En uno de los puntos donde más actividad ha habido en este tema durante el verano. El Plan Infoca ha anunciado a través de sus redes sociales que realizará una quema controlada en el campo de tiro y maniobras de Cerro Muriano a partir de las 18:30.

Los efectivos de los bomberos forestales estarán presentes en esta zona junto a trabajadores también de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Desde el Plan Infoca han llamado a la calma y que si se ve humo o vehículos de emergencias circulando por la zona: “No te alarmes”.

Una ubicación donde ha habido bastante actividad en los últimos meses. Cerro Muriano ha vivido un verano intranquilo, donde varios incendios por la zona llegó amenazar seriamente a la integridad de los hogares de esta barriada. Más concretamente, cuatro han sido los sucesos durante el verano y ahora el Plan Infoca busca una quema controlada para que, sobre todo, no se alarmen los vecinos.

El juicio por las muertes del soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla), y del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, natural de Adamuz (Córdoba), de la Brigada Guzmán El Bueno X, en un ejercicio en el lago artificial de la base militar cordobesa de Cerro Muriano, realizado en la mañana del 21 de diciembre de 2023, que estaba previsto empezar el 26 de octubre en la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, en Madrid, se ha aplazado a 2027.

Así lo han confirmado fuentes judiciales, que han apuntado que previsiblemente se celebrará en el primer trimestre del año, después de que las partes han pedido un aplazamiento al coincidir con señalamientos de los letrados que ya estaban fijados.

Mientras, el abogado de la acusación particular de la familia del soldado Carlos León, Luis Romero, ha manifestado, tras la notificación inicial del señalamiento del juicio, que “es uno de los procesos penales militares más relevantes de las últimas décadas”.

El juicio se celebrará contra el capitán Ignacio Zúñiga Morillas, el capitán Jaime Tato Garrido, el teniente coronel José Luis Zanfaño Hidalgo y el comandante Luis Fernando Velasco Quero. “Por la gravedad de los hechos, por el resultado mortal y por la condición de los acusados, oficiales y jefes del Ejército, este procedimiento se sitúa entre los juicios penales militares más importantes de la historia contemporánea española”, ha resaltado.

Desde esta acusación particular se han solicitado penas de alrededor de diez años de prisión para el teniente coronel José Luis Zanfaño, el comandante Luis Fernando Velasco, el capitán Ignacio Zúñiga y el capitán Jaime Tato, así como la expulsión de la carrera militar, la imposición de costas y una responsabilidad civil cercana a los 500.000 euros.

Este caso pone de manifiesto, a juicio de la acusación particular, “la existencia de formas de proceder negligentes que deben desaparecer del Ejército español, tanto en su instrucción como en su formación y en su cultura interna”. Del mismo modo, considera que “ha vuelto a evidenciar la necesidad de integrar la jurisdicción penal militar en la jurisdicción ordinaria, reservando la jurisdicción militar para cuestiones estrictamente administrativas o disciplinarias de carácter interno”.

Denuncias y sanciones

También, el letrado ha destacado que, en el ejercicio de la acusación particular y como portavoz de la familia, “se promovieron denuncias e iniciativas sancionadoras por parte de algunas defensas, especialmente de los letrados del capitán Jaime Tato Garrido y del capitán Ignacio Zúñiga Morillas, por las declaraciones efectuadas ante los medios de comunicación, las ruedas de prensa convocadas y las opiniones vertidas sobre el desarrollo de la causa”.

Sin embargo, el Juzgado Togado Central archivó dichas actuaciones al considerar que “esa actuación estaba amparada por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, de información y de defensa”. Por otra parte, el Juzgado Togado Militar de Sevilla impuso una sanción de amonestación o advertencia, pero dicha resolución no es firme y, además, se encuentra prescrita.

En cuanto al desarrollo del juicio, Romero ha apuntado que “su complejidad es extraordinaria”, de modo que intervendrán diez partes con capacidad de interrogatorio: tres acusaciones particulares, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado, la representación de la compañía aseguradora y cuatro defensas.

Está prevista la declaración de más de cien testigos y peritos, además de los propios acusados. Ello supondrá más de mil interrogatorios, si se atiende al número de partes con posibilidad depreguntar y al elevado número de testigos, peritos y acusados que comparecerán en la vista. Si a ello se añade la duración de las cuestiones previas, la prueba documental, las conclusiones y los informes finales, “resulta razonable prever que la duración efectiva del juicio pueda extenderse incluso más allá de las 20 sesiones inicialmente fijadas”.

Al respecto, la familia de Carlos León pidió desde el primer día que “este caso no cayera en el olvido”, de modo que “ese compromiso sigue plenamente vigente, y esta acusación particular continuará trabajando para que se depuren todas las responsabilidades”, ha subrayado el abogado.

Padres del cabo

Los padres del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar piden penas de nueve años y seis meses de cárcel para cada uno de los cuatro acusados, así como el pago de indemnizaciones por 257.064 euros para los padres y el hermano del cabo, siendo responsable civil subsidiario el Estado.

Según recoge la calificación de la acusación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el capitán Zúñiga fue “el responsable del diseño, preparación, ejecución y dirección del ejercicio”, consistente en 'paso del río', “tomando una serie de decisiones de las que fue conocedor y participe, de forma activa y directa, el teniente Tato, sin que tales decisiones fueran comunicadas al entonces jefe de la Plana Mayor del Regimiento, teniente coronel Zanfaño, en comisión de servicio, o al comandante Velasco, nombrado en sustitución”.

“Pese a no comunicar estas decisiones por parte del capitán y el teniente a la Plana Mayor, la misma omitió el deber objetivo de cuidado que le está encomendado”, se indica, para apuntar que el teniente coronel Zanfaño y el comandante Velasco no actuaron con la diligencia debida, no tuvieron en cuenta la obligación inherente al cargo de evitación de que el riesgo de una obligación se materializase en un resultado lesivo, y ello, porque la Plana Mayor no cumple su comitiva sólo con la recepción de la documentación de las maniobras, sino que ante esto, comienza su labor de diligenciar, custodiar y cuidar de las mismas“.

La Fiscalía

Y el Fiscal Jurídico Militar ha pedido penas de ocho años de prisión para el capitán Zúñiga y cinco años de cárcel para el teniente Tato. Según recoge la calificación del Ministerio Público, aparece como responsable en concepto de autor por “su participación material y directa” el capitán procesado por dos delitos contra la eficacia en el servicio del artículo 77.1 del Código Penal Militar, en relación con el artículo 142.1 del Código Penal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal, así como el teniente.

Además, exige a los procesados de forma solidaria en concepto de responsabilidad civil 422.174,40 euros para los familiares de ambos militares, “siendo responsable civil subsidiario el Estado”.

En concreto, se detalla en la calificación que el capitán Zúñiga, jefe de la Compañía en Período Básico de Instrucción (PBI) y jefe de actividad en las maniobras ALFA desarrolladas entre el 18 y 22 de diciembre de 2023, fue el responsable del diseño, preparación, ejecución y dirección del ejercicio.

El mismo consistió en 'paso de río' en el que fallecieron el cabo y el soldado. “En ningún momento, tanto en la preparación como en la ejecución del ejercicio, el capitán Zúñiga expuso a sus mandos las condiciones en las que se iba a ejecutar o desarrollar, no especificó que se tratara de una actividad que tuviera por objeto practicar la flotabilidad, tampoco explicó por dónde y de qué manera se iba a realizar el ejercicio consistente en 'paso de río', sino que actuando, bajo un criterio personal e improvisado, basado en la necesidad de 'nadar y evitar ir andando', buscó apoyo en su unidad orgánica, en base a la previsión de una circular, para que la práctica se realizase conforme había ideado”, según el fiscal.

El Equipo de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba ha detenido a tres personas, e investigado a una cuarta, como presuntas responsables de un delito de incendio forestal ocurrido el pasado 24 de julio en el término municipal de Córdoba, concretamente en la zona de Cerro Muriano, paraje Torreárboles, según ha informado el instituto armado a través de una nota de prensa.

El incendio se originó cuando un camión, dedicado al transporte de pacas de paja, cuando circulaba por la carretera N-432 (Córdoba-Badajoz), comenzó a arder y, posteriormente, el fuego se propagó al medio natural, dando lugar al incendio forestal.

