La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha “cerrado ya la investigación” que abrió el pasado enero por la intoxicación alimentaria en Córdoba de más de 40 personas, falleciendo una de ellas, aunque no se ha determinado si fue a causa de dicha intoxicación, por el consumo de montaditos de pringá servidos por la taberna La Sacristía, contra la que ahora “tramita un expediente sancionador”, a raíz de la propuesta que, en tal sentido, hicieron el pasado febrero los inspectores de Salud que visitaron el establecimiento tras detectarse la intoxicación.

Así lo han confirmado este martes a Europa Press fuentes de la Junta, recordando que los inspectores calificaron las “deficiencias detectadas” en la taberna “como graves por considerar que pueden suponer un peligro con posible riesgo para la salud, proponiendo la incoación de procedimiento sancionador si se estima oportuno” y, como consecuencia de ello, en Salud se estimó que la documentación aportada por los inspectores debía “ser ampliada y detallada, al objeto de valorar todas las circunstancias del caso concreto”, y hacerlo “con la mayor precisión posible”.

Se trataba de analizar “los hechos susceptibles de motivar la incoación de un procedimiento sancionador, la identificación de los sujetos responsables y todas las circunstancias relevantes”, habiendo determinado ahora Salud, tras cerrar la investigación, el inicio efectivo del “procedimiento sancionador”, que, según ha adelantado 'Diario Córdoba', ya se está tramitando.

La Consejería de Salud y Consumo ya señaló en su momento, tras conocer el informe de los inspectores, que las “deficiencias” detectadas en el caso de la intoxicación con los montaditos con pringá “se asocian a todo el proceso seguido el día que se produjo el brote”, el pasado 4 de enero, el cual se unió a “un contexto de tensión por las condiciones higiénicas y de manipulación”.

La investigación sobre la intoxicación alimentaria que se produjo en el consumo de montaditos de pringá en la taberna cordobesa La Sacristía en los primeros días de enero está a expensas de concluir, casi tres meses después de los hechos. Fuentes de la Junta de Andalucía consultadas por este periódico han confirmado que “está concluyendo la investigación”, después de que Salud ya observara “graves deficiencias” en el establecimiento y señalara que la intoxicación se asocia “a todo el proceso seguido el día que se produjo el brote” en cuanto a “las condiciones higiénicas y de manipulación”.

El episodio de intoxicación se inició con la celebración de un cumpleaños el 4 de enero y tuvo, en distintos grupos de comensales, más de 70 afectados. Una persona murió, aunque no se ha podido vincular su fallecimiento con la intoxicación. Esa persona estuvo en la fiesta de cumpleaños donde se produjo la intoxicación y comió el montadito sospechoso. Tuvo un cuadro similar al de la infección y posteriormente murió a las pocas horas. La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica confirmó en su día la presencia de Clostridium prefingens en una concentración de 2,5x10⁵ ufc/g en el montadito de pringá, elaborado en el establecimiento, que fue el alimento sospechoso tras la encuesta epidemiológica

La inspección de la Sección de Sanidad Alimentaria del Servicio de Salud de la Delegación Territorial de Córdoba valoró “las deficiencias detectadas como graves por considerar que pueden suponer un peligro con posible riesgo para la salud, proponiendo la incoación de procedimiento sancionador si se estima oportuno”.

No obstante, consideraba que esta documentación debía ser ampliada y detallada, “al objeto de valorar todas las circunstancias del caso concreto, y con la mayor precisión posible”. Y añadía que “se está valorando el inicio del procedimiento sancionador”. Según lo establecido en la Ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía, las sanciones graves conllevan multas que oscilan entre 3.001 y 15.000 euros, aplicables en casos de negligencia que den lugar a un riesgo sanitario grave.

Desde entonces, la investigación ha seguido su curso, sin que se haya notificado ninguna novedad al respecto y se está a la espera de que finalice para poder conocer sus conclusiones y si hay sanciones.

Denuncias de Facua y la Fiscalía

A raíz de los hechos que se produjeron con la intoxicación alimentaria, de un lado la Fiscalía de Córdoba anunció en su día que abría una investigación para determinar lo ocurrido, cuestión que conoció a través de la prensa.

Y, de otro lado, la organización en defensa de los consumidores Facua denunció lo que consideraba “negligencia” de la autoridad sanitaria en este caso, por no clausurar cautelarmente el establecimiento donde se sospechaba que se había producido la intoxicación.

Además, denunció a los hospitales privados de San Juan de Dios y la Cruz Roja, “los cuales no reportaron a Salud los casos de intoxicados que recibieron”, siendo “negligencias” ante las que Facua espera que “se depuren responsabilidades”. El Protocolo de Actuación ante Alerta por Toxi-infección Alimentaria (TIA) de la Consejería de Salud establece que cualquier centro sanitario que atienda a afectados “lo comunicará con urgencia al epidemiólogo del Distrito”.

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía ha confirmado que detectó “deficiencias graves” y “posible riesgo para la salud” en las dos inspecciones realizadas hace un mes al establecimiento cordobés donde decenas de personas resultaron intoxicadas por una bacteria en sus montaditos de pringá después de haber afirmado en esas fechas que no había motivos para decretar su cierre cautelar por los inspectores determinaron que el establecimiento reunía “condiciones”.

FACUA Andalucía considera que esta contradicción pone de manifiesto otra negligencia más de las cometidas por la autoridad sanitaria, que se suman a las de los hospitales privados de San Juan de Dios y la Cruz Roja —donde falleció una de las clientas de Taberna La Sacristía—, los cuáles no reportaron a Salud los casos de intoxicados que recibieron. Negligencias ante las que la federación sigue esperando que se depuren responsabilidades.

En un comunicado enviado a la prensa, Salud Pública señala ahora que, tras recibir la documentación por parte de la Sección de Sanidad Alimentaria del Servicio de Salud de la Delegación Territorial de Córdoba —consistentes en dos actas de 14 y 15 de enero, un informe de valoración de dichas actas fechado el 17 y las hojas de control oficial— los inspectores valoraron “las deficiencias detectadas como graves por considerar que pueden suponer un peligro con posible riesgo para la salud, proponiendo la incoación de procedimiento sancionador si se estima oportuno”.

Y todo ello pese a que el 16 de enero, en plena investigación, la responsable del Servicio de Salud en Córdoba, María Cruz Gallego Domínguez, indicó que no se había llevado a cabo la clausura cautelar del establecimiento con el argumento de que «el local reúne condiciones». Domínguez también insistió en mantener oculto el nombre del negocio —que tuvo que ser dado a conocer por FACUA Andalucía para que otros clientes con intoxicaciones pudieran reportarlo a la administración sanitaria— por si el establecimiento finalmente no tuviera la “culpa de todo esto”.

El comunicado continúa indicando que es necesario que la documentación sea “ampliada y detallada” para poder valorar “con la mayor precisión posible” los hechos “susceptibles de motivar la incoación del procedimiento sancionador”, “la identificación de los sujetos responsables” y “todas las circunstancias relevantes”.

Incumplimiento de los protocolos

FACUA Andalucía señala que estos hechos se añaden al cúmulo de irregularidades e irresponsabilidades que ha cometido la Junta en la gestión de la intoxicación alimentaria provocada por los montaditos de pringá servidos por Taberna La Sacristía.

