Vuelta de los 29 concejales al Pleno con enfrentamiento por la compra de mascarillas y el contrato de alumbrado

El Pleno de este 9 de julio ha sido el primero en el que han vuelto a estar presentes los 29 concejales del Ayuntamiento desde que se decretara el estado de alarma por la pandemia del Covid-19. En las sesiones que se han desarrollado en estos cuatro meses anteriores, solo el alcalde y los portavoces y algún concejal más han estado presentes, pues era la vía telemática la que se adoptó para poder producirse.

Esa vía telemática ha sido la que se ha mantenido aún ahora para los medios de comunicación y el público en general, pues en el Salón de Plenos solo han estado presentes los 29 concejales, distanciados y ocupando tanto sus bancadas como los asientos que habitualmente están reservados para el público que quiere asistir. Solo las personas que habían pedido la palabra para intervenir en alguno de los puntos del orden del día han podido acceder al Salón de Plenos, con las medidas de seguridad que el coronavirus ha hecho ya cotidianas, como el ges hidroalcohólico.

Con esas formas, el fondo de la sesión plenaria ha discurrido según lo previsto con el orden del día, con cuatro mociones consensuadas entre los seis grupos políticos y otras que han necesitado del debate. Pero, además, otros asuntos del orden del día han centrado parte del debate: por un lado la compra de 300.000 mascarillas contra el coronavirus que anunció el gobierno municipal en abril y se han comenzado a repartir a domicilio en julio, con un desembolso de 750.000 euros; y por otro lado, la comparecencia solicitada al delegado de Infraestructuras, David Dorado, para dar explicaciones acerca del contrato de suministro eléctrico para el Ayuntamiento, que había caducado y sobre el que pendían dudas sobre su tramitación y coste.

“Tardanza” y “donación” de las mascarillas

El gobierno municipal llevaba a tratar un expediente para destinar 750.000 euros a la compra de mascarillas, un montante que ha sido criticado por los grupos de la izquierda en la oposición, por detraer ese dinero de partidas de otras áreas y por la “tardanza” con la que han llegado esas protecciones. Desde IU se ha criticado que parte de ese dinero se obtenga de partidas destinadas al arbolado y al IMAE, además de señalar que el precio de las mascarillas está regulado por decreto y la población las tiene a su alcance, mientras que el PSOE ha afeado también la gestión de esta compra y ha anunciado que sus concejales donarán las mascarillas que les lleguen a su domicilio a personas o colectivos que las necesiten.

Desde el gobierno local, por contra, se ha defendido que las mascarillas son adecuadas ahora, cuando existen rebrotes de Covid-19 en distintos puntos del país, y ha argumentado que el dinero detraído del Instituto Municipal de Artes Escénicas corresponde a “eventos que no se van a poder celebrar”, en palabras del delegado de Hacienda, Salvador Fuentes.

Explicaciones sobre el coste del suministro eléctrico

Ese debate calentó motores para el enfrentamiento entre oposición y gobierno municipal que se esperaba con la comparecencia solicitada para que el teniente de alcalde de Infraestructuras diera explicaciones acerca del contrato de suministro eléctrico del Ayuntamiento, un contrato que se ha hecho meses después de que el anterior caducara y con las acusaciones de la oposición de tener un mayor coste para las arcas municipales.

Dorado dio en sus explicaciones fechas y detalles de la gestión hecha con este contrato, sobre los cambios de criterio sobre si hacer el contrato directamente por el Ayuntamiento o adherirse al de la FEMP, el retraso en la tramitación, las recomendacios de los técnicos en la gestión y, basó su argumentación en que, finalmente, el contrato vigente es de 5.327.000 euros, muy por debajo de los 9 millones que figuraba en la plataforma de Contratación y cuya cifra había encendido las acusaciones de la oposición por el mayor gasto que suponía.

Los grupos de la oposición, no obstante, han criticado duramente la gestión de Dorado en este contrato, por el retraso de meses en su tramitación, por la inseguridad jurídica en que ha estado el suministro eléctrico del Ayuntamiento en los primeros meses del año sin contrato y por el coste del mismo, si no ya por que sea de la cifra que constaba oficialmente en la plataforma de Contratación, sí porque con verse reducido ahora a 5,3 millones, se dejan fuera las mejoras en cuanto a eficiencia enérgetica que se habían obtenido en contratos del anterior mandato.

Homenaje a las personas mayores e inversiones

Fuera del debate se quedaron otros puntos del orden del día, donde los grupos políticos del Pleno han llegado a un consenso, entre ellos la de ofrecer un homenaje a las personas mayores, con una calle o una plaza en la ciudad, además de con un monumento que se financie con aportaciones de los propios cordobeses, según figuraba en una moción presentada por Vox.

Asimismo, los grupos políticos han llegado a un acuerdo para instar tanto al Gobierno central como al de la Junta de Andalucía a realizar las inversiones que ambos tienen pendientes con Córdoba, con infraestructuras y obras que han reclamado para que se incluyan de cara a los proyectos de presupuestos que ambas administraciones elaboran ya para 2021. La Variante Oeste, el Museo de Bellas Artes, la construcción de una nueva salida del Polígono de las Quemadas a la A-4, la construcción de nuevas comisarías, el desdoblamiento de la carretera de Palma del Río, un plan de desarollo económico y empleo o de la estrategia logística de Córdoba, están entre esas peticiones que se han incluido.

E, igualmente, también en cuanto a inversiones, se ha dado luz verde a consensuar con los vecinos de Villarrubia, a través del consejo de distrito, las mejoras y obras que requiere la barriada periférica.

Apoyo a los feriantes y reclamación de financiación al Gobierno

El Pleno ha acordado también una moción en apoyo al sector de los feriantes, que han sufrido la actual crisis de lleno, al no poder acogerse a ayudas al estar sin actividad en el mes de marzo.

Mientras, no ha habido acuerdo sino debate enfrentado entre la bancada de la derecha y la izquierda con una moción presentada por el PP para reclamar al Gobierno de España que realice la transferencia de la deuda que el Gobierno andaluz ha cifrado en 1.535 millones de euros: 800 millones de transferencias en políticas activas de empleo, 537 millones de recaudación del IVA y el resto en concepto de inversión por población. PP, Cs y Vox han sacado adelante esta propuesta con la suma de sus votos, mientras que PSOE, IU y Podemos han votado en contra.