La culpa no es de la interventora, es de los que cambiaron la ley

Aunque lo parezca, la interventora general del Ayuntamiento no tiene la culpa de todo. Paloma Pardo es una funcionaria habilitada por el Estado que ahora tiene unos poderes que antes no poseía gracias a la última reforma de la ley de las administraciones locales impulsada por el Ministerio de Hacienda. Por eso, la culpa de lo que está pasando ahora con las empresas municipales del Ayuntamiento de Córdoba que a pesar de todo siguen en déficit presupuestario no es suya, sino de los que cambiaron la ley. Me explico:

El pasado 30 de diciembre el Boletín Oficial del Estado publicó una de esas leyes que se publican, valga la redundancia, con nocturnidad y alevosía pero que tienen unos efectos demoledores. La disposición novena de la ley de la administración local establecía una serie de medidas de obligado cumplimiento para todos los ayuntamientos de cara a su redimensionamiento y, sobre todo, a evitar que siguieran perdiendo dinero a espuertas (ley con la que, dicho sea de paso, estoy en algunos puntos de acuerdo). Sin embargo, esa ley establecía que todas las empresas municipales y públicas que acumulasen más de dos ejercicios en déficit (gastando más dinero del que tienen) deberían cerrarse. Así, sin anestesia. Chimpún. Y la ley decía que quien tenía que señalar con su dedo acusador es el funcionario habilitado por el Estado en el servicio (obligatorio) de Intervención.

En Córdoba, el papel de señalar con el dedo le ha correspondido a Paloma Pardo, que lo único que está haciendo primero en la Gerencia Municipal de Urbanismo y luego en la empresa de autobuses Aucorsa es eso: está diciendo que no están cumpliendo la ley y que o toman medidas urgentes o habrá que echar la persiana. Insisto, sin anestesia ni nada.

Un mandato municipal tiene cuatro años. Las medidas más dolorosas de todo gobierno municipal se toman durante los primeros meses, se digieren durante el segundo y el tercer año, y al cuarto ya nadie se acuerda de ellos. En 2011, la mayoría de los ayuntamientos gobernados por el PP (que en Andalucía y en España son casi todos) ya sabían que venían curvas. Por eso, muchos tomaron medidas drásticas. Cerraron televisiones públicas, privatizaron empresas de agua, de basura, de transporte. Recortaron salvajemente salarios y, por tanto, derechos. Tiraron por la calle de en medio, la más fácil, la de recortar gasto en lugar de intentar conseguir más ingresos. Muchos, ahora, han logrado esquivar los efectos más perversos de la reforma de la ley dictada por el malvado Cristóbal Montoro. En Córdoba, que no se ha privatizado nada (me parece bien) y que no se han mejorado los ingresos u optimizado los servicios (me parece mal), lo peor puede estar por llegar. Y todo, muy a pesar del equipo de gobierno, que ve con terror cómo seguramente va a tener que tomar las medidas más impopulares muy cerca de las elecciones municipales. El horror, vamos.