La federación ya denunció el incumplimiento del protocolo ante toxi-infecciones alimentarias de la Consejería de Salud, que establece que cualquier centro sanitario que atienda a afectados «lo comunicará con urgencia al Epidemiólogo del Distrito». Uno de los intoxicados comunicó a Salud la posible intoxicación alimentaria el viernes 10 de enero a una dirección de correo electrónico que la Administración facilita en su web para estos casos, mientras que el hospital privado San Juan de Dios emitió dos informes de alta de urgencias de dos intoxicados los días 5 y 8 de enero.

La delegada provincial de la Consejería de Salud y Consumo en Córdoba, María Jesús Botella, afirmó sin embargo en rueda de prensa que “hasta el día 13 de enero” —ocho días más tarde de la fecha del primer alta hospitalaria— “no llegó ninguna denuncia sobre este hecho”.

Debido a esta situación, FACUA Andalucía ha pedido públicamente que la consejera de Salud, Rocío Hernández, comparezca en el Parlamento de Andalucía para dar explicaciones por lo ocurrido. Una petición de la que se ha hecho eco el grupo parlamentario Por Andalucía, que ha solicitado formalmente la comparecencia de Hernández.

El delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha asegurado que los hospitales privados de San Juan de Dios y Cruz Roja, implicados en la investigación sobre la intoxicación alimentaria ocurrida en la Taberna La Sacristía, están colaborando con las autoridades.

“Se está haciendo una investigación que tiene muy marcados los protocolos. Parte de esa investigación, obviamente, también implica que la subinspección de centros se ponga en contacto con estos hospitales para ver si se siguieron los protocolos, y eso es lo que se está haciendo con la normalidad de la investigación y con la total predisposición de los dos centros para ayudar en el proceso”, ha declarado Molina a preguntas de los periodistas.

La investigación se inició tras la denuncia de la organización en defensa de los consumidores Facua Córdoba, que alertó sobre el incumplimiento de la obligación de informar a la autoridad sanitaria por parte de los hospitales San Juan de Dios y Cruz Roja.

Según Facua, ambos centros no notificaron la llegada de pacientes intoxicados tras consumir montaditos de pringá en el establecimiento, lo que impidió que la Junta tuviera conocimiento de los hechos hasta cinco días después, cuando una de las personas afectadas lo comunicó por correo electrónico.

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía ha abierto una investigación para determinar si los hospitales incumplieron la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía. De confirmarse, se podría considerar una infracción grave del artículo 105 de dicha ley por no haber aplicado el protocolo de comunicación de datos a la autoridad sanitaria, sostiene Facua, que ha insistido en la necesidad de esclarecer lo sucedido y depurar responsabilidades en caso de que se confirme que hubo negligencias en la notificación del brote de intoxicación alimentaria.

La organización en defensa de los consumidores Facua Córdoba ha informado en un comunicado que, tras su denuncia, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía ha notificado a la asociación la apertura de una investigación a los hospitales de San Juan de Dios y Cruz Roja por no haber informado de los clientes de Taberna La Sacristía intoxicados con montaditos de pringá a principios de enero.

Sobre ello, señala que los incumplimientos de la obligación de alertar a la autoridad sanitaria provocaron que la Junta no conociese los hechos hasta que una afectada notificó las intoxicaciones por correo electrónico cinco días después de los primeros ingresos que se produjeron en las urgencias de ambos centros sanitarios.

En sus denuncias, la asociación señaló que ambos centros y los profesionales sanitarios que atendieron a los intoxicados podrían haber vulnerado la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía. Facua Córdoba advierte que esto implicaría una infracción grave del artículo 105 de dicha ley al no haber aplicado el protocolo comunicando los datos a la autoridad sanitaria.

Los informes de alta de urgencias de dos intoxicadas que acudieron al hospital privado San Juan de Dios los días 5 y 8 de enero recogen que habían comido en un restaurante el día 4, pero no incluyen el nombre. En el primer informe se indica que la afectada relató que “10-12 de los comensales están con clínica similar” y en el segundo que había “familiares en estado similar”. Por su parte, familiares de la mujer que falleció en el hospital de la Cruz Roja el 6 de enero tras su ingreso el día anterior relatan que expusieron a los médicos que había comido alimentos de Taberna La Sacristía y que había varias personas intoxicadas.

El Protocolo de Actuación ante Alerta por Toxi-infección Alimentaria (TIA) de la Consejería de Salud establece que cualquier centro sanitario que atienda a afectados “lo comunicará con urgencia al Epidemiólogo del Distrito”. En caso de que la atención se produzca de 15 a 8 horas, fines de semana y festivos, la comunicación se realizará contactando con el “Servicio Asistencial 061” desde el centro sanitario público o privado.

Según el citado protocolo, esta comunicación debe hacerse en cuanto aparezca “un solo caso” de intoxicación si existe la “implicación de un establecimiento público o un alimento comercializado”. Pero según la información difundida públicamente desde la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta, no fueron conocedores de las intoxicaciones hasta el día 13 de enero, por lo que ninguno de los dos hospitales les habría trasladado los casos.

El hecho de que se trate de centros privados no les exime del cumplimiento de la obligación de informar de inmediato a la Junta cuando atienden a un paciente con síntomas de intoxicación alimentaria. En su artículo 62.7, la Ley de Salud Pública de Andalucía indica que “todos los centros y profesionales sanitarios, tanto públicos como privados, con independencia de su finalidad, forman parte funcionalmente del Sistema de Vigilancia en Salud, aportando la información necesaria para la vigilancia en salud de la población”. En su artículo 64, apartado 1, se señala que “los centros, servicios y establecimientos sanitarios tanto del sector público como privado, así como los profesionales sanitarios en ejercicio, están obligados a facilitar la información solicitada por el Sistema de Vigilancia en Salud”.

El director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía, Manuel Fernández Zurbarán, ha comunicado a FACUA Córdoba que, tras recibir sus denuncias, “se ha trasladado a la unidad correspondiente para que se investigue y se lleven a cabo las actuaciones oportunas”.

Retraso de la propia Junta

El retraso en la actuación de la Junta no estuvo motivado únicamente por el hecho de que los hospitales no le trasladaran la información sobre las intoxicaciones. El correo en el que una afectada relataba los hechos fue enviado el día viernes 10 de enero por la tarde a una dirección de correo de la Delegación Territorial de Salud y Consumo que la Junta ofrece en su web para notificar asuntos relacionados con información general de salud pública, pero no fue abierto hasta tres días después. Para colmo, Salud no envió a un inspector al restaurante para recoger muestras hasta el 13.

El parlamentario de Por Andalucía en Córdoba y coportavoz de Podemos Andalucía, José Manuel Jurado, ha anunciado que su grupo ha solicitado la comparecencia de la consejera de Salud porque “el Gobierno de la Junta de Andalucía tiene que dar explicaciones sobre lo ocurrido en el caso de la intoxicación alimentaria que se habría producido en la taberna La Sacristía de Córdoba el pasado 4 de enero”.

