Las campañas de la aceituna y la naranja, ante el blindaje en el campo para evitar brotes de Covid

El campo cordobés encara el próximo otoño e invierno con las campañas de la recogida de la aceituna y la naranja en el horizonte, dos de las grandes cosechas de la provincia que deberán adaptarse al blindaje que ha establecido la administración para evitar los brotes de Covid-19 en esta actividad.

La orden dictada el 1 de septiembre por la Junta de Andalucía, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la comunidad autónoma para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus en las explotaciones agrarias, forestales y agroforestales con contratación de personas trabajadoras temporales, es el eje que se deberá seguir en las próximas campañas agrícolas.

El objetivo es claro: establecer medidas específicas para limitar la aparición de brotes ocasionados por el virus SARs-Cov-2 en las explotaciones y que se favorezca su detección temprana y se mitiguen los contagios y sus consecuencias. Y, con ese objetivo, los titulares de las explotaciones deberán adoptar una serie de obligaciones, en particular en cuanto a la contratación de temporeros.

Como normas generales, el uso de la mascarilla será obligatorio y se establece que las cuadrillas de trabajadores sean estables, compuestas siempre por los mismos miembros para evitar al máximo los contactos y la transmisión del virus. La limpieza y desinfección, la ventilación en vehículos de transporte o la disposición de geles hidroalcohólicos en puntos estratégicos, serán las normas que protagonicen los hábitos de las campañas agrícolas. Y también se escalonarán las entradas y salidas y las pausas y descansos mediante turnos para evitar aglomeraciones.

Plan de contingencia y contratación de temporeros

Así, cara a las próximas campañas del campo cordobés, los titulares de las explotaciones tienen que contar con un plan de contingencia específico de la explotación frente al Covid-19, acorde a la Guía de Prevención del coronavirus que se publicó en el BOJA del pasado 3 de agosto. Además, la orden estipula que, antes de contratar, deberá elaborar ese plan con su empresa de riesgos laborales.

El segundo aspecto que será obligatorio es el de cumplir las medidas preventivas que se recogen en el anexo de la orden, entre las que se encuentra la necesidad de informar  y formar a los trabajadores sobre las medidas de prevención; la ubicación de cartelería o la limpieza y desinfección en vehículos tras cada uso, entre otras muchas. De estas medidas, destaca la de disponer de un listado de los trabajadores temporales, con el teléfono de contacto y el lugar de alojamiento de cada uno de ellos. Esto será algo esencial a la hora de contactar con los trabajadores en caso de que se detecte un caso positivo.

Notificación de sospechas de Covid-19

De ahí que los trabajadores están obligados a facilitar esa información al empresario. Y si además el empresario le da alojamiento, deberá cumplir con otra serie de medidas que se incluyen en el anexo, todas encaminadas a cumplir las normas de higiene y seguridad que eviten los contagios, garantizando las condiciones de habitabilidad, salubridad e higiene. De hecho, en estos casos, tendrá que habilitarse infraestructuras destinadas al aislamiento de los trabajadores contagiados o sospechosos.

Otra de las medidas que deberá atenderse en las próximas campañas agrícolas será la obligación de notificar a las autoridades sanitarias cualquier situación del personal relacionado con la posible existencia de sospechas o casos compatibles con el covid-19.

Negociación y críticas de las organizaciones agrarias

Las obligaciones estipuladas en la orden de la Junta pretenden blindar al campo frente a los brotes de coronavirus en unas campañas que son vitales para el sector. Estas normas han sido negociadas y estudiadas por la administración con las distintas organizaciones agrarias como Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias, entre otras, que han realizado sus aportaciones.

En líneas generales, los agricultores han mostrado su apoyo a estas medidas, aunque también han expuesto matices y críticas a algunos puntos concretos, por la dificultad para ejecutar algunas de ellas, el coste que supondrá y su carga burocrática. En ese sentido, las organizaciones agrarias han apuntado a que las nuevas medidas generarán más costes al agricultor en las próximas campañas del olivar y cítricos, que se desarrollarán en la provincia y que va a suponer un incremento de gastos por explotación de entre 2.000 y 3.000 euros en cada campaña, según calculan.

Y, para que no recaiga todo el peso en los titulares de las explotaciones, han solicitado la ampliación de plazas en los albergues para las campañas de olivar y de cítricos, porque preocupa la disponibilidad de las existentes en la provincia de Córdoba para los temporeros que vengan a trabajar durante la campaña agrícola 2020/2021. Además, piden que las administraciones competentes garanticen la habitabilidad en los albergues, respetando las medidas sanitarias para evitar posibles brotes y garantizando la salud de los trabajadores fuera del marco laboral.