Facua critica que la Junta no multe a la concesionaria de la Estación de Autobuses

Facua Córdoba ha criticado este lunes que la Junta de Andalucía “haya decidido no sancionar a la empresa concesionaria de la Estación de Autobuses de Córdoba, pese a detectar irregularidades tras las inspecciones realizadas”, a raíz de la denuncia presentad por la asociación en octubre de 2025.

Según ha informado la organización de consumidores en una nota, en la fecha citada puso en conocimiento de la Junta “el incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de concesión que se estaba produciendo en la estación, especialmente en relación con la ausencia de personal en la torre de control durante determinadas franjas horarias”, y ello “pese a que el pliego de condiciones establece la obligación de contar con personal cualificado en un horario determinado”.

Ya en este año, el pasado febrero, Facua Córdoba preguntó a la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta en Córdoba sobre las actuaciones realizadas como consecuencia de su denuncia, y “no fue hasta el pasado mes de abril cuando realizaron las inspecciones correspondientes”.

La asociación considera que “este retraso de más de seis meses en actuar evidencia una grave pasividad de la Administración autonómica ante unos hechos que afectan directamente a la correcta prestación de un servicio público esencial, pues se compromete la atención de los usuarios y genera serias dudas sobre el verdadero control y supervisión que la Junta de Andalucía ejerce sobre la concesionaria (Vectalia) y el cumplimiento efectivo del pliego de condiciones”.

En su resolución, la Junta “reconoce expresamente” que, durante las inspecciones realizadas, “no existía personal ubicado en la torre de control” en determinadas franjas horarias. Sin embargo, “pese a admitir este hecho, concluye que no existe incumplimiento sancionable al entender que el servicio puede prestarse mediante cámaras, automatización y control remoto”.

Facua Córdoba ha señalado que “esta interpretación supone, en la práctica, vaciar de contenido las obligaciones establecidas en el pliego de condiciones de la concesión, sustituyendo de facto un servicio presencial previsto contractualmente por un modelo basado en control remoto y automatización, sin que conste modificación formal alguna del contrato público adjudicado”.

La asociación considera “especialmente preocupante que la Administración acepte cambios sustanciales en la prestación del servicio sin exigir el cumplimiento estricto de las condiciones recogidas en la concesión administrativa”, cuando resulta que “la ausencia de personal en la torre de control afecta directamente a la información a los usuarios, a la accesibilidad de las personas con discapacidad visual, a la coordinación de las dársenas y a las condiciones de seguridad en una estación con especiales dificultades de visibilidad”.

Además, Facua Córdoba ha criticado también que “la Junta haya reducido el problema a la inexistencia de incidencias graves durante las inspecciones, cuando el verdadero debate jurídico consiste en determinar si la empresa concesionaria está cumpliendo o no las obligaciones asumidas en el contrato público”.

Por ello, considera que dicha resolución “traslada un mensaje muy peligroso”, el de que “las empresas concesionarias pueden dejar de prestar servicios previstos en los pliegos siempre que la Administración considere que el sistema sigue funcionando”.

En consecuencia, Facua continuará haciendo “un seguimiento exhaustivo de la situación” y estudiará “nuevas actuaciones administrativas y jurídicas para exigir el cumplimiento íntegro de las obligaciones concesionales y la correcta protección de los derechos de los usuarios del transporte público”.