Así, desde Por Andalucía han señalado que también se quiere saber si la administración autonómica tiene previsto abrir expedientes e imponer sanciones “a los hospitales privados que no activaron el protocolo de intoxicaciones que debe ponerse en marcha cuando llegan personas intoxicadas”. Para Gómez Jurado, esto es resultado de “la privatización de la sanidad” en Andalucía.

Además, desde Por Andalucía acusan a la delegada territorial de la consejería de Salud, María Jesús Botella, de “hacer lo que mejor sabe hacer, que es manipular, ya que aseguró que no llegó la notificación hasta el día 13 de enero. Sin embargo, sabemos por Facua y por las personas afectadas que eso no es verdad, ya que los casos fueron llegando día tras día”. Desde Por Andalucía consideran la actuación de la Junta de Andalucía “negligente”.

“Había 44 personas intoxicadas, una persona fallecida, y se ha producido una secuencia de negligencias por la que la Junta de Andalucía y el Gobierno andaluz tendrán que dar explicaciones, porque queremos saber por qué no se tomaron ciertas medidas, como el cierre provisional del establecimiento, así como toda la normativa que no se cumplía”.

El local de la Hermandad del Resucitado donde se celebró la multitudinaria comida de cumpleaños en la que se intoxicaron 44 personas tras comer montaditos de pringá servidos por la Taberna La Sacristía no tiene licencia para uso hostelero.

Tras cuestionar la asociación de consumidores Facua la relación entre el restaurante investigado y la cofradía, este periódico ha preguntado por el uso que tiene este local a sus propietarios y sobre las condiciones de cesión del mismo. Sin embargo, desde la Hermandad del Resucitado no han contestado al requerimiento.

No obstante, fuentes de la Gerencia de Urbanismo sí han informado de que el citado local no tiene ningún tipo de licencia de actividad económica, puesto que una casa de una hermandad.

La hermandad en cuestión lanzó un comunicado el pasado 17 de enero argumentando que sólamente había cedido el espacio para la celebración del cumpleaños, y apostillando: “como hace tantas otras veces a distintos colectivos que se lo solicitan”.

La cuestión es que este comunicado respondía, a su vez, al que había emitido la taberna La Sacristía horas antes, en el que afirmaba que recibió un pedido de 55 montaditos de pringá para un “evento privado” que “se celebró en las instalaciones de la Hermandad” situada frente al local.

Hasta ese momento, la relación entre la cofradía y la taberna era fluida. La prueba es que, en un post en Facebook, publicado en diciembre, la Hermandad del Resucitado agradecía a la taberna “por su apoyo e implicación” en sus actividades.

No obstante, hay un tercera versión. La que ha dado la protagonista del citado cumpleaños, que afirmó en una carta a los medios que el multitudinario almuerzo celebrado en el local de la hermandad, que contó con 56 comensales, se organizó “semanas antes, vía Whatsapp con el dueño de La Sacristía”.

Y, además, en la misiva, la joven también indicaba que la celebración tuvo lugar “en un salón justo en frente” de La Sacristía “que alquilan con asiduidad para eventos varios”.

La reciente intoxicación alimentaria registrada en la taberna La Sacristía de Córdoba, que ha afectado (oficialmente) a 44 personas que asistieron a un cumpleaños y comieron montaditos de pringá, se encuentra en estos momentos en un proceso de evaluación por parte de la Delegación de Salud y Consumo de Andalucía.

Así, aunque los análisis microbiológicos realizados han confirmado la presencia de Clostridium prefingens en la muestra analizada y extraída del local, aún no se ha comunicado por parte de las autoridades sanitarias si lo ocurrido en este local será clasificado como infracción leve, grave o muy grave.

A pesar de la falta de información, la normativa es clara al respecto. De acuerdo con el Protocolo de Actuación ante Alerta por Toxi-infección Alimentaria (T.I.A.), vigente desde 2019, cuando se confirman irregularidades en un establecimiento, se ha de iniciar un expediente sancionador. Esto incluye el envío del informe del brote, las actas de inspección y los resultados de laboratorio a la Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud, que se encarga de estudiar la documentación y determinar las medidas legales correspondientes.

Posibles infracciones y sanciones

Según lo establecido en la Ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía, las sanciones, eso sí, dependerán de la gravedad de los hechos. Y en función de su calificación, también será más cuantiosa la multa. El rango es el siguiente:

Entre las principales cuestiones que se contemplan en la normativa como infracciones graves están la preparación, distribución o venta de alimentos contaminados que supongan un grave riesgo para la salud (artículo 106 de la Ley 16/2011), así como el incumplimiento de los estándares de higiene y seguridad alimentaria, incluidos los fallos en el autocontrol y la trazabilidad de los alimentos, establecidos en la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

La normativa también incluye la posibilidad de suspender el expediente administrativo sancionador en caso de que se inicie una causa penal, que en este caso no está abierta, aunque la Fiscalía de Córdoba sí han iniciado una investigación civil. Sin embargo, las medidas preventivas adoptadas para garantizar la salud pública permanecerán vigentes hasta que la autoridad judicial emita un fallo definitivo.

Facua ha elevado a 25 los casos de intoxicación alimentaria relacionados con el consumo de montaditos de pringá en la taberna La Sacristía y que no están relacionados con el cumpleaños celebrado el 4 de enero en el mismo establecimiento y que afectó a 44 personas, según ha podido confirmar el análisis realizado por la Delegación de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

Según los datos de la asociación, estos 25 presuntos casos de intoxicación se sumarían a los que investiga la Delegación de Salud y Consumo de la Junta, que confirmó 44 -relacionados con el citado cumpleaños-, aunque también estudiaba otros 28 posibles cuadros clínicos vinculados a una cena, celebrada en el mismo local el 4 de enero.

Rubén Sánchez, secretario general de la organización, ha señalado que estos nuevos casos corresponden a personas que no participaron en la celebración de cumpleaños, pero que visitaron el local en esos días a principios de enero. Ninguno de ellos buscó atención médica en su momento, pero todos aseguran haber consumido el mismo producto.

“Esto confirma una vez más que fue el consumo de este producto lo que provocó la intoxicación”, ha declarado Sánchez, quien también acusa al empresario responsable de La Sacristía de haber intentado minimizar la situación. “El empresario aseguró que no había personas intoxicadas fuera del cumpleaños, lo que no solo no era cierto, sino que según los afectados, mintió al afirmar que no había otros casos”, ha dicho.

En este sentido, ha expuesto que La Sacristía habría sido consciente de otros casos de intoxicación antes de que se investigaran oficialmente los primeros casos por parte de las autoridades. Sánchez citó una conversación en Instagram en la que una persona informó de haber sufrido una intoxicación el 8 de enero. “Los responsables del perfil respondieron negando los hechos y asegurando que se trataba de un bulo”, afirma el portavoz de Facua. “Este empresario se ha lanzado a hablar de bulos y mentiras, pero ahora se demuestra que sabía que había otros afectados”, ha enfatizado Sánchez.

Permisos del local de la Hermandad

Además, Facua ha pedido al Ayuntamiento de Córdoba que informe sobre los permisos y la legalidad del local de la Hermandad donde se celebró el evento. La organización cuestiona si el espacio estaba autorizado para llevar a cabo actividades gastronómicas como catering.