El fuego quemó una superficie forestal de 189,90 hectáreas, de las cuales 6,5 se encontraban enclavadas en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Guadalmellato. Esta zona protegida destaca por la diversidad de sus hábitats, entre los que se encuentran dehesas, bosques de ribera y formaciones de monte mediterráneo, y constituye el hábitat de especies protegidas como el águila imperial ibérica y el búho real.

La Agencia de Emergencias de Andalucía decretó el nivel 1 de emergencias del Plan INFOCA, llevándose a cabo la evacuación y desalojo de 273 personas de urbanizaciones y viviendas aisladas. Según un informe emitido por la Junta de Andalucía, el coste de la extinción supera los 800.000 euros.

Tras múltiples hipótesis analizadas por los agentes, se descartó que la mercancía, o condiciones del transporte de ésta, pudieran haber originado el siniestro, contando en ese sentido con un informe elaborado por especialistas en Transportes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, pertenecientes al Subsector de Tráfico de Córdoba, en el que se concluía que el transporte se adecuaba a la normativa aplicable en la materia, sin observarse ninguna circunstancia que permitiera vincular la mercancía transportada con el origen del incendio iniciado en la cabina tractora.

La investigación se centró, por tanto, en determinar si el incendio podía haber tenido un origen estructural en la cabina del camión, por lo que se solicitó apoyo del Equipo de Investigación de Siniestros de Incendios (ESIN) de la Policía Judicial de la Guardia Civil, determinando en su informe que el punto de inicio del fuego fue la instalación de un inversor de “corriente/potencia” conectado directamente a la batería del vehículo, pudiendo alcanzar este tipo de aparatos elevadas temperaturas.

Siguiendo con las gestiones de averiguación, los agentes pudieron confirmar que, según la legislación vigente, este tipo de instalación no es homologable, ni autorizable, para esta clase de vehículo de transporte, por lo que, procedieron a la detención de tres personas y a la investigación de una cuarta, todos ellos trabajadores y administrador de la empresa titular del camión, como presuntos responsables de un delito de incendio forestal.

Los detenidos e investigado han sido puestos a disposición del juzgado competente, habiéndose remitido igualmente las diligencias instruidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.

La Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur ha declarado desierta la licitación para acometer la segunda fase de la renovación de la pista de cadenas del Campo de Maniobras y Tiro de Cerro Muriano. La resolución confirma que ninguna empresa del sector de la construcción presentó ofertas antes del vencimiento del plazo fijado para el 2 de septiembre.

El expediente de contratación contaba con un presupuesto base de licitación de 661.431,01 euros -impuestos incluidos-. A pesar de que las constructoras interesadas disponían de plazo para registrar de manera electrónica sus propuestas técnicas y económicas, la apertura de los sobres administrativos el pasado 3 de septiembre evidenció que el contador de ofertas recibidas se quedó en cero.

Esta segunda fase del proyecto estaba destinada a dar continuidad a los trabajos de pavimentación iniciados en una etapa previa. El trazado objeto de la reforma abarca una longitud de 2.240 metros, concretamente desde el punto kilométrico 1+520 hasta el 3+760, en dirección al campamento General Cascajo y dentro del término municipal de Obejo, en pleno entorno de la Sierra de los Santos. En la actualidad, esta estratégica vía presenta un avanzado estado de deterioro debido al paso constante de vehículos pesados y a la acción prolongada de las aguas de lluvia, manteniéndose como un precario camino de tierra y zahorra con pendientes excesivas y obras de drenaje transversal en mal estado.

La solución de ingeniería diseñada por el Ministerio de Defensa contemplaba la sustitución de la actual vía de tierra por un firme consistente en una capa de rodadura de hormigón de 20 centímetros de espesor, reforzada con fibras de acero para soportar las enormes cargas de los blindados de combate. Asimismo, el pliego técnico preveía ensanchar la plataforma hasta los seis metros de ancho y reemplazar cinco de las obras de drenaje transversal existentes para facilitar la evacuación de las aguas fluviales. Para la ejecución de todos estos trabajos se había fijado un plazo de 120 días (cuatro meses) a contar desde el inicio de las obras.

La paralización de este proyecto afecta de forma directa a la operatividad de la Brigada Guzmán el Bueno X, una de las unidades clave del Ejército de Tierra con base en la plaza cordobesa. Esta pista de rodadura es un escenario indispensable para el adiestramiento seguro de las tripulaciones y el tránsito de vehículos acorazados de gran tonelaje, tales como los carros de combate Leopard 2E, los vehículos de infantería Pizarro y los transportes oruga acorazados.

Vuelve septiembre y con él, la actividad a los juzgados de Córdoba. Como suele ser habitual, la Ciudad de la Justicia cierra durante el mes de agosto, a excepción del juzgado de guardia para atender de forma inmediata y urgente los asuntos penales o denuncias que se formulen. Sin lugar a dudas, el reinicio de la actividad judicial vendrá marcado por el juicio contra cuatro mandos del Ejército de Tierra acusados de las muertes de dos militares en Cerro Muriano durante unas maniobras en diciembre de 2023. Sin embargo, en la capital cordobesa también se sentarán en el banquillo a partir de otoño los acusados de un asesinato en Las Moreras, una red de narcotráfico internacional y dos policías locales, mientras avanzan grandes investigaciones como la tragedia ferroviaria de Adamuz o el crimen machista de Tulia.

Juicio muertes en Cerro Muriano

El juicio por las muertes del soldado sevillano Carlos León y del cabo cordobés Miguel Ángel Jiménez se celebrará en Madrid y no en Sevilla debido al rango de los mandos militares acusados -el teniente coronel José Luis Zanfaño Hidalgo, el comandante Luis Fernando Velasco Quero, y los capitanes Ignacio Zúñiga Morillas y Jaime Tato Garrido- y a las reglas de competencia de la Justicia Militar. El motivo principal es la condición de aforados de parte de los investigados. Según el Código Penal Militar y la Ley Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, cuando los encausados ostentan el grado de jefes (teniente coronel o comandante) o superiores, la instrucción y el enjuiciamiento no corresponden al Tribunal Militar Territorial número 2 (con sede en Sevilla), sino al Tribunal Militar Central, con sede en Madrid.

Por esta razón, el Juzgado Togado Militar Territorial número 21 de Sevilla se inhibió en favor del Juzgado Togado Militar Central de Madrid para que este asumiera la causa. Las sesiones han sido fijadas para los días 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre, y para los días 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 24 de noviembre, a partir de las 9:30, en horario de mañana y tarde, y, en caso necesario, para todas las sesiones que requiera el desarrollo del procedimiento. El Fiscal Jurídico Militar pide penas de ocho años de prisión para Zúñiga y cinco años de cárcel para Tato, eludiendo cualquier tipo de responsabilidad al teniente coronel y al comandante. Sin embargo, la acusación particular ejercida por el abogado Luis Romero Santos, en representación de la familia del soldado Carlos León, ha solicitado penas de diez años de prisión para los cuatro oficiales. Además de la privación de libertad, esta acusación reclama la expulsión de la carrera militar, el pago de las costas judiciales y una responsabilidad civil que asciende a una cifra cercana a los 500.000 euros.

En materia de responsabilidad civil, el Fiscal Jurídico Militar exige a ambos capitanes el pago, de forma solidaria, de un total de 422.174,40 euros para los familiares de ambos militares, siendo responsable civil subsidiario el Estado. El juicio contará con la intervención de diez partes con capacidad de interrogatorio, incluyendo tres acusaciones particulares, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la representación de una compañía aseguradora; y están citados un centenar de testigos.

Jurado popular por la muerte de un hombre en Las Moreras

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha señalado para octubre la celebración del juicio por jurado contra el acusado de acabar con la vida de su cuñado en Las Moreras. Aunque en un principio se ha previsto una sola sesión, existe la posibilidad de que se amplíen los días de juicio. Los hechos se remontan al mediodía del 3 de abril de 2025 en la calle Poeta Luis Rosales. Según el relato del fiscal, la victima se encontró con su cuñada y su hija, iniciándose una discusión por motivos familiares que derivó en un enfrentamiento con la esposa del acusado (su cuñada). Tras un forcejeo y gritos entre ambos, la situación pareció calmarse momentáneamente cuando la mujer de la víctima intervino para separar a los contendientes y llevarse a su marido hacia su domicilio.

