, su mujer, 62. Ellos y su familia han vivido desde hace años del negocio familiar de camiones ligado al transporte en la construcción. En plena expansión, en 2005, hipotecaron su casa con la firma de un préstamo de 90.000 euros, para comprar un camión más. Pero, al poco tiempo, con la llegada de la crisis, la empresa comenzó a ir mal y acabó yendo a pique. Antonio se quedó sin trabajo, en 2013 dejó de poder pagar cada mes la cuota de 952 euros de la hipoteca sobre su casa, esta quedó en manos del banco, y ahora, los coletazos de aquella crisis le ha llegado en forma de desahucio: sobre su familia pesa una orden de lanzamiento por la que tendrán que abandonar su vivienda el 15 de febrero a las 9:30.

Antonio y Conchi viven con dos hijos: un chico en paro y una chica estudiante. En los últimos años, sin trabajo desde 2012, sus ingresos se han visto reducidos a los 430 euros de ayuda social y a la aportación del colchón familiar: uno de los abuelos de la familia es el que ha ayudado a mantenerla con su pensión.

Además, la deuda que mantiene Antonio -que ha sido autónomo durante años-, con la Seguridad Social, le impide jubilarse y tener acceso a esa prestación. Ante esa situación, Cruz Roja y Cáritas han sido quienes han cubierto muchas veces la falta de recursos en esta familia en estos años.

En los últimos tiempos, la situación se ha agravado. Al no pagar las cuotas de la hipoteca al banco -Caja Rural- este empezó el proceso de ejecución y, una vez llegado el asunto a los juzgados, hace pocas fechas recibieron la peor noticia: un burofax les informaba del día marcado para su desahucio a mediados del próximo mes.

Reconocen que tuvieron que dejar de pagar la cuota de la hipoteca al banco por la falta de ingresos y que los pocos que tuvieron después los emplearon en “pagar alguna deuda y comer”. Ahora, hacen un llamamiento para intentar paralizar el lanzamiento de su vivienda. Se han puesto en manos de la Asociación de Familias Necesitadas (ANFANE) de Córdoba, donde les están asesorando e intentando abrir una vía de diálogo con el banco.

Antonio cuenta que también ha acudido a las administraciones -Ayuntamiento y Junta de Andalucía- en busca de alguna solución. “Queremos intentar que el desahucio se paralice, ver las posibilidades que hay para que no nos tengamos que ir de la casa”, explica, ante la perspectiva de tener que abandonar su vivienda. Lograr que el banco les conceda un alquiler social para seguir allí es lo que persiguen, aunque rastrean todas las posibilidades, si se tienen que marchar definitivamente, para no verse en la calle y encontrar un techo.

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