“La Hermandad ya dijo que lo ocurrido era responsabilidad del empresario, pero queremos saber si el local contaba con los permisos necesarios”, señaló Sánchez.

Críticas a los hospitales y a la Junta

Facua también reiteró sus denuncias contra los hospitales privados de la Cruz Roja y San Juan de Dios, acusándolos de no haber activado los protocolos correspondientes al tratar a varios afectados. Sánchez pidió que se sancione a ambos centros por infracciones graves y aseguró que la Junta de Andalucía debe investigar si este tipo de negligencias se repiten en otros casos.

El portavoz también se refirió a un supuesto ingreso ocurrido el 8 de enero en un hospital privado de Córdoba por síntomas similares de diarrea y vómitos, que tampoco habría sido comunicado a las autoridades sanitarias.

Además, criticó la “opacidad” de la Delegación de Salud y Consumo en la investigación del brote. “El 14 de enero, un día después de iniciarse la investigación, un inspector ya visitó el local, pero no recogió muestras. Se hizo un día después, el 15 de enero, nueve días después del brote. Esto resulta incomprensible, y seguimos sin recibir explicaciones claras”, lamentó Sánchez. También instó a la Junta a revisar las llamadas recibidas por el 061 entre el 4 y el 13 de enero para determinar si se activaron los protocolos adecuadamente.

Facua ha exigido la comparecencia de la consejera de Salud y Consumo en el Parlamento de Andalucía para aclarar todos los detalles de este caso y pide a los grupos políticos que respalden esta solicitud. Además, ha criticado que el Gobierno andaluz continúa sin revelar el nombre del establecimiento, pese a que las muestras analizadas por la Delegación de Salud y Consumo han dado positivo en contaminación.

“La Junta está primando la protección a los intereses del empresario, lo que a su vez desprotege a los consumidores”, concluyó Sánchez, que ha recordado a los afectados que pueden reclamar una indemnización económica a La Sacristía.

No obstante, advirtió de que el empresario podría requerir partes médicos y facturas de compra como prueba. “Es importante contar con documentación médica para garantizar sus derechos en caso de que el asunto se judicialice”, explicó Sánchez.

Facua Córdoba ha denunciado a los hospitales de San Juan de Dios y Cruz Roja por no informar a las autoridades de la Delegación de Salud y Consumo de que había atendido a clientes de Taberna La Sacristía que presentaban síntomas de haber sufrido una intoxicación alimentaria.

La denuncia, avanzada por el secretario general de la asociación, Rubén Sánchez, se ha formalizado este lunes. Facua entiende que los incumplimientos de la obligación de alertar a la autoridad sanitaria provocaron que la Junta no conociese los hechos hasta que una afectada notificó las intoxicaciones por correo electrónico cinco días después de los primeros ingresos que se produjeron en las urgencias de ambos centros sanitarios.

En sus denuncias, la asociación señala que ambos centros y los profesionales sanitarios que atendieron a los intoxicados podrían haber vulnerado la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía. Facua Córdoba advierte que esto implicaría una infracción grave del artículo 105 de dicha ley al no haber aplicado el protocolo comunicando los datos a la autoridad sanitaria.

En su denuncia, Facua Córdoba expone que los informes de alta de urgencias de dos intoxicadas que acudieron al hospital privado San Juan de Dios los días 5 y 8 de enero recogen que habían comido en un restaurante el día 4, pero no incluyen el nombre. En el primer informe se indica que la afectada relató que “10-12 de los comensales están con clínica similar» y en el segundo que había «familiares en estado similar”.

Por su parte, familiares de la mujer que falleció en el hospital de la Cruz Roja el 6 de enero tras su ingreso el día anterior relatan que expusieron a los médicos que había comido alimentos de Taberna La Sacristía y que había varias personas intoxicadas.

El Protocolo de Actuación ante Alerta por Toxi-infección Alimentaria (TIA) de la Consejería de Salud establece que cualquier centro sanitario que atienda a afectados “lo comunicará con urgencia al Epidemiólogo del Distrito”. En caso de que la atención se produzca de 15 a 8 horas, fines de semana y festivos, la comunicación se realizará contactando con el “Servicio Asistencial 061” desde el centro sanitario público o privado.

Según el citado protocolo, esta comunicación debe hacerse en cuanto aparezca “un solo caso” de intoxicación si existe la “implicación de un establecimiento público o un alimento comercializado”. Pero según la información difundida públicamente desde la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta, no fueron conocedores de las intoxicaciones hasta el día 13 de enero, por lo que ninguno de los dos hospitales les habría trasladado los casos.

El hecho de que se trate de centros privados no les exime del cumplimiento de la obligación de informar de inmediato a la Junta cuando atienden a un paciente con síntomas de intoxicación alimentaria. En su artículo 62.7, la Ley de Salud Pública de Andalucía indica que “todos los centros y profesionales sanitarios, tanto públicos como privados, con independencia de su finalidad, forman parte funcionalmente del Sistema de Vigilancia en Salud, aportando la información necesaria para la vigilancia en salud de la población”. En su artículo 64, apartado 1, se señala que “los centros, servicios y establecimientos sanitarios tanto del sector público como privado, así como los profesionales sanitarios en ejercicio, están obligados a facilitar la información solicitada por el Sistema de Vigilancia en Salud”.

Retraso de la Junta

El retraso en la actuación de la Junta no estuvo motivado únicamente por el hecho de que los hospitales no le trasladaran la información sobre las intoxicaciones. El correo en el que una afectada relataba los hechos fue enviado el día viernes 10 de enero por la tarde a una dirección de correo de la Delegación Territorial de Salud y Consumo que la Junta ofrece en su web para notificar asuntos relacionados con información general de salud pública, pero no fue abierto hasta tres días después. Para colmo, Salud no envió a un inspector al restaurante para recoger muestras hasta el 13.

La Asociación de Hostelería y Turismo de Córdoba y Provincia (Hostecor), ha emitido un comunicado en relación con la investigación de la intoxicación alimentaria producida en Córdoba presuntamente por el consumo de unos montaditos de pringá servidos por la taberna La Sacristía y ha mostrado su “apoyo” a este establecimiento, a la vez que ha recordado el principio de “presunción de inocencia” y pide esperar a las conclusiones de la investigación oficial. Señala también lo que a su juicio es un “linchamiento mediático” en este caso, mientras muestra su “solidaridad con los afectados” y reitera el “compromiso con la seguridad alimentaria” de la hostelería cordobesa.

El comunicado íntegro de Hostecor sobre este asunto es el siguiente:

“Ante los recientes acontecimientos relacionados con una posible intoxicación alimentaria que se encuentra en investigación y que ha generado atención mediática, desde la Asociación de Hostelería y Turismo de Córdoba (Hostecor) consideramos esencial comunicar lo siguiente:

1. Presunción de inocencia

Hasta que las investigaciones oficiales concluyan, no debemos adelantar juicios ni emitir valoraciones apresuradas. Es fundamental que se respete la presunción de inocencia, evitando señalamientos infundados hacia el establecimiento involucrado. La Taberna la Sacristía cuenta con una larga trayectoria de excelencia y profesionalidad en la gastronomía cordobesa, durante años ha sido un referente de la tradición sin incidentes, señalando el apoyo desde esta asociación a este emblemático establecimiento de nuestra ciudad.