Sin embargo, cuando la pareja pasaba por delante del inmueble donde residía el acusado, este salió “sorpresivamente” de su vivienda armado con una navaja de grandes dimensiones, según el relato de los hechos de la Fiscalía. En ese instante, y “sin que la víctima pudiera defenderse, J.M.P. le asestó una puñalada en el tórax que le atravesó el pulmón y el corazón, causándole la muerte instantánea”, sostiene el Ministerio Público. Tanto la Fiscalía como la acusación particular han calificado los hechos como un delito de asesinato. Además de la pena de cárcel, solicitan diez años de libertad vigilada y el pago de indemnizaciones que superan los 195.000 euros para la viuda y unos 38.000 euros para cada uno de sus hijos, entre otras cantidades para la madre y hermanos del fallecido.

Por el contrario, la defensa ha rechazado la calificación de asesinato y sostiene que se trata de un homicidio. Además, defiende que el acusado confesó los hechos ante la Policía Nacional y que actuó bajo una fuerte conmoción psíquica al ver que su mujer había sido agredida previamente por la víctima. Asimismo, alegan que el procesado se encontraba bajo los efectos de una medicación que alteraba sus capacidades y que actuó movido por un “miedo insuperable” y en legítima defensa.

Juicio a la red que introdujo 20 toneladas de hachís ocultas en tomates falsos

También en octubre, esta misma sección juzgará a una veintena de personas que constituían la organización delictiva responsable del alijo de más de 20,5 toneladas de hachís intervenidas entre Córdoba y Málaga, las cuales pretendían enviarse a Francia ocultas en el interior de reproducciones sintéticas de tomates. Hay 19 personas imputadas y la Fiscalía pide más de 150 años prisión para todos así como multas millonarias. Este juicio se celebrará durante los días 6, 7, 8, 9 y el 30 de octubre. El fiscal califica los hechos como constitutivos de delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, falsedad documental, delitos contra la seguridad vial y atentado contra agentes de la autoridad. Las mayores penas de prisión son para el líder de la red y su pareja, que se enfrentan a 16 años de cárcel cada uno -11 años por el delito de narcotráfico y cinco años por blanqueo de capitales-. Además, se les reclama una multa individual conjunta de 700 millones de euros. Para el resto de imputados, el fiscal solicita penas de prisión de entre cinco y diez años, así como multas de entre 200 y 400 millones de euros.

Juicio a los policías locales que denunciaron falsamente a un joven

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba juzgará en noviembre a los dos policías locales que formularon una denuncia falsa contra un joven, a quien arrestaron de forma violenta. El juicio contra estos agentes estaba fechado para el pasado mes de diciembre, pero fue suspendido porque no se citaron ni a testigos de la defensa y ni al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario en caso de que los agentes sean condenados.

El joven pide 12 y cuatro años de prisión para los dos agentes de Policía Local por los delitos de falsedad, detención ilegal y lesiones. Por su parte, el Ministerio Público solo acusa a un agente, para quien solicita cuatro años y medio de cárcel por el delito de falsedad y otro contra la integridad moral, así como una multa por un delito leve de lesiones. Según el escrito de Fiscalía, que coincide en esencia con lo manifestado por la acusación particular, sobre las 20:30 del 30 de marzo de 2023, el acusado fue requerido junto con su compañero para que se trasladasen a una calle de la capital donde un cochero había estacionado el vehículo en un paso de peatones junto a un puesto de caracoles allí ubicado.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que los hechos eran así e informaron al conductor de que el caballo había defecado en la vía pública, por lo que tenía que retirar los excrementos y retirar el coche de caballos. El conductor, según el Ministerio Público, colaboró en todo momento. En un instante, uno de los policías comenzó a fotografiar al cochero mientras recogía las heces, algo que fue recriminado por el joven que posteriormente fue víctima de una denuncia falsa por parte del agente. Esta reprimenda por parte del joven llevó a que el policía le pidiera su documentación, a lo que no accedió por miedo a una multa. Debido a la situación que se generó, el cochero y la pareja del joven intentaron calmar al agente, aunque sin éxito. Dado que el policía se encontraba cada vez más exaltado, la víctima se asustó y salió corriendo, decidiendo entregarse a la altura de una farmacia. Cuando el policía llegó hasta él, y sin ser agredido en ningún momento y pese la actitud pacífica de la víctima, le hizo una llave, lo cogió por la espalda y lo estampó contra la persiana de la puerta de la farmacia donde la víctima se golpeó en la cara. Por este punto, la acusación particular aprecia, a diferencia del Ministerio Fiscal, detención ilegal.

Acto seguido, el agente le puso los grilletes por la espalda y, sin que hubiera forcejeo por ningún tipo, le practicó una llave al joven y lo derribó al suelo, golpeándose la víctima de nuevo en la cara, donde lo tuvo aprisionado durante dos minutos hasta que se lo llevaron detenido por dos delitos: desobediencia a la autoridad y lesiones. Las cámaras de seguridad de la farmacia que había en el lugar donde ocurrieron los hechos permitieron al juzgado corroborar que el atestado que instruyó la Policía no concordaba con lo que mostraban las imágenes. Por ello, el juez archivó la causa contra el joven y pidió que se abrieran diligencias contra los policías.

Juicio a un pandillero acusado de intentar matar a un joven

Ya a comienzos de 2027, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba acogerá en enero el juicio a un joven acusado de intentar matar a otro al confundirlo con un integrante de una banda rival. Los hechos que se juzgarán y por los que la Fiscalía pide nueve años de prisión se remontan a la noche del 1 de septiembre de 2024. El acusado, junto a su primo, se encontró con la víctima en la avenida Gran Vía Parque. Tras pasar parte de la madrugada bebiendo en un pub de la calle Los Alderetes, el grupo se trasladó a un piso en el Pasaje de Belalcázar para continuar la reunión.

De acuerdo con las conclusiones provisionales del Ministerio Público, la situación se tensó cuando el acusado -defendido por la letrada María del Mar Jiménez Sánchez- se quedó a solas con la víctima. En ese momento, el acusado comenzó a interrogar a la víctima para averiguar si procedía de algún territorio controlado por la Mara 18 o la Mara Salvatrucha -o Mara 13-. El miedo se apoderó de la víctima al observar que el acusado lucía un tatuaje del número 18 en su pierna izquierda, ya que él mismo, había tenido un problema con la Mara 13, lo que tuvo cierta trascendencia mediática en su país. Tras recibir insultos como “mierda seca” -término humillante hacia los miembros de la Mara Salvatrucha-, la víctima intentó abandonar el lugar por miedo a una encerrona. Sin embargo, el acusado le propinó un puñetazo en la boca y, acto seguido, lo abordó por la espalda con una navaja de cachas metálicas.

El fiscal sostiene que el acusado actuó con clara intención de matarlo, dirigiendo una puñalada hacia el costado, a la altura de los riñones. La víctima logró salvar su vida al interponer rápidamente su brazo izquierdo, recibiendo un profundo corte en la muñeca en lugar de en el abdomen. A pesar de estar herido, la víctima consiguió huir por las escaleras mientras el acusado lo perseguía al grito de “Venid tío, venid para acá, venid bicho”. La víctima se desvaneció finalmente en la puerta de su propio piso debido a la pérdida de sangre, donde fue hallado por un vecino dos horas después. Como consecuencia, sufrió graves lesiones en el antebrazo y la muñeca que requirieron cirugía de urgencia y le han dejado cicatrices permanentes.

Además de la petición de nueve años de prisión, una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena (o al acceder al tercer grado), la Fiscalía solicita que el procesado sea expulsado de España. En relación con la indemnización, interesa que el acusado abone a la víctima un total de 7.735 euros por las lesiones sufridas, la intervención quirúrgica y las secuelas físicas resultantes del ataque, además del pago de las costas.

