Adelante culpa a PSOE, PP y Cs de la “precarización” del servicio de Apoyo al Acogimiento Familiar

La parlamentaria andaluza por Córdoba de Adelante Andalucía Luzmarina Dorado ha afirmado este lunes que “tanto la política de recortes de gobiernos anteriores del PSO, como el continuismo del actual Ejecutivo andaluz de PP y Cs, en partidas dedicadas a la protección de menores tutelados, han conducido a la precarización en la provincia de Córdoba de servicios como el de Apoyo al Acogimiento Familiar”.

A este respecto, y en un comunicado, la también portavoz de Adelante Andalucía en la Comisión sobre Políticas para Protección de la Infancia del Parlamento andaluz ha recordado que se trata de “un programa que ampara a centenares de menores y que resulta esencial para su protección e integración en casos en los que han sido separados temporal o permanentemente de sus familias”.

Dorado se ha hecho eco así de las críticas del sindicato CNT y ha señalado que “los recortes presupuestarios previstos por la Junta de cara a la licitación del servicio, gestionado en Córdoba por la Fundación Internacional Aproni, han supuesto la eliminación de hasta ocho puestos de trabajo, cinco del propio servicio de Acogimiento Familiar y tres del programa Espacio Facilitador de Relaciones Familiares, antes asumido por otra entidad”, y del que ahora se hace cargo la citada fundación, pero “sin contar con ninguna ampliación presupuestaria”.

“Los recortes presupuestarios de la Junta --ha insistido-- en las partidas para la protección de menores, y los de la propia Fundación Internacional Aproni sobre las plantillas del servicio de Apoyo al Acogimiento Familiar de Menores en Córdoba, no solo les ha costado el puesto de trabajo a ocho personas, sino que han contribuido notablemente a la precarización de un servicio público esencial para la protección y el desarrollo de la infancia y la adolescencia de niños en situación de vulnerabilidad”.

La parlamentaria ha advertido que el impacto de estas medidas “perjudica gravemente la calidad del servicio para los menores tutelados y sus familias, y conlleva, en algunos casos, un incremento de hasta el 50 por ciento del ratio de atención por profesional, así como la congestión de labores de formación, supervisión de visitas o valoraciones de idoneidad, además de la pérdida de vinculación de los menores con las personas que habitualmente los atendían”.

Dorado ha afirmado que “aunque esta situación se está dando en la provincia de Córdoba es extensible al conjunto de Andalucía”, pues “parece que ni la Junta ni las empresas que suministran el servicio se están tomando en serio la necesidad de atención que requieren lo que nosotros entendemos que es la infancia más vulnerable de Andalucía”.