Lamentamos profundamente el linchamiento mediático llevado a cabo por algunas entidades que, de forma interesada, buscan protagonismo sin considerar el impacto negativo en la imagen de Córdoba ni en el sector hostelero. En el sector, siempre hemos priorizado la seguridad de las personas, y por ello exigimos que la investigación se realice sin interferencias, con el objetivo de aportar soluciones y prevenir futuros incidentes, en lugar de instrumentalizar la situación con fines partidistas. Reiteramos nuestra prudencia y respaldo al establecimiento, confiando en su buen hacer demostrado a lo largo de los años.

Queremos subrayar que, en estos momentos, las autoridades competentes se encuentran llevando a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. Por tanto, resulta fundamental respetar el principio de presunción de inocencia y evitar emitir juicios prematuros que puedan dañar injustamente la reputación de este establecimiento y, por extensión, la del sector hostelero de nuestra ciudad.

2. Compromiso con la seguridad alimentaria

Desde Hostecor, reafirmamos nuestro compromiso con los más altos estándares de seguridad en la hostelería. Seguiremos trabajando para garantizar que todas las prácticas en el sector sean responsables, en beneficio de los clientes, los trabajadores y los negocios de la provincia.

3. Solidaridad con los afectados

Queremos expresar nuestra solidaridad con las personas afectadas por este lamentable suceso. Como asociación, nos ponemos a disposición de las autoridades competentes y de las partes implicadas para colaborar en el esclarecimiento de los hechos, siempre con transparencia y responsabilidad.

Hacemos un llamamiento al respeto y a la cautela mientras se desarrollan las investigaciones. Es nuestro deber proteger la integridad del sector hostelero y asegurar que cualquier conclusión esté basada en datos verificables. Los hosteleros de Córdoba trabajamos día a día para ofrecer a nuestros clientes una experiencia gastronómica única y segura, apoyándonos en los valores de la calidad, la excelencia y la tradición que caracterizan a nuestra tierra. Por ello, lamentamos profundamente que informaciones incompletas puedan generar alarma social y dañar la imagen de un sector que representa un pilar fundamental de la economía local.

Hacemos un llamamiento a los medios de comunicación para que, en el tratamiento de este tipo de noticias, se priorice la información veraz y contrastada, evitando señalamientos que puedan ser perjudiciales sin base comprobada.

Desde la Asociación reiteramos nuestro apoyo a la Taberna la Sacristía y manifestamos nuestra disposición para colaborar con las autoridades competentes en lo que sea necesario para esclarecer la situación“.

Días antes del pasado miércoles 15 de enero por la tarde, cuando la Delegación de Salud en Córdoba confirmó que investigaba una intoxicación alimentaria que había afectado a no menos de 44 personas, la noticia ya llevaba varios días corriendo por la calle.

El rumor no era muy distinto a lo que está bajo investigación: que en un restaurante del centro de Córdoba se había servido algo que había mandado al hospital a varias personas y afectado a decenas más, que había acabado la Navidad con diarreas y vómitos.

Pero, hasta el 15 de enero, el presunto brote causado por los montaditos de pringá era sólo un rumor. A partir del 15 de enero, se convirtió públicamente en una investigación en curso cuyos resultados seguramente ya no van a satisfacer a todas las partes implicadas, dado que, para cuando los responsables de Salud intervinieron, habían pasado casi diez días desde que se produjo la ingesta que, presuntamente, podría haber causado enfermedades estomacales, vómitos y diarreas a casi medio centenar de cordobeses.

La cronología de la investigación que, desde este viernes, tiene visos de acabar judicializada, tras la entrada en juego de la Fiscalía, es la siguiente:

Sábado 4 de enero

El 4 de enero, el día de la Cabalgata de los Reyes Magos adelantada por lluvias en Córdoba, la taberna La Sacristía, ubicada a escasos metros de la Iglesia de Santa Marina, habilita un local anexo, propiedad de una hermandad, para la celebración de un cumpleaños al que asisten 56 comensales.

Es la hora del almuerzo y en el menú, según los asistentes, se incluían papas aliñás, queso, chicharrones de Cádiz, arroz con carrillera y montaditos de pringá, servido todo ello por el restaurante La Sacristía, pese a que la celebración tuviera lugar en un local situado a escasos metros del establecimiento. Adicionalmente, los asistentes tomaron dos tartas en cuya elaboración no estuvo implicado el restaurante.

Asimismo, sin conexión con este cumpleaños, según ha denunciado la Asociación de Consumidores Facua, también hay el 4 de enero un almuerzo en el local La Sacristía a la que asisten seis comensales. De ellos, cinco consumen montadito de pringá, y los cinco que lo hacen se ponen enfermos en los días siguientes. El único comensal que lo rechaza, no enferma.

Ese mismo día, por la noche, hay una cena en La Sacristía que la Consejería de Salud también investiga porque algunos de los asistentes mostraron síntomas compatibles con una intoxicación. Según Salud, en el menú también había montaditos de pringá.

Domingo 5 de enero

El 5 de enero comienzan los primeros síntomas de intoxicación, que afectan, en las horas siguientes, a hasta 44 de los asistentes al cumpleaños. De ellos, cuatro tienen que ingresar en centros sanitarios. Uno de ellos lo hace en un centro de la Comunidad de Madrid -por el momento, no se han facilitado datos al respecto-, y el resto, acude a hospitales privados de Córdoba. 

La más grave es una mujer de 63 años que acude al Hospital de la Cruz Roja, donde permanece ingresada 36 horas con un cuadro de infección bacteriana. Fuentes familiares indican que no se le llegaron a hacer coprocultivos biológicos de heces, vómitos y orina en el centro, aunque sí pruebas hematológicas.

Por su parte, otros dos asistentes a la comida acuden al Hospital San Juan de Dios, donde son atendidos y, en los partes médicos de alta, se indica que sus síntomas son compatibles con una intoxicación, según se traslada con posterioridad a la asociación de consumidores Facua.

Esta asociación afirma que ninguno de estos dos centros privados activa el protocolo de actuación ante alerta por toxi-infección alimentaria (T.I.A.), vigente desde 2019.

Facua, además, dice que otra familia acude ese día a comer a La Sacristía y, tras consumir montadito de pringá, muestra en los días siguientes diarreas y vómitos.

Lunes 6 de enero

La mujer de 63 años fallece tras permanecer 36 horas ingresadas en el Hospital de la Cruz Roja. La causa de la muerte, según la familia, es un cuadro de shock séptico“, equivalente a una ”infección multiorgánica“ causada por una ”bacteria“ sin especificar. Tras su muerte, es incinerada, con lo que tampoco se le practica la autopsia.

Martes 7 de enero

Este periódico pregunta a fuentes de la Delegación de Salud y Consumo de Andalucía si tenían información sobre una intoxicación múltiple en un restaurante de la capital cordobesa. La respuesta ante este requerimiento es la siguiente: “No tenemos constancia de nada, estamos recopilando información al respecto. Oficialmente, no hay nada”.

