Facua rechaza que el Movimiento Ciudadano avale un aumento para el taxi “contrario a la normativa de tarifas”

Facua Córdoba ha expresado este jueves su rechazo al “pronunciamiento del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) favorable a la propuesta de la asociación del taxi Autacor de incrementar un 4% las tarifas del servicio para 2027”, pues entiende que dicho aumento es “contrario a la normativa de tarifas”.

A través de una nota, la asociación, que no forma parte del CMC ni ha participado en la adopción de este criterio, considera “especialmente grave que el Consejo respalde nuevamente una propuesta que, además de sustentarse en una memoria económica incompleta, se apoya en criterios de actualización que no se ajustan a la normativa del sector, y mantiene conceptos de gasto cuya inclusión en las tarifas públicas Facua Córdoba viene cuestionando desde hace años”.

El CMC ha estimado razonable el incremento propuesto por Autacor “tomando como referencia la evolución del IPC” y, a juicio de Facua, “esta posición evidencia un desconocimiento del régimen jurídico que rige la revisión de las tarifas del taxi, que no permite actualizarlas mediante la aplicación automática de un porcentaje de inflación”.

Dicho régimen “exige que las tarifas se justifiquen sobre la base de costes reales, necesarios y directamente vinculados a la prestación del servicio, debidamente acreditados en la correspondiente memoria económica. La existencia de una memoria económica no exime de cumplir estos requisitos ni permite fundamentar la actualización en criterios distintos de los establecidos legalmente”.

La asociación también ha señalado que “un informe que se incorpora a un expediente cuya resolución repercute, en último término, en el bolsillo de la ciudadanía, exige mayor rigor y seriedad. Cabe esperar de un órgano de participación ciudadana emita sus pronunciamientos con arreglo a lo que establece la Ley y que vele, con especial diligencia, por los intereses de los usuarios”.

De esta forma, el CMC, al validar la citada subida, “respalda que se sigan trasladando a los usuarios cientos de miles de euros en gastos de emisora, gestoría, servicios externos” y otras partidas que Facua considera “improcedentes”, ya que “la normativa aplicable excluye determinados conceptos de la estructura tarifaria, por lo que no pueden repercutirse a los consumidores, con independencia de que figuren agrupados contablemente junto a otros gastos admisibles”.

Para Facua, es preciso “cuestionar que se incorporen a los precios del servicio gastos que, por su naturaleza o por estar expresamente excluidos por la normativa, no deben trasladarse a los usuarios”. En este sentido, “la memoria económica incluye en el cálculo de las tarifas 654.210 euros anuales bajo los conceptos de emisora, otros servicios y gestoría”.

Facua Córdoba considera que estas partidas “no reúnen los requisitos exigidos por la normativa para ser trasladadas a las tarifas”, y a ello se añaden “graves carencias de justificación en otras partidas que también se pretenden imputar a las tarifas, como los importes genéricos destinados a reparaciones, inversiones y equipamientos, así como determinados gastos financieros”.

En opinión de Facua, “la revisión de las tarifas debe ajustarse a la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, al Real Decreto 55/2017 y al Decreto andaluz 365/2009. Este marco exige que la actualización se fundamente en costes debidamente acreditados y vinculados a la prestación del servicio, y que se tengan en cuenta los factores que puedan compensarlos o reducirlos”.

Por todo ello, Facua Córdoba insta al Ayuntamiento “a examinar con rigor las alegaciones presentadas y a no aprobar el incremento mientras no se excluyan de la estructura tarifaria los conceptos que la normativa prohíbe imputar, y no queden suficientemente acreditados los restantes costes que se pretende trasladar a los usuarios”.

La aprobación de las tarifas “debe responder a criterios de legalidad, transparencia y justificación económica, y no a la aceptación automática de una subida porcentual propuesta por el sector, ni al respaldo acrítico de órganos de participación, que están llamados a velar también por los intereses de los consumidores”.