El parto de los montes: ¡el Buzón!

Las grandes ciudades italianas están plagadas, en sus cascos históricos, de Bocche di pietra (Bocas de piedra). Ahora los turistas meten la mano y piden un deseo. Enormes cabezas de león o de animales exóticos o de monstruos, esculpidas en piedra o mármol, con la boca abierta y oscura, se colocaban en las fachadas... Muchas de ellas tienen grabado o cincelado una leyenda que varía de una a otra: denuncia secreta contra contrabandistas; denuncia secreta contra transgresores de pan y harina; denuncia secreta contra judíos; denuncia secreta contra los irreverentes a la Iglesia; denuncia secreta contra defraudadores de la sal; denuncia secreta contra los vendedores de vino ilegal; denuncia secreta contra contrabandistas de tabaco... La más común de todas era la de denuncia secreta. Resumía la clave del procedimiento: una carta anónima que denuncia un comportamiento irregular de alguien. Los tribunales de justicia o el Tribunal de la Inquisición eran los destinatarios más comunes. La delación y denuncia secreta fue el instrumento fundamental del procedimiento inquisitorial en España. Secreto y anonimato. La mayor parte de las víctimas eran objeto de venganza, envidia y sospecha.

En las últimas semanas los servicios de propaganda política gubernamental han puesto en marcha dos campañas: Gibraltar y el fraude laboral. La primera no me interesa lo más mínimo; la segunda me provoca desazón. El discurso sobre el fraude laboral, en las actuales circunstancias de crisis profunda (todavía sin tocar fondo), es inevitablemente ambiguo y, por ende, susceptible de generar polémica. Varias consideraciones previas: la legislación española en materia de inspección de trabajo y seguridad social es suficientemente clara respecto a la persecución del fraude laboral y consiguiente sanción; la percepción pública, muy generalizada en épocas de crisis, muestra una especial repulsa hacia comportamientos que sospechan reflejo de un fraude laboral (particularmente en las percepciones fraudulentas del desempleo); los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo sobre el fraude laboral (en materia de prestaciones por desempleo) indica que alcanza al 0,03% de los perceptores (sobre un total de tres millones de trabajadores que perciben...); las cifras publicadas por el Consejo Económico y Social (órgano consultivo del gobierno) indican que el fraude fiscal en España asciende en la actualidad a la cifra de 90.000 millones de euros (de los que el 73%

corresponden a grandes corporaciones, empresas y patrimonios; el resto a Pymes, autónomos y otros)

La Ministra de Trabajo ha puesto en funcionamiento un Buzón para denuncias anónimas de fraude laboral, como un ejercicio de ciudadanía frente a desalmados que se están beneficiando de recursos públicos. Nada que objetar al llamamiento al ejercicio de ciudadanía responsable. Todo que objetar a la burda maniobra de distraer la atención sobre el lugar donde se produce el mayor fraude y sobre el mecanismo puesto en marcha (la Ley 42/1997 de Inspección de Trabajo y Seguridad Social establece que “no se tramitarán denuncias anónimas...”). Yo sé contar; también se que contar equivale a medir; igualmente no se me escapa que medir es sinónimo de comparar y que la comparación lleva inevitablemente a la evaluación. El fraude sé donde está. No me engañen más. Recuerdo las palabras del sabio (y forastero permanente) Anacarsis: Las leyes son como las telarañas; los insectos pequeños quedan prendidos en ellas; los grandes, las rompen.

Nota: “Hay autoridades que en voces misteriosas, estilo fanfarrón y campanudo, nos anuncian ideas portentosas; pero suele a menudo ser el gran parto del pensamiento, después de tanto ruido, sólo viento”

(El parto de los Montes- Félix María Samaniego)