Viernes 10 de enero

Uno de los afectados que asistió a la comida y que fue hospitalizado, envía una comunicación por correo electrónico a la Delegación de Salud y Consumo, en la que denuncia la posible intoxicación, adjuntando, entre otras cosas, el parte médico.

Son las 16:29 de la tarde. Nadie en la Delegación ve en ese momento el comunicado. Según la versión del Gobierno Andaluz, el email llegó a una “hora en la que el registro estaba cerrado”. Al ser viernes, tendrán que pasar dos días hasta que se comprueba la bandeja de entrada.

Lunes 13 de enero

El lunes por la mañana, la Delegación de Salud y Consumo inicia la investigación a raíz de la denuncia interpuesta el 10 de enero. Es en ese momento, cuando activa oficialmente el protocolo de actuación ante alerta por toxi-infección alimentaria (T.I.A.).

Según explicó la jefa de servicio de Salud Pública de la Junta de Andalucía en Córdoba, Mari Cruz Gallego, sólo se podrían haber iniciado las pesquisas a partir de una denuncia oficial. Además, desde la Junta aclararon que “normalmente, el circuito habitual que siguen estos casos, que sí cuenta con un sistema de alerta 24 horas, es la declaración de un sanitario que haya atendido varios pacientes”. Pero esta alerta tampoco se había dado.

Una vez activo el protocolo, comienzan a realizarse encuestas epidemiológicas que arrojan el siguiente resultado: de 72 personas que acudieron a dos eventos distintos el 4 enero en La Sacristía, un total de 44 confirman que, en los días posteriores, presentaron “dolores abdominales y diarreas”. Todos tenían en común el consumo de un mismo alimento: los montaditos de pringá.

Miércoles 15 de enero

Los inspectores de Salud y Consumo acuden al restaurante La Sacristía a recabar muestras. El protocolo obliga a cualquier negocio hostelero a guardar muestras una semana, de manera que, para cuando llegaron los especialistas, ese plazo se había rebasado en cuatro días.

A pesar de ello, según informó Mari Cruz Gallego, en La Sacristía quedaba una muestra de la pringá en estado de congelación. Era una pringá de elaboración propia y pudo ser recabada por los investigadores.

Ese día, por la tarde, la Delegación de Salud y Consumo confirma públicamente el brote, facilitando los primeros datos a los medios de comunicación.

Jueves 16 de enero

Las muestras son enviadas el jueves 16 de enero al laboratorio de salud pública de la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria. “Han salido zumbando”, dice coloquialmente la jefa de servicio de Salud Pública de la Junta de Andalucía en Córdoba, que comparece ante los periodistas.

Mari Cruz Gallego pide prudencia hasta que lleguen los resultados y defiende que, debido a ello, no se va a comunicar ni el nombre del restaurante donde podría estar el origen, ni tampoco se va a proceder a su cierra cautelar.

A media mañana, el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, da públicamente el nombre del restaurante investigado: La Sacristía. Para entonces, los medios de comunicación de toda España ya lo conocían y estaban apostados en la puerta del local, provocando que el propietario llegara incluso a llamar a la Policía Nacional para pedir su desalojo.

A última hora de la tarde del jueves 16 de enero, La Sacristía emite un comunicado a través de su abogado, defendiéndose de las acusaciones, poniendo en duda la versión de Salud, al asegurar que, el mismo día 4 de enero, había servido los montaditos de pringá a clientes de su restaurante sin que nadie enfermara por ello.

Viernes 17 de enero

A primera hora de la mañana, la familia de la mujer fallecida contesta al comunicado de La Sacristía con uno propio, en el que acusa al propietario del restaurante de mentir, y anuncia que no van a hacer más declaraciones sobre el asunto.

A media mañana, Facua ofrece una rueda de prensa en la que cuenta que han contactado con ellos tres familias que comieron en el mismo establecimiento y que, sin tener relación con el cumpleaños, también sufrieron diarreas y vómitos tras comer montadito de pringá.

Además, la asociación de consumidores anuncia denuncias administrativas contra los dos hospitales privados que, a su juicio, no activaron correctamente el protocolo y retrasaron la investigación sanitaria.

Y, finalmente, a última hora de la mañana, la Fiscalía de Córdoba anuncia que abre una investigación para determinar los hechos, que ha conocido a través de la prensa, abriendo así un capítulo judicial que puede alargar todavía más la resolución de la investigación abierta.

La sección de Consumo de la Fiscalía Provincial de Córdoba ha abierto una investigación para recabar información sobre la intoxicación que ha afectado supuestamente en Córdoba a más de 40 personas y que podría estar relacionada con el fallecimiento de una mujer de 63 años.

En un escueto comunicado, el Ministerio Fiscal ha informado de que ha abierto diligencias preprocesales de carácter civil, motivadas tras tener conocimiento de los hechos por la repercusión pública de la noticia. 

La familia de la mujer fallecida, que estaba en la principal comida en la que hasta 44 personas resultaron supuestamente intoxicadas, ha indicado que no tenía pensado abrir diligencias penales de momento por los hechos.

Por su parte, la taberna La Sacristía, el lugar en el que la Delegación de Salud y Consumo investiga el origen del brote -concretamente, en unos montaditos de pringá servidos el día 4 de enero-, ha contratado representación legal, que ha difundido un comunicado en el que niegan su relación con la presunta intoxicación.

La asociación de consumidores Facua, por su parte, ha anunciado denuncias administrativas contra dos hospitales privados de Córdoba que, a su juicio, podrían no haber activado correctamente el protocolo de toxi-infección, retrasando la investigación.

La organización de consumidores Facua ha revelado que tres familias sin vínculo con la comida inicialmente investigada en el caso de intoxicación alimentaria en Córdoba también sufrieron síntomas tras consumir en el restaurante La Sacristía, desmintiendo de este modo el comunicado lanzado por el propietario este jueves. Además, ha anunciado que interpondrá denuncias contra los hospitales de San Juan de Dios y Cruz Roja por incumplir los protocolos establecidos, lo que consideran una “infracción grave” que retrasó la investigación de la Junta de Andalucía.

En una rueda de prensa, el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha dicho que las declaraciones del dueño del local son “ridículas” y no se sostienen. Se refería especialmente a la parte del comunicado en el que aseguraba que, el mismo día de la comida en la que se intoxicaron más de 40 personas, vendió otros 100 montaditos de pringá en su establecimiento “sin que se produjera ninguna intoxicación”.

“¿Cómo lo sabe con tanta certeza? No puede conocer el estado de salud de todas las personas que consumieron allí”, ha cuestionado Sánchez, calificando de “temeraria y grave” esa afirmación. Y como prueba de ello, ha contado que, en estos momentos, ya son tres familias distintas, sin ninguna relación con el banquete investigado, las que han contactado con su asociación para relatar que comieron en La Sacristía los días 4 y 5 de enero, y que, todos los que consumieron montaditos de pringá, tuvieron en los días siguientes cuadros de diarrea y dolor abdominal.