Tragedia ferroviaria de Adamuz

La investigación por el accidente ferroviario de Adamuz también encara la vuelta al curso judicial. La causa, instruida por el Tribunal de Instancia de Montoro, continúa en fase de investigación y mantiene abiertas numerosas diligencias destinadas a determinar qué provocó el descarrilamiento del tren Iryo y el posterior choque contra el Alvia, un siniestro que dejó 46 fallecidos y más de 150 heridos. El juzgado sigue incorporando documentación y encargando pruebas técnicas antes de poder establecer eventuales responsabilidades.

Uno de los principales focos de la investigación continúa siendo la vía y las circunstancias que provocaron la rotura del carril. La Guardia Civil ha trasladado a la jueza Cristina Pastor Recover una batería de 20 preguntas para que sean respondidas por los peritos judiciales. Los investigadores quieren determinar, entre otras cuestiones, si un defecto geométrico detectado meses antes en el mismo punto pudo favorecer la fractura de la soldadura y si la evolución de las anomalías registradas en las inspecciones de la vía exigía una intervención que finalmente no se produjo. También se analiza el funcionamiento de los sistemas de seguridad y mantenimiento y si alguno de ellos pudo haber detectado con anterioridad la pérdida de continuidad del carril. Los tres peritos independientes designados por el juzgado tienen que analizar y poner en común la documentación procedente de las diferentes investigaciones abiertas -la de la Guardia Civil, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y la propia Adif-. Su trabajo se prevé largo y complejo: los técnicos calcularon inicialmente un plazo de unos nueve meses para elaborar su dictamen, con un presupuesto que rondaba los 250.000 euros. El juzgado tuvo que pedirles una nueva propuesta económica al no ser posible la provisión de fondos solicitada inicialmente.

Durante el verano, además, la magistrada autorizó el traslado de distintos fragmentos de la vía a laboratorios especializados para someterlos a las pruebas necesarias. El objetivo es obtener información técnica sobre los materiales y sobre la rotura que permita avanzar en la determinación de las causas del accidente. La propia complejidad de estas pruebas hace prever que sus resultados serán una pieza esencial de la instrucción durante los próximos meses. El juzgado continúa también reclamando documentación a Adif. En julio, la jueza solicitó nuevos expedientes relacionados con las obras de renovación ejecutadas en el tramo donde se produjo el accidente. Al mismo tiempo, autorizó nuevas actuaciones sobre los trenes y una inspección ocular del lugar del siniestro con la presencia de los peritos judiciales, la Fiscalía y la Guardia Civil, con el objetivo de que los especialistas pudieran conocer directamente las características de la vía y del trazado.

Otro de los asuntos que llegó en julio a la mesa de la magistrada fue la petición de los peritos para incorporar a la investigación a un especialista en telecomunicaciones ferroviarias. Los técnicos pretendían estudiar por qué no se advirtió la presencia del Alvia en la zona del accidente al mismo tiempo que se producía el descarrilamiento del Iryo o inmediatamente después. La jueza, sin embargo, ha pedido a los peritos que concreten y justifiquen mejor la necesidad de esta intervención antes de decidir sobre ella.

Asesinato de Tulia, la vecina de la Fuensanta que murió a manos de su exmarido

El asesinato de Tulia, ocurrido el 13 de abril de 2026 en la Fuensanta, afrontará la vuelta al curso judicial todavía en fase de instrucción. Su expareja, investigado por el crimen y en prisión provisional, continúa a la espera de que se terminen las diligencias y se formule escrito de acusación. En mayo, el Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba condenó al investigado a dos años de prisión por la agresión, las amenazas y los daños cometidos contra Tulia el 11 de abril, dos días antes de su asesinato. También en mayo, la investigación dio un paso especialmente relevante al conocerse que Tulia había llamado a la Policía aproximadamente dos horas antes de ser asesinada porque sospechaba que su expareja se encontraba en el piso superior del mismo bloque, incumpliendo la orden de alejamiento. La llamada se produjo a las 6:48 del 13 de abril. Una patrulla acudió al edificio, llamó a la puerta de la vivienda del hombre y, al no obtener respuesta ni escuchar ruidos en el interior, abandonó el lugar después de dar instrucciones a la víctima. Aproximadamente dos horas después se produjo el asesinato. La existencia de esa llamada quedó recogida en un oficio policial remitido al juzgado.

Ante ello, el juzgado autorizó la geolocalización de los dos teléfonos móviles del investigado a petición de la acusación, representada por el letrado José Rafael Palomino. La medida pretende comprobar su ubicación durante el fin de semana anterior al crimen y, especialmente, el mismo 13 de abril, con el objetivo de determinar si estuvo en el lugar de los hechos y reconstruir sus movimientos. Ya en junio, el juzgado tomó declaración a tres personas dentro de la instrucción: una vecina de Tulia, una empleada del hogar y el hijo de la víctima, Alejandro. La declaración de la vecina se realizó como prueba preconstituida, debido a su avanzada edad. Su testimonio sitúa al presunto agresor bajando por las escaleras y atacando a Tulia con un cuchillo en el pecho cuando ambas se encontraban en el portal del edificio. Según relató, tras la agresión el hombre le indicó que llamara a la Policía.

La declaración del hijo de Tulia incorporó, además, un elemento relevante para reconstruir los momentos inmediatamente anteriores al crimen. Según explicó ante la jueza, su madre le llamó aquel día después de comprobar que su expareja se encontraba dentro de su vivienda, utilizando unas llaves y comprobando que la puerta estaba cerrada desde el interior de una forma que, según el hijo, indicaba que el hombre estaba dentro. Después de esa llamada fue cuando Tulia contactó con la Policía.

La tercera declaración practicada en junio fue la de una empleada del hogar que trabajaba para la vecina que presenció parte de los hechos. Según su testimonio, al llegar al edificio se encontró al acusado en una ventana del rellano, aparentemente en actitud de espera, y observó que ocultaba tras la espalda un machete negro con empuñadura verde. Poco después se encontró con la escena del crimen y buscó refugio en la vivienda de la vecina.

Otros casos en investigación

Otros casos que aún continúan en instrucción son el de la maestra de un colegio público de Córdoba investigada por presuntos malos tratos a 18 menores, suspendida de empleo y sueldo desde su arresto; el de la secretaria judicial que transfirió a sus cuentas personales miles de euros procedentes de depósitos, y el de la agresión homófoba a un hombre, entre otros. Con relación a este último caso, el suceso se produjo en noviembre de 2025 y el letrado de la víctima, Javier Vilaplana, solicitó en junio a la Audiencia Provincial de Córdoba la autorización para la geolocalización de los móviles con el objetivo de identificar a los presuntos autores de la agresión. La Audiencia aún no ha respondido al escrito.

Asimismo, sigue en instrucción el apuñalamiento de un joven a un conductor de Aucorsa. Recientemente, y tras nueve meses en la cárcel, la Audiencia ha decretado la libertad provisional del detenido después de que un informe forense haya constatado que no padece ningún trastorno mental ni presenta afectación permanente en sus capacidades intelectivas o volitivas. De hecho, los peritos lo describen como una persona con un perfil social y personal “globalmente adaptado”, sin antecedentes violentos previos. Según los evaluadores, la agresión respondió a una reacción ante un “estresor emocional intenso” derivado de una situación de duelo reciente tras el fallecimiento de su hermano. El joven está procesado por un presunto delito de asesinato en grado de tentativa, lo que abre la puerta a que el Ministerio Fiscal y las acusaciones puedan solicitar penas de prisión superiores a los nueve años.

También en fase de investigación se encuentra la operación Fenicio-Diávolo 24 relativa a un grupo dedicado al blanqueo de dinero mediante la compraventa de oro y otros metales preciosos. El procedimiento, instruido por el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba, investiga a una presunta red criminal que habría utilizado la compraventa de metales preciosos para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas. El pasado mes de abril, el juzgado rechazó trasladar la causa a la Audiencia Nacional, como habían solicitado varias defensas. El juez consideró que Córdoba era el “centro de gravedad” de la organización, tanto por la residencia de la mayoría de los investigados como por la ubicación de las empresas presuntamente utilizadas y por el desarrollo de las principales actuaciones de la investigación.

