El concejal condenado

Antes de seguir leyendo esta columna, una advertencia: A día de hoy, el concejal Rafael Gómez Sánchez es inocente. Su condena por el caso Malaya aún no es firme hasta que no lo decida el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Una vez hecha esta advertencia, y por no llevar a contradicción entre el titular y las primeras líneas, hay algo que está claro: aunque aún siga siendo inocente, Rafael Gómez está condenado, en primera instancia, pero condenado. El jurado que lo ha juzgado en la Audiencia Provincial de Málaga lo ha considerado autor de un delito de cohecho activo: sobornar a Juan Antonio Roca para conseguir favores urbanísticos en Marbella. Este delito, el de soborno, tiene unas penas muy laxas en España. A Gómez le han caído sólo seis meses de cárcel por soborno. Prueben ustedes a sobornar a un cargo público en Estados Unidos y verán que risa.

Rafael Gómez va a seguir siendo concejal del Ayuntamiento de Córdoba, igual que Berlusconi sigue siendo senador de la República de Italia. Cierto es que Gómez no tiene sentencia firme, y que Berlusconi, entre otros delitos, está imputado en un asunto de corrupción de menores, muy lejos de los que se le acusa al líder de la oposición en Córdoba, pero el Senado de Italia ha aprobado expulsar al Cavaliere de la vida pública del país transalpino. Si no dimite, que es lo que va a pasar, se le dimite, que es lo que está ocurriendo.

Gómez, incluso con sentencia firme, podría seguir siendo concejal en nuestra imperfecta democracia. El delito de cohecho, de soborno, no conlleva inhabilitación para ejercer cargo público, como sí ocurría con la prevaricación, de la que ha quedado exento. Por eso, podrá seguir ejerciendo como concejal. Tampoco podrá ser expulsado ni aunque así lo decidieran por unanimidad el resto de concejales. De hecho, podrá hasta presentarse a las elecciones si quiere. Nada se lo impide. Distinto sería si finalmente es condenado por desobediencia. Gómez será juzgado por un presunto delito de desobediencia en los próximos meses en la Audiencia Provincial de Córdoba. Un juez le acusa de no decir cuáles son sus bienes cuando así se lo ha requerido otro juez. A diferencia de Malaya, este juicio puede ser muy rápido: en un día, estaría visto para una sentencia que llegaría en dos semanas. El recurso también sería resuelto de una forma ágil por el TSJA y, probablemente, en caso de ser condenado podría llegar a ser inhabilitado antes de las elecciones municipales de mayo de 2015.

Por todo esto cobra especial importancia la postura de los otros: sus compañeros de salón de plenos. Hasta ahora, de los cuatro grupos con representación política sólo IU ha pedido su dimisión. Fuera, pero con unos cuantos miles de votos (insuficientes para sacar concejal) en las últimas elecciones también han pedido su dimisión Equo y UPyD. El alcalde ha dicho que Gómez ha sido condenado como empresario y no como concejal, como si eso fuera tranquilizador para un ciudadano que ve cómo un empresario que sobornó a concejales ahora es precisamente concejal. Al PSOE, misteriosamente, aún no se le ha escuchado una petición de dimisión. Evidentemente, Unión Cordobesa no va a pedir la cabeza de su líder, en un partido creado a su imagen y semejanza.

En la política, lo saben en el PP y en el PSOE, los gestos muchas veces son más importantes que las acciones.