Siempre según el relato de Sánchez, que ha dicho que está recabando pruebas, dos de estas familias acudieron a La Sacristía el 4 de enero -el mismo día que se celebraba la gran comida que investiga la Junta, y que tuvo lugar en un local anexo-. En la mesa, aquel día, según señala, había cuatro adultos y dos niños, y sólo cinco de los comensales consumieron montaditos de pringá. El resultado fue, en los días siguientes, la única persona que no presentó vómitos ni diarreas fue la niña que no comió este producto.

Los otros cinco, sí habrían enfermado. De igual modo, cuenta Sánchez, que un tercer matrimonio enfermó tras comer el mismo producto en La Sacristía el 5 de enero. La asociación ha solicitado información por escrito sobre estos casos, que, a su juicio, tiran abajo la versión del empresario, que aseguró que ningún cliente había enfermado en sus instalaciones.

Denuncias contra los hospitales privados

Aunque otra de las cuestiones más relevantes tiene que ver con el papel que jugaron dos hospitales privados de Córdoba que atendieron a los pacientes en primera instancia y que, según Facua, no activaron el protocolo sanitario por intoxicación alimentaria. En este sentido, Facua ha adelantado que va a interponer sendas denuncias administrativas contra el Hospital San Juan de Dios -que atendió a dos pacientes- y el Hospital de la Cruz Roja -donde fue ingresada la mujer de 63 años que falleció días después de la comida-.

Facua, ha dicho, ha recabado el testimonio de la familia de la mujer que falleció y ha recabado la información sanitaria. “En San Juan de Dios los partes sí indican que había casos de intoxicación. Esto significa que el 5 de enero se debió haber activado el protocolo, lo que habría derivado en la inspección del local ese mismo día”, explicaba Sánchez.

Sin embargo, a su juicio, el incumplimiento de este procedimiento en San Juan de Dios y la posible negligencia en el Hospital Cruz Roja provocaron que la Junta de Andalucía no recibiera la información hasta el 10 de enero. Además, la administración autonómica no activó la investigación hasta el 13 de enero, demorando aún más la toma de muestras dos días -se recogieron el 15 de enero-.

Debido a este retraso de más de diez días, Rubén Sánchez ha expresado su desconfianza respecto a las muestras recogidas por la Junta de Andalucía, que ha dicho que estaban congeladas. “Si los resultados indican ahora que no encuentran bacterias en la pringá, no podremos decir taxativamente que se descarta, ya que la Junta llega diez días tarde porque no se cumplen los protocolos”, ha advertido Sánchez.

Por todo ello, Facua ha solicitado explicaciones a la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía sobre la gestión de esta crisis sanitaria y ha manifestado su perplejidad ante el hecho de que el restaurante continúe abierto a pesar de la multitud de casos reportados. “Hay decenas de personas intoxicadas que acudieron al local”, concluyó la organización.

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha informado este viernes de que su departamento sigue investigando “para saber cuál es el germen causante” de la toxiinfención alimentaria que ha afectado a 44 personas en Córdoba, pero “sabemos que hay un factor común, los montaditos de pringá, pero que también ingirieron más personas”, y que se elaboraron y sirvieron por una taberna del casco histórico durante la celebración de un cumpleaños el pasado 4 de enero.

A este respecto y en declaraciones a los periodistas, Hernández ha asegurado que, desde Salud, “seguimos trabajando y haciendo las investigaciones. Sabemos que ha habido 44 personas afectadas, pero con sintomatología leve, y solo cuatro de ellas acudieron a centros sanitarios”.

Igualmente, según ha añadido, “sabemos que hay un factor común, que fueron los montaditos de pringá, pero que también ingirieron más personas. Entonces, seguimos haciendo las investigaciones, para saber cuál es el germen causante”.

Además, según ha precisado la consejera de Salud y Consumo, “a las cuatro personas que acudieron a centros sanitarios se les hicieron tres coprocultivos, que fueron negativos, y un hemocultivo negativo. Por lo tanto, seguimos investigando”.

Estas declaraciones de Hernández se suman a las que ya hizo este jueves sobre este mismo asunto, afirmando que “no hay una relacion causa-efecto demostrada” entre la toxiinfección, que podría haber afectado a más comensales, participantes en otro evento en la mencionada taberna, y el fallecimiento de una mujer de 63 años, que fue una de las personas que asistió a la celebración del citado cumpleaños.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, Rocío Hernández ya explicó este jueves que la persona fallecida “pudo ingerir ese alimento”, pero no se ha determinado que “esa haya sido la causa del fallecimiento” y, “por eso, estamos investigándolo”.

La familia de la mujer cuya muerte se investiga por su presunta relación con una intoxicación alimentaria masiva en Córdoba dice que falleció antes de que se le hicieran las pruebas específicas de heces y/o vómitos que podrían identificar con más precisión la causa del deceso.

La familia de la mujer, que tenía 63 años en el momento de la muerte, ha explicado a Cordópolis que ésta acudió de urgencias al Hospital de la Cruz Roja, un centro privado, y que murió a las 36 horas. Mientras estuvo ingresada en este centro, siempre según su relato, sí que se le hicieron pruebas hematológicas (es decir, de sangre), pero no llegaron a someterla a coprocultivos (un examen de laboratorio para encontrar organismos en las heces que puedan causar enfermedad y síntomas gastrointestinales).

“No le pudieron hacer pruebas ni de heces ni de orina. Con lo cual no tenemos ningún tipo de prueba que relacione su muerte con el brote”, aclaran las fuentes consultadas por este periódico, que concretan que el informe médico dicta que el fallecimiento de la mujer se produjo por “un shock séptico”, equivalente a una “infección multiorgánica” causada por una “bacteria”.

En ningún momento la familia ha acusado a este establecimiento de la muerte de mi suegra

Portavoz de la familia de la mujer fallecida

Para la familia de la fallecida hay en estos momentos más dudas que certezas respecto a las causas que condujeron a la muerte de su allegada. Por eso mismo, manifiestan que ellos nunca han vinculado el fallecimiento con el brote que presuntamente se habría originado en una taberna de Córdoba.

“En ningún momento la familia ha acusado a este establecimiento de la muerte de mi suegra. En ningún momento se ha hecho eso, entre otras cosas porque no tenemos pruebas”, especifica la portavoz de la familia. Además, aclaran que, tras su muerte, no se le practicó autopsia y fue incinerada.

La activación del protocolo

Por otra parte, también han señalado que desconocen por qué no se activó el protocolo de toxi-infección alimentaria ni en Cruz Roja ni el Hospital San Juan de Dios, otro centro privado de Córdoba donde se atendió a dos pacientes con síntomas de enfermedad gastrointestinal que comunicaron haber formado parte de una misma comida en la que había más personas con indicios similares.

Respecto a estos dos casos que fueron atendidos en San Juan de Dios, desde la familia de la fallecida aseguran que “hay informes clínicos donde se declara que ha habido intoxicación alimentaria”. “Se entiende que deberían haberlo notificado, pero no sé si se hizo realmente, la verdad. Se escapa un poco de nuestra comprensión”, apostillan desde el entorno familiar de la mujer fallecida.

Por el momento, estos dos centros privados guardan silencio sobre el caso. “Puesto que es un caso que se está investigando por Salud Pública no vamos a realizar ninguna declaración al respecto”, han señalado desde San Juan de Dios. “Se trata de un caso que se está investigando y no vamos a ofrecer ninguna información al respecto por ahora. La Delegación de Salud está siendo la fuente de información oficial en este caso”, han respondido desde Cruz Roja.

