Más de 172.000 pensionistas cordobeses se beneficiarán de la revalorización de las pensiones

La revalorización de las pensiones, con efectos desde 1 de enero de 2020, va a afectar en Córdoba a un total de 172.415 pensionistas, según los datos facilitados este martes por la Subdelegación del Gobierno, tras la publicación en el BOE de los primeros decretos aprobados por el Ejecutivo Central.

En un comunicado, la Subdelegación ha explicado que, con este aumento, la pensión media pasaría en Córdoba de 824,05 a 831,12 euros mensuales, inferior a la cifra media en España, situada en 835,8 euros al mes.

El gasto mensual en pensiones para este número de beneficiarios pasa de 142.083.995,95 euros a 143.362.751,91, siendo el incremento mensual con aplicación de la revalorización de 1.278.755,96 euros.

Las pensiones han subido este 1 de enero un 1,6%, seis décimas superior a la previsión del IPC del Gobierno para 2019, según apuntó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que se aprobó el Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

En lo que respecta a la subida salarial a los empleados públicos de las administraciones estatal, autonómica y local, en Córdoba este incremento beneficiará a 43.222 empleadas y empleados públicos.

Por administraciones, 7.897 beneficiarios corresponden a la Administración Pública Estatal (6.148 hombres y 1.749 mujeres); 23.512 a la Administración de la comunidad autónoma (7.814 hombres y 15.698 mujeres); 9.924 a la Administración local (5.202 hombres y 4.722 mujeres) y 1.889 a la Universidad (1.079 hombres y 810 mujeres). En total son 20.243 hombres y 22.979 mujeres.

De este personal al servicio de la Administración Pública Estatal que se beneficiará del incremento en la provincia de Córdoba, 2.365 pertenecen a la Administración General del Estado (1.239 hombres y 1.126 mujeres), 1.772 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (1.633 hombres y 139 mujeres), 3.304 a las Fuerzas Armadas (2.944 hombres y 360 mujeres), 185 a la Administración de Justicia (82 hombres y 103 mujeres) y 271 a empresas públicas de emergencias sanitarias EPEs y OP Régimen específico (250 hombres y 21 mujeres).