Esta causa arrancó en abril de 2024 y salió a la luz en junio de 2025, con una operación que dejó 19 detenidos, siete de ellos en prisión provisional inicialmente, además de seis personas investigadas y ocho empresas. Actualmente hay 25 personas y nueve empresas investigadas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la red podía llegar a blanquear hasta 400.000 euros al día mediante la compra de oro y plata de procedencia ilícita y su posterior introducción en el circuito legal. En los registros practicados en junio de 2025 se intervinieron más de 615.000 euros en efectivo, 12,5 kilos de oro y 15,2 kilos de plata, además de joyas, vehículos, material informático y armas.

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero ha criticado este lunes “el abandono” que, a su juicio, “sufren las barriadas periféricas de Córdoba” por parte del gobierno municipal del PP, y ha recordado que “han pasado años desde que denunciamos la situación de Cerro Muriano y seguimos exactamente igual”.

Según ha informado el PSOE en una nota, Romero ha aludido a cómo, en marzo de 2024, ya reclamó “una solución para la guardería de Cerro Muriano, que llevaba entonces dos décadas funcionando en módulos portátiles”, y que, posteriormente, también señaló el estado de las instalaciones deportivas de la barriada, pero “nan pasado los meses y los años y seguimos hablando de las mismas carencias”, y ello “a pesar de comprometerse en Pleno el alcalde”, José María Bellido (PP), “a solucionar la situación”.

Para el edil socialista, Cerro Muriano es “el ejemplo perfecto de una política de abandono que se repite en toda la periferia”. Así, “en Villarrubia los vecinos continúan esperando una solución a la conexión sobre las vías del tren, mientras el Ayuntamiento mantiene bloqueado el convenio con Adif; en Santa Cruz se han denunciado problemas de mantenimiento de instalaciones, espacios deportivos y del centro de mayores, y en Alcolea siguen acumulándose reivindicaciones relacionadas con infraestructuras y servicios municipales”.

“No hablamos de grandes proyectos faraónicos. Hablamos de una guardería digna, de unas instalaciones deportivas en condiciones, de una pasarela segura, de limpieza, mantenimiento, transporte o equipamientos básicos. Son cosas que cualquier vecino de Córdoba considera normales y que en nuestras barriadas periféricas siguen siendo reivindicaciones”, ha afirmado Romero.

El concejal socialista también ha advertido que “problemas similares afectan a El Higuerón y Trassierra, donde los vecinos han tenido que reclamar soluciones en materia de servicios, equipamientos, movilidad y mantenimiento”.

Romero considera que “Bellido ha olvidado que Córdoba también es Cerro Muriano, Alcolea, Villarrubia, El Higuerón, Santa Cruz y Trassierra”. El problema, en su opinión, es que “el alcalde lleva años gobernando y sigue teniendo barrios de primera y barrios de segunda”, y “las barriadas periféricas no necesitan más promesas ni más fotografías, necesitan que el Ayuntamiento vaya, escuche a sus vecinos y ejecute las soluciones”.

La Policía Local de Córdoba ha detenido al conductor de un turismo que atropelló a dos personas y se dio a la fuga. Los hechos tuvieron lugar en la tarde noche del sábado en la barriada de Cerro Muriano, y el arrestado arrojó un positivo penal en alcoholemia.

Según informan fuentes presenciales y confirman fuentes cercanas a la investigación, el atropello tuvo lugar pasadas las 21:30 en la glorieta de entrada a Cerro Muriano, junto a un conocido restaurante, cuando el turismo golpeó dos personas y el conductor, en vez de detenerse, continuó con su trayecto.

Las víctimas quedaron tendidas en un paso de peatones y fueron asistida por varios viandantes hasta la llegada de la Guardia Civil, que les prestó asistencia y activó a los efectivos sanitarios y a la Policía Local, que tiene las competencias de tráfico en esta parte de la barriada.

Con posterioridad, la Policía Local interceptó al conductor, un hombre de 39 años, y lo detuvo por el atropello. Asimismo, en el momento de su arresto, se le hicieron las pruebas de detección de alcohol y dio positivo penal.

Una vez detenido, las diligencias las llevaron desde la Guardia Civil, por el presunto delito de omisión del deber de socorro. El detenido pasó la noche en el cuartel de la localidad y esta mañana ha pasado a disposición judicial, quedando en libertad.

El Plan Infoca ha dado por extinguido a las 13:10 de este martes el incendio forestal declarado en la tarde del lunes en el paraje de Cerro Muriano, en la sierra de Córdoba. El fuego, cuyo origen investiga la Guardia Civil a través del Seprona, se inició junto a la carretera N-432, a la altura del cruce con Los Villares, y ha acabado quemando un total de ocho hectáreas (tres de matorral y cinco de pasto).

Tras declarar el incendio controlado a primera hora, el dispositivo de extinción ha mantenido un retén sobre el terreno para evitar posibles reproducciones. En la zona han trabajado nueve efectivos por tierra y una autobomba, centrados en las labores de refresco del perímetro afectado. A las 13:10 se ha dado por extinguido el incendio, el cuarto forestal de la temporada en la zona que cerca a Cerro Muriano.

El fuego se declaró poco después de las 19:30 del lunes y obligó a activar el nivel 1 de emergencia del Plan Infoca debido a su evolución y a la proximidad de viviendas e infraestructuras. Sin embargo, la favorable respuesta del operativo permitió estabilizar el fuego antes de las 22:00 horas, momento en el que la Junta de Andalucía rebajó al nivel 0 la situación de emergencia.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer el origen del incendio, en la que todas las hipótesis permanecen abiertas.

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), investiga el origen del incendio forestal registrado este lunes en la barriada de Cerro Muriano, en la sierra de Córdoba. Según han confirmado a este periódico fuentes cercanas a la investigación, todas las hipótesis permanecen abiertas mientras avanzan las pesquisas para determinar qué provocó el fuego.

El incendio se inició junto a la carretera N-432, a la altura del cruce con Los Villares, que también da acceso a la barriada cordobesa de Cerro Muriano. Se trata de un punto muy próximo al lugar donde durante los últimos días se registraron varios incendios forestales que obligaron a desplegar un amplio operativo de extinción.

Los efectivos del Plan Infoca comenzaron a intervenir poco después de las 19:30 horas para combatir las llamas. La Junta de Andalucía activó a las 20:35 el nivel 1 de emergencia ante la evolución del incendio y la proximidad del fuego a zonas habitadas e infraestructuras. Posteriormente, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, anunció la activación de la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca en la provincia de Córdoba, con el objetivo de reforzar la coordinación entre los distintos servicios de emergencia.

La evolución del incendio permitió que, poco antes de las 22:00 horas, el fuego se diera por estabilizado. En ese momento, la Junta de Andalucía rebajó al nivel 0 la situación de emergencia, al considerar que el riesgo para la población había disminuido.

Mientras tanto, la investigación del Seprona tratará ahora de esclarecer cómo se originó este nuevo incendio, que volvió a declararse junto a la carretera nacional que conecta Córdoba con Badajoz y que ha reavivado la preocupación por una zona especialmente castigada por los incendios durante los últimos días.

Agentes del Infoca luchan desde poco después de las 19:30 contra un nuevo incendio forestal que se ha vuelto a declarar en la barriada de Cerro Muriano, en pleno corazón de la sierra de Córdoba. La Junta de Andalucía ha activado a las 20:35 el nivel uno de emergencia por el fuego. Poco antes de las 22:00, el fuego se dio por estabilizado y la Junta rebajó a cero el nivel de emergencia.

Según ha podido saber este periódico, el fuego se ha declarado junto a la carretera N-432, a la altura del cruce con Los Villares, que da también acceso a la barriada cordobesa. La evolución del incendio forestal declarado este lunes en el paraje de Cerro Muriano ha llevado a la Junta de Andalucía a elevar el nivel de respuesta. El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha anunciado la activación de la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca en la provincia de Córdoba, debido al comportamiento del incendio y a la necesidad de reforzar la coordinación de los medios de emergencia.