La Delegación de Salud, por su parte, ha comunicado este jueves que no va a dar más información sobre la investigación hasta que el laboratorio analice las muestras que fueron tomadas en el restaurante donde presuntamente se habría originado el brote.

Lo que dice el protocolo

El citado protocolo de actuación ante alerta por toxi-infección alimentaria (T.I.A.), vigente desde 2019, establece que los profesionales de la salud –ya sea en centros públicos o privados– que atiendan a enfermos con sospecha de enfermedad transmitida por alimentos “deberán solicitar coprocultivos a los mismos, o cualquier otro tipo de muestra de interés diagnóstico (vómitos) que ayude a determinar el agente causal. Para esta tarea se cumplimentará el informe de la obtención de muestras clínicas”. 

También señala que, en los Servicios de Urgencias de los Hospitales, “en las peticiones de coprocultivos deben identificarse como Brote TIA, incluir la sospecha clínica e identificar al Servicio de Medicina Preventiva como destinatario de los resultados”. 

Asimismo, el citado documento define la alerta por brote de toxi-infección alimentaria cuando se dan “dos o más casos de una enfermedad o cuadro clínico similar que se asocia con una fuente o vehículo común de transmisión alimentaria”, y también cuando se da “un solo caso con implicación de un establecimiento público o un alimento comercializado”.

La declaración de un brote de esta enfermedad tiene consideración de alerta en salud pública y su forma de declaración está establecida como urgente. Así, se apunta a que, si los síntomas se detectan desde Atención Primaria, se deben comunicar directamente al Epidemiólogo del Distrito correspondiente. Si, como ha ocurrido en este caso, se detectan en Urgencias, el proceso consiste en comunicarlo a Medicina Preventiva, que lo comunicará con urgencia al Epidemiólogo del Distrito.

Eso, si es entre semana. Si ocurre en fin de semana o festivos, el protocolo advierte de que la alerta será canalizada a través de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), que será la que se encargará de localizar al Equipo de Guardia Provincial para que se lleve a cabo la intervención necesaria, según el protocolo de coordinación EPES-Red de Vigilancia Epidemiológica.

Detectado un nuevo brote de gripe aviar en el Centro de Conservación Zoo Córdoba, que está cerrado después de que, hace 16 días, se detectaran los primeros casos de transmisión y propagación del Virus de la Influenza Aviar (H5N1).

Según ha detallado este martes el teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente, Antonio Álvarez, en la jornada de este lunes se han detectado cinco nuevos casos de gripe aviar por test rápidos en una jaula de ansáres, de los que tres han fallecido en las últimas horas. Álvarez ha indicado que la jaula, además, estaba alejada de donde se produjo el primer brote, detectado a finales de mayo.

Desde los primeros positivos, han muerto por esta enfermedad tres ñandúes, dos cisnes, un quebrantahuesos y tres ánsares en el Zoo de Córdoba, que permanece cerrado desde que aparecieron los primeros casos para prevenir la transmisión y propagación del virus.

El recinto donde se han dado los últimos casos ha sido cercado y cerrado, y este martes se han acercado los técnicos de Salud Animal de la Junta de Andalucía a estudiar los nuevos casos y a llevarse las muestras. Una vez que el laboratorio ratifique la existencia de una cepa, Álvarez solicitará una reunión urgente con los delegados de Medio Ambiente y Salud para determinar medidas a tomar.

El concejal ha resaltado que, al haberse localizado lo nuevos casos entre aves que no están en contacto con las primeras, queda la duda de si puede haber quedado algún brote dentro del zoológico o se han colado aves salvajes contaminadas, ya que, según ha afirmado, a centro acceder aves que proceden del exterior, de zonas como los Sotos de la Albolafia o el río.

El cierre preventivo, previsto para quince días, previsiblemente se ampliará si así lo estiman las autoridades sanitarias, ha avanzado Álvarez, que ha recordado que se están llevando a cabo todas las medidas de bioseguridad, tanto para los animales de la colección, como para el personal trabajador.

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía investiga un brote de coronavirus vinculado a una discoteca en Fernán Núñez en la que se habrían producido los contagios durante la celebración de una fiesta hace dos fines de semana, habiéndose detectado, desde entonces y hasta este mismo martes, un total de 14 casos positivos en coronavirus.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Administración autonómica, las cuales han precisado que este sería y según ha adelantado 'Cordópolis' el único gran brote de Covid-19 que se está investigando ahora mismo en la provincia.

Los primeros contagios de este brote comenzaron a comunicarse a finales de la pasada semana, por lo que, durante el pasado fin de semana se han llevado a cabo múltiples PCR en el Centro de Salud de Fernán Núñez, para tratar de determinar el alcance de este brote, que hasta este momento ha provocado 14 contagios, aunque no se descarta que ese número crezca en los próximos días.

Hay un segundo brote activo investigado en la provincia y es el de Benamejí, en el centro de salud del municipio. En ese caso, según han confirmado fuentes del gobierno andaluz, son seis las personas contagiadas.

El brote en la base militar de Cerro Muriano se eleva ya a los 53 contagios, según ha informado el gobierno andaluz de manera oficial. Un total de 400 soldados siguen aislados en prevención en sus domicilios. Este martes eran 50 los positivos, según los datos del gobierno andaluz.

Mientras, en la cárcel hay unos 400 positivos confirmados, una cifra que se mantiene con respecto a días anteriores, según los datos divulgados este miércoles por el gobierno andaluz.

Por otra parte, el gobierno andaluz ha informado de que este miércoles hay un total de 20 personas hospitalizadas con coronavirus en los centros sanitarios cordobeses, de los que tres están en la UCI.

De momento, no constan más brotes activos de coronavirus en ningún punto de la provincia de Córdoba, más allá de estos dos en la capital.

El brote de Covid 19 en la base militar de Cerro Muriano alcanza ya los 50 contagiados, según han confirmado fuentes oficiales de la Junta de Andalucía. Este brote sumaba este lunes 43 contagios. Mientras tanto, sigue habiendo un total de 400 soldados en aislamiento en prevención para tratar de frenar el contagio relacionado con el brote.

Por otra parte, la Junta señala que en la prisión provincial son finalmente 400 personas las contagiadas de Covid 19 desde el inicio del brote, en las primeras semanas del mes de octubre. En este caso, uno de cada tres internos de la prisión provincial de Córdoba se han contagiado de coronavirus.

Este martes se han confirmado un total de 97 nuevos contagios. Municipio a municipio, Córdoba capital sigue concentrando el mayor número de nuevos positivos, al sumar en las últimas 24 horas un total de 62.

En el resto de la provincia, Aguilar de la Frontera tiene otros ocho casos más contabilizados, mientras que tres casos más hay en Montilla, Puente Genil, Bujalance y Fuente Palmera. Además, dos casos más tienen en Lucena, Almodóvar del Río y La Carlota, y un positivo en Cabra, Castro del Río, Fernán Núñez, Priego de Córdoba, Rute, Santaella, Cañete de las Torres e Hinojosa del Duque.