Facua señala a la taberna La Sacristía como origen de la presunta intoxicación alimentaria en Córdoba

El presidente de Facua a nivel nacional, Rubén Sánchez, ha señalado este jueves en rueda de prensa a la taberna La Sacristía como el “único establecimiento investigado” en relación con la presunta intoxicación alimentaria que ha afectado a más de 40 personas en Córdoba.

La asociación de consumidores ha criticado que la Junta de Andalucía no haya hecho público el nombre del local y advierte de posibles “irregularidades” en la gestión del protocolo ante toxinfecciones alimentarias. Sánchez ha calificado de “irresponsabilidad” la postura de la administración autonómica al no informar a la ciudadanía sobre el local investigado, lo que, según él, “pone bajo sospecha a toda la hostelería cordobesa en lugar de centrar la atención en el único establecimiento analizado”.

Asimismo, ha reconocido la necesidad de ser prudentes, ya que “no está confirmada la vinculación” entre el restaurante y los casos de intoxicación, pero ha subrayado que en situaciones como esta “se deben priorizar los intereses de los consumidores y maximizar la prevención del riesgo”.

El presidente de Facua ha defendido que hacer público el nombre del establecimiento es esencial, especialmente porque “hay pocas personas que han acudido a centros sanitarios”. En este sentido, ha argumentado que si se diera a conocer el restaurante investigado, cualquier cliente que haya estado en La Sacristía y presente síntomas podría valorar si están relacionados y acudir a un centro médico si fuera necesario.

Otro de los aspectos cuestionados por Facua es la decisión de no cerrar preventivamente el establecimiento en el que se produjo el brote. “Si yo fuera el responsable de un local donde decenas de personas han sufrido una intoxicación alimentaria, lo cerraría de inmediato hasta esclarecer lo sucedido”, ha afirmado Sánchez, lamentando que ni el propietario ni la Administración hayan tomado esta medida.

En cualquier caso, considera que lo lógico era dar el nombre del establecimiento. “No entendemos por qué no se hace público el nombre del local cuando hay 44 personas intoxicadas y una fallecida. Esto impide que otros posibles afectados puedan tomar precauciones y recibir atención médica si han consumido productos del mismo lugar”, ha subrayado Sánchez, que dice que esta práctica de ocultar nombres de locales en casos de intoxicaciones alimentarias es habitual y perjudica tanto a los consumidores como al sector de la hostelería, ya que “se genera una sospecha indiscriminada sobre todos los establecimientos similares”.

El papel de algunos hospitales privados

Más allá de haber dado el nombre del presunto origen del foco, Rubén Sánchez ha denunciado el incumplimiento del protocolo de alerta alimentaria por parte del Hospital San Juan de Dios y el de la Cruz Roja y la tardanza de la Junta de Andalucía en atender las alertas han dificultado la investigación.

El relato de los hechos que ha dado Facua es el siguiente: el 10 de enero, un ciudadano afectado envió una notificación por correo electrónico a la Junta de Andalucía informando sobre una intoxicación alimentaria vinculada a la taberna. Sin embargo, según asegura, la administración autonómica no abrió el correo hasta el 13 de enero, tres días después. “No entendemos por qué los viernes por la tarde, sábados y domingos no se revisan los correos con posibles alertas alimentarias”, ha criticado Sánchez, quien señala que el sistema sanitario debe funcionar las 24 horas, los 365 días del año.

A pesar de recibir la información el lunes 13, la Junta no envió un inspector a la taberna hasta el día 15 de enero, 11 días después del evento donde se habrían originado los casos. Para entonces, entiende Facua, las muestras del alimento sospechoso —un montadito de pringá— podrían haber perdido su fiabilidad, ya que el protocolo establece un máximo de 7 días para la recogida de muestras. Este jueves, la Junta ha defendido que las muestras estaban congeladas, por lo que cree que se pueden investigar.

No obstante, Facua ha reclamado una revisión del protocolo de recepción de alertas sanitarias para garantizar que los avisos sean atendidos durante los 365 días del año, ya que la seguridad alimentaria “no puede depender de horarios administrativos”.

Facua también ha denunciado el incumplimiento del protocolo de la Junta de Andalucía por parte del Hospital San Juan de Dios y del Hospital de la Cruz Roja. Según el protocolo de alerta por toxinfecciones alimentarias (PIA), cualquier centro sanitario, público o privado, que atienda a un paciente con síntomas compatibles con una intoxicación alimentaria debe comunicarlo de inmediato al epidemólogo de distrito o al Servicio Asistencial 061 fuera del horario laboral. Sin embargo, apunta que San Juan de Dios atendió casos desde el 5 de enero sin notificarlo a las autoridades.

El relato de Sánchez es que el 5 de enero, este hospital emitió un informe de alta de urgencias donde se indicaba que una paciente había sufrido intoxicación tras consumir alimentos en un restaurante. En el mismo informe se mencionaba presuntamente que otros 10-12 comensales presentaban síntomas similares. El 8 de enero, otra paciente acudió con síntomas y también mencionó que familiares suyos estaban afectados. Asegura Sánchez que ninguno de estos casos fue reportado a la Administración Sanitaria, lo que según Facua supone un incumplimiento claro del protocolo.

Pero es que, según Facua, el caso más grave es el de una mujer de 63 años, que había asistido al evento en la taberna y posteriormente fue ingresada en la UCI del Hospital de la Cruz Roja, donde falleció días después. Siempre según la asociación, su familia informó de su presencia en el restaurante, pero este hospital tampoco notificó el posible vínculo con una intoxicación alimentaria.

Por todo ello, Facua ha puesto a disposición de los afectados sus servicios de asesoramiento y ha instado a cualquier persona que haya consumido en la taberna y presente síntomas a contactar con la organización o con la Administración Sanitaria para ampliar la investigación. Finalmente, ha manifestado que seguirá de cerca la investigación sobre el brote y que la asociación está dispuesta a emprender acciones legales si se confirman negligencias en la gestión del caso. “Si se demuestra que hubo fallos en los protocolos o mala praxis por parte de la administración o el establecimiento, actuaremos para que se depuren responsabilidades”, ha asegurado Sánchez.