El dispositivo desplegado para combatir el incendio forestal de Cerro Muriano ha llegado a estar integrado por 71 efectivos por tierra y dos autobombas, mientras que el despliegue aéreo se ha reforzado con un helicóptero pesado, dos semipesados y un helicóptero ligero, además de dos aviones de carga en tierra, cuatro aviones anfibios ligeros y un avión de coordinación.

Con la puesta de sol, los dispositivos aéreos regresaron a sus bases y en la zona siguieron trabajando agentes forestales. Eso sí, el incendio se dio por estabilizado y el trabajo se centraba en su remate y en evitar que pudiera reavivarse.

Los incendios forestales han vuelto a golpear este verano a Cerro Muriano, que ha registrado varios episodios en apenas unos días y se ha convertido en uno de los puntos más sensibles de la provincia de Córdoba. El primer gran fuego se declaró a finales de julio y obligó a desplegar un amplio dispositivo del Plan Ijnfoca, con desalojos preventivos de viviendas próximas y cortes de tráfico debido a la cercanía de las llamas con la carretera N-432. Las primeras estimaciones cifraron la superficie afectada en unas 198 hectáreas.

Cuando el incendio parecía ya superado, un nuevo foco obligó de nuevo a movilizar a los equipos de extinción. El fuego, declarado en la finca Las Armentas, volvió a poner en alerta a los servicios de emergencia, aunque la rápida intervención terrestre y aérea permitió controlar su avance durante la madrugada y extinguirlo al día siguiente.

El Ministerio de Defensa ha formalizado la adjudicación de las obras para la construcción de un nuevo edificio de mantenimiento en la Base de Cerro Muriano (Córdoba). Esta infraestructura, denominada de “segundo escalón” o EMAN, está destinada específicamente a dar soporte a los nuevos Vehículos de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8, conocidos popularmente como 'Dragón'. El contrato ha sido otorgado a la unión de empresas conformada por Adiante Infraestructuras SA y Joaquín Pérez Arroyo SLU. La oferta ganadora presenta un importe total de adjudicación de 5.529.419,15 euros.

Durante el proceso de selección, la administración ha recibido un total de diez ofertas, todas ellas procedentes de pequeñas y medianas empresas. La propuesta de la unión de empresas finalmente seleccionada fue valorada como la “mejor proposición” de entre todas las presentadas, cuyo rango de precios osciló entre los 4,5 y los 5,5 millones de euros. Las empresas adjudicatarias disponen ahora de un plazo que finaliza a mediados de septiembre de 2026 para formalizar el contrato.

Este proyecto supone la creación del segundo edificio de mantenimiento de estas características en la base cordobesa, respondiendo a la necesidad de dotar a las unidades de instalaciones adecuadas para mantener la operatividad de sus blindados de última generación.

Los trabajos de construcción cuentan con un plazo de ejecución de 540 días, lo que equivale a unos 18 meses de obras. Con este calendario, la previsión del Ministerio de Defensa es que la infraestructura esté terminada y sea entregada en julio de 2027. La obra se gestiona mediante tramitación ordinaria y no cuenta con financiación de fondos de la Unión Europea.

En cuanto a la infraestructura física, se proyecta una nave industrial de planta rectangular que albergará ocho puestos de trabajo especializados. El centro contará con talleres dedicados a diversas áreas críticas para los blindados, tales como mecánica y chapa, armamento, electrónica y telecomunicaciones. El diseño está pensado para permitir una movilidad ágil del personal y los equipos técnicos durante las tareas de reparación.

Para el manejo de los componentes pesados de los “Dragón”, la nave principal estará equipada con dos puentes grúa de 25 toneladas cada uno. De hecho, estas instalaciones están pensadas para albergar y dar servicio a un total de 54 vehículos. De forma desglosada, el edificio tendrá capacidad para 45 vehículos de combate de infantería (VCI) destinados al Regimiento La Reina nº 2, además de ocho vehículos de zapadores (VCZ) y un vehículo de observación avanzada (VCOAV).

El Plan Infoca da por extinguido el incendio forestal de Cerro Muriano declarado el pasado viernes, según informa el propio organismo a través de sus portales oficiales.

El fuego se activó a última hora de la tarde de la jornada de ayer, mismo día -pero de otra semana- que ocurrió el gran incendio que calcinó 200 hectáreas de la Sierra de Córdoba.

Es por ello que el Plan Infoca se volcó en su totalidad para estabilizar las llamas antes de que cayera la noche. Y así fue, los bomberos forestales lograron que el incendio no fuera a más a las 21:00.

Aun así, los trabajos no terminaron y el propio Infoca comunicó durante la mañana de este sábado que las llamas quedaron controladas de madrugada, mientras que su extinción ha tenido lugar esta mediodía.

El incendio forestal declarado en la tarde de este viernes en el paraje de Finca Las Armentas, en Cerro Muriano (Córdoba), quedó estabilizado a las 21:00 horas y controlado de madrugada, según ha informado el Plan Infoca a través de sus canales oficiales. Los efectivos continúan trabajando sobre el terreno para lograr la extinción definitiva de las llamas y evitar posibles reproducciones.

El fuego fue detectado a las 18:47 horas, lo que motivó la rápida movilización de un importante dispositivo de extinción. En estos momentos permanecen desplegados dos helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra, además de un operativo terrestre integrado por 29 efectivos y dos vehículos autobomba.

La estabilización del incendio suponía que su evolución favorable permite prever que no se produzcan avances libres del fuego, aunque el operativo continúa actuando para consolidar el perímetro afectado y extinguir los puntos calientes que aún puedan permanecer activos. Ahora ya controlado busca su extinción.

Por el momento no han trascendido las causas que originaron el incendio ni la superficie forestal afectada. Tampoco se ha informado de daños personales ni de afecciones a viviendas o infraestructuras.

El Plan Infoca mantiene el dispositivo desplegado en la zona hasta conseguir la extinción del incendio, mientras continúa evaluando la evolución del fuego en este paraje de Cerro Muriano.

El Ministerio de Defensa ha licitado la segunda fase de la obra de la pista de cadenas que está ubicada en el Campo de Maniobras y Tiro (CMT) de Cerro Muriano. Con un valor estimado de contrato que asciende a los 546.637,20 euros, esta actuación busca renovar una infraestructura que es importante para el adiestramiento de las unidades acorazadas destinadas en la plaza de Córdoba.

El proyecto contempla la mejora del trazado y la pavimentación de un tramo de 2.240 metros de longitud. Las obras darán continuidad a los trabajos ya realizados en una primera fase, extendiéndose desde el punto kilométrico 1+520 hasta el 3+760 en dirección al campamento General Cascajo, dentro del entorno de la Sierra de los Santos en el término municipal de Obejo. Según los informes técnicos a los que ha accedido este periódico, el camino actual presenta un estado de deterioro avanzado debido a la acción prolongada de las aguas de escorrentía y al paso constante de los vehículos de cadenas. Actualmente, se trata de una vía de tierra y zahorra con pendientes excesivas en algunos tramos y obras de drenaje transversal en mal estado

La solución técnica adoptada consiste en la creación de un firme mediante una capa de rodadura de 20 centímetros de espesor de hormigón, reforzado con fibras de acero para garantizar su durabilidad ante las grandes cargas de los vehículos militares. Además, se prevé la construcción de una plataforma de seis metros de ancho y la sustitución de cinco obras de drenaje transversal para facilitar la evacuación de las aguas de lluvia.

Esta reforma es fundamental para dotar de mayor operatividad a la Brigada “Guzmán el Bueno” X, facilitando el tránsito seguro de vehículos como los carros de combate Leopard 2E, los vehículos Pizarro y los transportes oruga acorazados (TOA).

Las empresas interesadas en ejecutar esta obra tienen hasta el próximo 21 de agosto para presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Una vez adjudicado el contrato mediante un procedimiento abierto simplificado, el plazo de ejecución previsto es de 120 días, por lo que se espera que la nueva plataforma esté terminada en un periodo de cuatro meses tras el inicio de los trabajos.

Los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Córdoba han tenido que intervenir a primera hora de este jueves en una zona del incendio forestal de Cerro Muriano después de que una patrulla de la Guardia Civil alertara de la presencia de humo en el perímetro afectado por el fuego.

