250 euros para familias vulnerables, 2.000 para altos cargos

La política de alquiler de vivienda del gobierno andaluz de PP y Vox es en la actualidad una de las políticas que mayor desigualdad social generan en Andalucía. Mientras que un alto cargo de la Junta de Andalucía que viva a 70 kilómetros de distancia de la sede física del puesto de designación percibe hasta 2.000 € al mes en concepto de alquiler, por el contrario un joven de entre 18 y 35 años o una familia vulnerable perciben hasta 250 € al mes por el mismo concepto. El gobierno de Moreno Bonilla en 2026 destinará 19.494.000 € para la financiación del bono de alquiler entre la ciudadanía andaluza —para el que disfrutarán unos 5.700 beneficiarios si las cifras son parecidas a las del año 2025—, toda vez que destinará en torno a 2.112.000 € al alquiler de vivienda entre unos 80 altos cargos del gobierno andaluz.

Esta política, además de resultar obscena, por suponer un privilegio moralmente cuestionable cuando decenas de miles de familias viven con gran dificultad económica para hacer frente a los altos costes de alquiler de la vivienda, tiene un alto impacto en la generación de desigualdad social en la población andaluza. Lo es porque el gobierno de Moreno Bonilla bonifica a jóvenes de entre 18 y 35 años solo cuando sus ingresos sean menores de 25.200 € anuales y a familias vulnerables con ingresos inferiores a los 33.600 €, además de limitar el coste de alquiler al que pueden acceder, no pudiendo superar los 600 o los 900 € mensuales para viviendas completas y 300 y 380 € por habitación, según los grupos de municipios del Plan Vive. 

Sin embargo, la política de indemnización de alquiler de vivienda para altos cargos del gobierno andaluz de PP y Vox —que igualmente paga toda la ciudadanía andaluza con sus impuestos— indemniza el alquiler hasta 2.000 € al mes, con independencia de la renta o las propiedades de las que disfruten estos altos cargos. Esto significa que un alto cargo de la Junta, cuyas tablas salariales se sitúan entre los 67.312,42 € de un delegado territorial del gobierno andaluz, los 80.221,68 € de un director general, los 83.448,96 € de un Secretario General, los 83.448,96 € de un Viceconsejero o los 88.059,44 € de un Consejero (sin incluir trienios y otro tipo de complementos), puedan disfrutar de otros 24.000 € al año en concepto de alquiler de vivienda, y más allá de otro tipo de privilegios a su disposición (dietas de manutención, dispositivos móviles, vehículos oficiales, etc.). 

En cambio, una unidad familiar que cuente con unos ingresos anuales de 25.000 € y que tenga que afrontar un alquiler de 8.400 € al año (700 euros mensuales), la ayuda para el alquiler proporcionada por el bono de la Junta de Andalucía sería de unos 3.000 euros. La desproporción es extraordinaria, pues para un alto cargo que ingresa 88.059,44 € la ayuda al alquiler es de 24.000 €, mientras que para las unidades familiares que ingresan 25.000 € la ayuda al alquiler es de 3.000 €.

Pero no todos los altos cargos disfrutan de esta prebenda en igual grado. Tal como está publicado en la Página de Transparencia de la Junta de Andalucía, entre los grandes beneficiarios de esta indemnización por alquiler de vivienda entre los altos cargos de la Junta de Andalucía destacan Carlos Arturo Bernal Bergua, Carolina España Reina y Loles López, los tres consejeros del gobierno de Moreno Bonilla. Disfrutando solo estos tres cargos de unos ingresos cada uno de ellos de 88.059,44 € más complementos, perciben 24.000 euros de indemnización de alquiler cada uno de ellos. Algo que es obsceno cuando, según las declaraciones de interés patrimonial presentadas en el Parlamento de Andalucía, tanto la Consejera Carolina España Reina como la Consejera Loles López ya disponen de varias viviendas en propiedad cada una de ellas, además de acciones financieras y otros bienes. Con respecto a Carlos Arturo Bernal Bergua, pese a que la legislación obliga a hacer pública en la ficha de diputado sus bienes patrimoniales, esta información no está publicada.

Es cuanto menos reseñable que en declaración ante la prensa la misma Consejera de Economía y Hacienda que disfruta de esta prebenda de 2.000 € al mes para pagar su piso de alquiler en Sevilla, Carolina España, aun disfrutando de dos viviendas, dijera, en relación a los presupuestos del gobierno de 2026, que “estos son los presupuestos de la gente, de los andaluces” y que “hoy podemos decir que cada vez dedicamos más recursos a mejorar la vida de los andaluces”. Cabría entender que mejorar los recursos de ella misma, pues disfruta de más recursos públicos que el resto de andaluces para pagar el alquiler de su vivienda.

Por último, la política de indemnizaciones y ayudas por alquiler del gobierno de Moreno Bonilla también representa un trato desigual para con el conjunto del personal de la Junta de Andalucía. No en vano, si un profesor o profesora interinas andaluzas, o personal sanitario que sea llamado de la bolsa de sustitución, que, por razones residenciales y escolares en su familia, tenga que desplazarse a diario al trabajo desde la ciudad que reside a otra diferente para ocupar el puesto, o alquilar un alojamiento temporal para estar cerca de su puesto laboral en un centro educativo u hospital, no disfruta de absolutamente ningún tipo de indemnización en concepto de alquiler ni de desplazamiento, lo que detrae en forma de costes parte de los ingresos percibidos y deteriora su capacidad adquisitiva.

En consecuencia, sí se puede afirmar de manera categoría que la política de alquiler de vivienda del gobierno andaluz del Partido Popular y Vox beneficia obscenamente a sus altos cargos y trata con perjuicio y agravio al conjunto de la ciudadanía andaluza, más aún cuanto más vulnerable y joven, e incluso al resto del personal de la administración andaluza, siendo fuente de desigualdad social desde su gestión, de forma consciente y deliberada.

David Moscoso es Catedrático de Sociología de la Universidad de Córdoba