Hammurabi, vuelve por favor

Entre los siglos XIX y XVIII a.e.c., hubo en Babilonia, un rey llamado Hammurabi.

Ascendió al trono después de la abdicación de su padre, Sîn-Muballit y creó el Imperio Babilónico extendiendo el control de Babilonia sobre Mesopotamia tras vencer en varias guerras contra los reinos vecinos. Pero él es sobre todo conocido, por el conjunto de leyes llamadas Código de Hammurabi, uno de los primeros códigos de leyes escritos de la Historia.

Presentamos aquí algunas de las leyes más conocidas del Código:

· “Si un señor acusa a otro señor y presenta contra él la denuncia de homicidio, pero no la puede probar, su acusador será castigado con la muerte”.

· “Si se declara un incendio en la casa de un señor y un señor que acudió a apagarlo pone los ojos sobre algún bien del dueño de la casa y se apropia de algún bien del dueño de la casa, ese señor será lanzado al fuego”.

· “Si un señor aparece en un proceso para un falso testimonio y no puede probar la palabra que ha dicho, si el proceso es un proceso capital tal señor será castigado con la muerte”.

Desde nuestro siglo XXI, con una visión simplista, se descalifica el Código de Hammurabi de anticuado y de tener una cierta impronta de la ley del Talión, pero para tener una idea más real, recordemos que el Código fija la responsabilidad mutua del amo y del obrero; este último tiene que recibir un salario mínimo y tres días de vacaciones cada mes.

El Código de Hammurabi está inspirado por un alto sentimiento de orden y de la responsabilidad de los actos. Todo lo contrario a los tiempos que corren, en los que las consecuencias se desprecian, como si no existieran.

Sirvan dos ejemplos.

Mercedes Alaya Rodríguez, magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla, anteriormente titular del juzgado de instrucción nº 6 de Sevilla, que en 2011 comienza a instruir el caso ERE, haciéndolo de una manera aparentemente sincronizada con acciones políticas y/o electorales. Y que tras 13 años de instrucción, dos condenas y varias dimisiones políticas, terminó llevando a prisión a los Presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a los Consejeros/as del Gobierno de Andalucía, Magdalena Álvarez, Carmen Martínez, Antonio Álvarez, y Gaspar Zarrías, entre muchos otros.

Para al final sentenciar el Tribunal Constitucional, algo básico que se aprende el primer día en la Facultad de Derecho, que “las leyes no delinquen” y que no se puede condenar a alguien, por cumplir la Ley. Y acto seguido excarcelar a Presidentes y Consejeros/as.

Después de llevar dolor y más dolor, durante 13 años, a una veintena de altos cargos de la Junta de Andalucía y a sus familias ¿tiene alguna responsabilidad la magistrada Alaya?. ¿Cuáles serán las consecuencias de una instrucción fallida que dilapidó miles de euros del erario público, para quedar todo en aguas de borrajas?. ¿Cómo restaurará la magistrada Alaya, el honor mancillado por su deficiente instrucción?. ¿Reparará el dolor causado o sus actos no tendrán consecuencias?.

Segundo ejemplo

Manuel García-Castellón, magistrado que como informa la Wikipedia, “fue titular en 1993, del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y juez de delitos monetarios del citado Tribunal. En 1995 tomó posesión del Juzgado Central de Instrucción número 6. En estos años, se encargó de sumarios que adquirieron relevancia mediática, como la instrucción de las desapariciones de españoles durante la dictadura militar chilena, en la que desestimó que declarara Adolfo Scilingo, militar condenado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar argentina”.

“Asimismo, García-Castellón se inhibió de instruir el caso contra el dictador Augusto Pinochet, por delitos de genocidio y terrorismo de Estado”.

“Se ha considerado que las actuaciones judiciales del magistrado atienden a decisiones políticas, lo que le sitúa cerca del lawfare o guerra judicial. El jurista y exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías entiende que García-Castellón ha incurrido en estas prácticas al imputar a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al investigar a Carles Puigdemont por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic, o al mantener las causas abiertas contra Podemos. Teresa Ribera, jurista, vicepresidenta tercera y ministra del Gobierno de España, asegura que el juez hace pronunciamientos en «momentos políticos sensibles»”.

¿Cómo reparará el magistrado García-Castellón el dolor causado o sus actos no tendrán consecuencias?.

Hammurabi, vuelve por favor.