Según han informado fuentes del SPEIS, el aviso se ha recibido en torno a las 8:30, cuando los agentes han solicitado la presencia de los bomberos tras detectar una pequeña reactivación. Una dotación se ha desplazado hasta el lugar para sofocar el foco, que, según han precisado los propios efectivos, era de escasa entidad y no suponía riesgo de propagación.

La actuación se produce apenas unas horas después de que el Plan Infoca diera por extinguido oficialmente el incendio de Cerro Muriano. El dispositivo autonómico anunció a las 23:00 de este miércoles el fin del incendio, cinco días después de que se declarara el fuego y tras varias jornadas de intenso trabajo por parte de los medios de extinción.

El incendio de Cerro Muriano ha sido uno de los siniestros forestales que mayor atención ha concentrado durante los últimos días, tanto por el amplio despliegue de medios movilizados como por el seguimiento realizado por las autoridades y los cuerpos de seguridad.

Ha sido el incendio que más atención ha provocado tanto a las autoridades como para los efectivos de seguridad, pero ya ha tocado su fin. El Plan Infoca ha anunciado que el fuego de Cerro Muriano ha sido extinguido a las 23:00 de este miércoles, cinco días después de su declaración.

Y es que este incendio ha calcinado cerca de 200 hectáreas en la Sierra de Córdoba. Todo ello provocado el incendio de un camión de paja. De hecho, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Córdoba recibió el pasado viernes el aviso de que este vehículo estaba ardiendo en la N-432, dentro del término municipal de Córdoba y muy cerca de Cerro Muriano. Con el paso de los minutos, el fuego se fue extendiendo por toda la Sierra.

Tanto fue así que, conforme el incendio iba avanzando, la Junta de Andalucía, a través del consejero de Presidencia, Antonio Sanz, elevó a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan Infoca en la provincia de Córdoba. La preocupación era máxima y, de hecho, las autoridades solicitaron a la población que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. Además, el Ayuntamiento abrió el centro cívico de Cerro Muriano para atender a las personas que han sido desalojadas de forma preventiva. Sin embargo, las llamas no llegaron a alcanzar ninguna vivienda.

Eso sí, los daños han sido notables en la vegetación de la Sierra de Córdoba. Es por ello que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el real decreto por el que declara 211 zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil en catorce comunidades autónomas, entre ellas el incendio forestal de originado en el entorno de Cerro Muriano.

Ahora, las llamas han desaparecido oficialmente según el Plan Infoca y los ciudadanos del entorno pueden respirar ciertamente tranquilos. Sin embrago, este aviso podría no ser el último debido al estado de la vegetación, que está muy seca debido al alto calor y las grandes lluvias que cayeron a principios de 2026.

La provincia de Córdoba afronta uno de los veranos más complicados de los últimos años en materia de incendios forestales. Cuando todavía resta por delante el mes de agosto al completo, buena parte de septiembre y el periodo de alto riesgo no concluirá hasta mediados de octubre, el fuego ya ha arrasado 1.083 hectáreas, según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS-Copernicus), correspondientes al 28 de julio.

La cifra convierte a 2026 en el peor ejercicio desde 2021 y sitúa la campaña actual por encima del conjunto de superficie afectada durante los tres años posteriores. El dato resulta especialmente significativo porque el grueso de la temporada de incendios todavía está por delante, coincidiendo con las semanas en las que históricamente se registran las condiciones meteorológicas más extremas.

Los datos reflejan un cambio radical respecto a los años inmediatamente anteriores. Después de varias campañas relativamente contenidas, la provincia vuelve a superar la barrera psicológica de las mil hectáreas quemadas, un umbral que únicamente se había rebasado durante el grave verano de 2021.

La evolución de los incendios forestales durante el último lustro muestra enormes diferencias de un año para otro. En 2019 la campaña concluyó con unas 216 hectáreas afectadas, una cifra claramente inferior a la media histórica provincial. La mayor parte de la superficie calcinada correspondió a matorral —casi 150 hectáreas— mientras que el arbolado apenas representó unas 66 hectáreas.

Un año después, en 2020, la superficie quemada descendió hasta unas 80 hectáreas. Aquella campaña estuvo profundamente condicionada por la pandemia del coronavirus y las restricciones de movilidad, que redujeron notablemente el número de siniestros registrados.

El panorama cambió por completo en 2021. La provincia sufrió uno de los veranos más devastadores de las últimas décadas, con más de 1.067 hectáreas quemadas. Buena parte de esa cifra correspondió al gran incendio originado en el puerto del Calatraveño, en el término municipal de Alcaracejos, que por sí solo arrasó más de 600 hectáreas.

En 2022 la superficie afectada volvió a descender, aunque continuó siendo elevada. La combinación de sequía extrema, temperaturas récord y combustible vegetal muy seco provocó una campaña complicada que terminó con alrededor de 550 hectáreas calcinadas y obligó a un importante despliegue del Plan INFOCA.

El contraste llegó en 2023. Las abundantes lluvias registradas durante mayo y junio cambiaron completamente el escenario y permitieron cerrar una campaña considerada prácticamente anecdótica, con menos de 50 hectáreas afectadas, lo que supuso una reducción cercana al 91% respecto al año anterior.

Ahora, apenas cinco semanas después del inicio oficial del periodo de máximo riesgo, 2026 ya ha superado todas esas campañas salvo la de 2021.

Dos grandes incendios explican buena parte del balance

La estadística de este año está marcada por dos grandes incendios registrados prácticamente de forma consecutiva en el entorno de Cerro Muriano.

El primero de ellos tuvo lugar en la base militar situada en el término municipal de Obejo. El fuego afectó a 559 hectáreas, convirtiéndose en el mayor incendio forestal registrado este verano en la provincia y obligando a desplegar un amplio dispositivo de extinción durante varias jornadas.

Pocos días después se produjo un nuevo incendio en Cerro Muriano, originado tras arder un camión cargado de paja. Las llamas calcinaron 198 hectáreas, volviendo a movilizar numerosos medios terrestres y aéreos.

Entre ambos siniestros suman 757 hectáreas, es decir, cerca del 70% de toda la superficie afectada en la provincia durante 2026. El resto del balance hasta alcanzar las 1.083 hectáreas corresponde a diversos incendios de menor entidad registrados en distintos puntos de la provincia.

El peor dato cuando el verano aún no ha terminado

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas no es únicamente la cifra absoluta de superficie quemada, sino el momento del calendario en el que se alcanza.

Los registros de EFFIS corresponden al 28 de julio, cuando todavía resta por delante el periodo tradicionalmente más crítico para los incendios forestales. Agosto suele concentrar las olas de calor más intensas, una humedad ambiental muy reducida y episodios de viento que favorecen una rápida propagación de las llamas.

Además, el Plan INFOCA mantiene activado el periodo de máximo riesgo hasta mediados de octubre, por lo que aún quedan más de dos meses de campaña.

En consecuencia, el balance definitivo dependerá de la evolución meteorológica durante las próximas semanas, especialmente de la llegada de nuevas olas de calor o de episodios de viento que incrementen el peligro de propagación.

La provincia de Córdoba reúne una combinación de factores que la convierten en uno de los territorios andaluces más sensibles al fuego. La existencia de grandes masas forestales, extensas superficies de dehesa, monte mediterráneo y una amplia interfaz entre espacios naturales y zonas habitadas obliga a mantener una vigilancia constante durante todo el verano.

La experiencia demuestra además que, aunque la mayor parte de los incendios se extinguen en sus primeras fases, basta un único gran incendio para alterar completamente las estadísticas anuales, como ocurrió en 2021 y vuelve a suceder en 2026.

El precedente de la Sierra de Córdoba

La preocupación por los incendios forestales adquiere una dimensión especial en el entorno de la capital cordobesa. La Sierra de Córdoba ha protagonizado algunos de los episodios más graves registrados en Andalucía durante las últimas décadas y constituye una de las zonas con mayor concentración de viviendas en contacto directo con el monte.

Los grandes incendios sufridos históricamente en este enclave han condicionado la planificación de emergencias, la mejora de los sistemas de vigilancia y las campañas de prevención impulsadas por las distintas administraciones. La cercanía entre la masa forestal y numerosos núcleos residenciales convierte cualquier incendio de gran magnitud en una amenaza que trasciende el impacto ambiental y puede afectar directamente a miles de vecinos, como ya ha ocurrido en diferentes ocasiones.

