¿Una PAC de respuesta a los desafíos de mercado?

Desde el punto de vista agrario, la noticia más importante de la semana ha sido la votación sobre la reforma de la PAC 2014-2020, que ha ocurrido por parte de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, que para recordar, por vez primera y tras el Tratado de Lisboa, tiene poder de decisión. Se va acercando el momento de la verdad para miles de agricultores y ganaderos españoles, aunque aún queda los más importante en espera de lo que ocurra durante la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno durante los días 7 y 8 de febrero, para llegar a un acuerdo sobre las cifras definitivas de los presupuestos globales de la UE para el 2014-2020.

Así, la Comisión de Agricultura delParlamento apuesta por una agricultura más verde en la Unión Europea. Este apoyo al Greening o componente verde, que puede llegar a un 30% de los pagos,  se acuerda que sea más flexible para las explotaciones menores de 10 hectáreas, quienes estarían exentas de las reglas (rotación de cultivos, mantenimiento de un área de interés ecológico y pastos permanentes). Entre 10 y 30 hectáreas sólo tendrían que mantener dos cultivos y a partir de 30 hectáreas, cumplir las tres medidas propuestas.

También se trató sobre la distribución de las ayudas, de una manera más justa, y con mayores criterios de equidad. Uno de los temas, a mi juicio más importante, y que aunque lo aprobado es interesante, no llega al fondo, pues enmiendas que buscaban reducir los pagos a explotaciones de mayor tamaño no pudieron ganar el apoyo de la mayoría. Sobre la financiación más justa, la Comisión incluyó una lista de entidades, entre ellas los aeropuertos y los clubes deportivos, que deberían ser excluidos, y lista que podría ser modificada por los Estados miembros. En resumen los pagos directos sólo deben recibirlos los agricultores activos y no aquellas personas o entidades que no tengan una explotación agraria.

También se acordó reducir las diferencias de financiación entre los agricultores de la UE.  Los agricultores de ningún Estado miembro deberían recibir menos del 65 % de la media de la UE. Así, apoyan que los pagos recibidos por los agricultores de cada país se igualen en 2019, aceptando desviaciones de la media en un 20%. Se establece también limitar los pagos a las parcelas agrícolas en 300.000 euros y que se modulen las ayudas en diferentes porcentajes en los tramos de 150.000 a 300.000 euros.

En cuanto a la gestión de riesgo, deberían financiarse con el presupuesto de los programas de Desarrollo Rural no de los pagos directos como se viene haciendo ahora. Así, se apoya un seguro contra el riesgo, ante una caída severa de los ingresos.  Se aboga por un mayor poder de negociación de las cooperativas y de las organizaciones de productores, de manera que puedan hacer frente a la volatilidad del mercado y puedan gestionar mejor las crisis de precios. Las cooperativas deberían estar autorizadas a utilizar los instrumentos de prevención y gestión de crisis, incluyendo como último recurso la retirada de producto del mercado. Y con derecho también a negociar los contratos de entrega y las aportaciones de los agricultores, sin infringir las Normas de Competencia.

Quedan aún muchas cuestiones importantes, como la regulación de los mercados, los mecanismos de almacenamiento privado o intervención pública, y la transparencia de la cadena alimentaria. Y vuelvo a repetir, la terrible injusticia del reparto de las ayudas quedará sin resolver. Habrá que esperar a que el Parlamento en su conjunto se pronuncie sobre esta propuesta de reforma, en su sesión del mes de marzo en Estrasburgo. Ya veremos lo que ocurre.