La experiencia acumulada durante más de cuatro décadas de grandes incendios ha llevado a reforzar los protocolos de evacuación, los trabajos preventivos y la coordinación entre el Plan Infoca, los servicios de emergencias y los cuerpos de seguridad. Sin embargo, los episodios registrados este verano vuelven a poner de manifiesto que el riesgo continúa muy presente en una provincia donde las condiciones climáticas y la abundancia de combustible vegetal favorecen la rápida propagación de las llamas.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto por el que declara 211 zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil en catorce comunidades autónomas, entre ellas el incendio forestal de la Sierra de Córdoba, originado el pasado 25 de julio en el entorno de Cerro Muriano y considerado el más grave registrado este año en la provincia.

La declaración reconoce el potencial devastador del incendio, que obligó a desalojar de forma preventiva a 276 vecinos de urbanizaciones de la Sierra después de que un camión cargado de paja comenzara a arder en la carretera N-432 y las llamas se propagaran rápidamente al monte, favorecidas por el fuerte viento. El operativo del Plan Infoca logró evitar que el fuego alcanzara las viviendas tras más de 40 horas de intenso trabajo, dando primero el incendio por estabilizado y posteriormente por controlado, aunque todavía no ha sido declarado extinguido.

Según recoge el real decreto, el incendio de la Sierra de Córdoba forma parte de un listado que incluye algunos de los principales incendios registrados este año en España, como los de Madrid, Ávila y Toledo, que obligaron a activar la emergencia nacional; el de La Vall d'Uixó (Castellón); el de Los Gallardos (Almería), que causó trece fallecidos; además de otros incendios registrados en Galicia, Asturias, Murcia, Castilla y León, Cataluña y la Comunitat Valenciana.

Posibles ayudas

La declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil abre la puerta a la concesión de ayudas económicas y fiscales para paliar las consecuencias del incendio. Entre ellas figuran indemnizaciones por daños personales y materiales en viviendas y enseres, ayudas a establecimientos industriales, comerciales y de servicios, compensaciones a las corporaciones locales por los gastos derivados de la emergencia y subvenciones para particulares o empresas que hayan colaborado con medios personales o materiales durante la intervención.

Además, el Ministerio del Interior prevé la posibilidad de aprobar la exención de determinadas tasas de la Jefatura Central de Tráfico, como las correspondientes a la expedición de duplicados de permisos de circulación o conducción y las bajas de vehículos siniestrados, así como de las tasas para la expedición del Documento Nacional de Identidad.

El paquete de medidas contempla también beneficios fiscales, entre ellos la exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para los inmuebles afectados y reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Asimismo, los ministerios de Trabajo e Inclusión podrán aprobar medidas laborales y bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, mientras que el Ministerio de Política Territorial podrá financiar hasta el 50% de los proyectos de reparación de infraestructuras dañadas de titularidad municipal.

La declaración aprobada por el Gobierno incluye igualmente otros episodios de lluvias torrenciales, tormentas y desprendimientos registrados entre finales de marzo y el 27 de julio en distintas comunidades autónomas, aunque en el caso de Córdoba el reconocimiento se limita al incendio forestal de Cerro Muriano, cuya investigación continúa para esclarecer las circunstancias en las que el fuego se propagó desde el camión incendiado hasta la masa forestal.

La Sala de Justicia del Tribunal Militar Central ha fijado el calendario para la vista oral por el trágico suceso ocurrido en la base cordobesa de Cerro Muriano, donde fallecieron el soldado sevillano Carlos León y el cabo cordobés Miguel Ángel Jiménez. Según adelantó Radio Córdoba Cadena SER y ha podido confirmar este periódico, el juicio comenzará el próximo 26 de octubre y se extenderá, inicialmente, durante veinte sesiones repartidas entre los meses de octubre y noviembre.

El procedimiento se dirige contra cuatro mandos del Ejército de Tierra: el teniente coronel José Luis Zanfaño Hidalgo, el comandante Luis Fernando Velasco Quero, y los capitanes Ignacio Zúñiga Morillas y Jaime Tato Garrido. El tribunal ha programado las sesiones en horario de mañana y tarde, comenzando a las 09:30.

La acusación particular, ejercida por el abogado Luis Romero Santos en representación de la familia del soldado Carlos León, ha solicitado penas de diez años de prisión para cada uno de los cuatro oficiales encausados. Además de la privación de libertad, la acusación reclama la expulsión de la carrera militar, el pago de las costas judiciales y una responsabilidad civil que asciende a una cifra cercana a los 500.000 euros.

Los hechos que se juzgarán se remontan al suceso ocurrido en el ejercicio de paso de un lago artificial en la base de Cerro Muriano, una maniobra que, según la acusación, puso de manifiesto formas de proceder negligentes que deben ser erradicadas de la instrucción y formación del Ejército. Para la familia de las víctimas, este caso evidencia la necesidad de integrar la jurisdicción penal militar en la ordinaria, limitando la primera a cuestiones meramente administrativas.

El juicio contará con la intervención de diez partes con capacidad de interrogatorio, incluyendo tres acusaciones particulares, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la representación de una compañía aseguradora. Se ha previsto la comparecencia de más de cien testigos y peritos. Antes del inicio formal de la vista en octubre, el tribunal ha señalado el próximo 31 de julio para llevar a cabo la insaculación del Vocal Militar que deberá juzgar y fallar el procedimiento.

La familia del soldado Carlos León ha reiterado su compromiso de trabajar para que se depuren todas las responsabilidades y el caso no caiga en el olvido. A pesar de los intentos previos por parte de algunas defensas de sancionar al portavoz de la familia por sus declaraciones ante los medios, el Juzgado Togado Central archivó dichas actuaciones al considerarlas amparadas por el derecho a la libertad de expresión e información.

El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha solicitado varios informes periciales sobre el origen del incendio que este viernes quemó unas 200 hectáreas en las inmediaciones de Cerro Muriano. Según ha podido saber este periódico, los agentes que investigan el siniestro tratan de dilucidar si ha habido alguna imprudencia o se ha tratado de un accidente fortuito.

El fuego se inició cuando un camión cargado de paja comenzó a arder, por causas que aún se desconocen. El vehículo sufrió el siniestro a la altura del kilómetro 255 en dirección a Badajoz de la carretera N-432. El camión quedó junto a la cuneta, por lo que el fuego en su interior prendió rápidamente al monte cercano, el paraje conocido como Torreárboles (el punto más alto del término municipal de Córdoba). Además, el incendio devoró muy rápidamente el camión y el fuego provocó varias explosiones de los neumáticos del vehículo, lo que hizo que se extendiera rápidamente por el monte.

Los agentes del Seprona han solicitado informes periciales tanto a los agentes de Medio Ambiente, especializados en analizar este tipo de siniestros, como a otros expertos que permitan saber qué pudo ocurrir con el camión y cómo se incendió. También se ha solicitado documentación al propietario del vehículo sobre su estado y sus últimas revisiones.

De momento, los agentes no han citado a ninguna persona en calidad de investigado, hasta que no se determinen las causas que pudieron provocar el incendio en el camión cargado de paja, que justo acababa de superar un importante desnivel en la carretera N-432.

Mientras tanto, agentes del Infoca siguen en la zona del incendio. El fuego no se ha dado por extinguido, ya que sigue habiendo rescoldos que vuelven a humear y que tienen riesgo de una regeneración del fuego. Además, se ha investigado ya el interior del incendio y se ha determinado que hay zonas que no han ardido completamente, y arboleda que incluso ha podido sobrevivir.

El fuego ha afectado a unas 200 hectáreas, especialmente de la zona de Torreárboles. El incendio quedó acotado entre la nueva N-432 y la antigua carretera. Esta antigua carretera actuó como una especie de cortafuegos y facilitó mucho al Infoca los trabajos de extinción, ya que se pudo movilizar rápidamente maquinaria pesada. Los bomberos forestales también usaron fuego técnico para frenar el avance del incendio y evitar que pudiese superar la carretera y encajarse en la sierra, camino incluso de Córdoba capital.