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Vía libre para Gómez: nueva prórroga al fallo de Malaya

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Antonio Gutiérrez

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El Tribunal Supremo retrasa por tercera vez la sentencia, que no se conocerá hasta el próximo mes de julio | Vuelve a justificar el retraso en el volumen y la complejidad de la macrocausa de corrupción urbanística

Rafael Gómez puede respirar tranquilo y dedicarse de lleno a la campaña electoral. El Tribunal Supremo anunció ayer que retrasa por dos meses la resolución del recurso del Ministerio Fiscal contra la sentencia del caso Malaya por el que el empresario y líder de Unión Cordobesa fue condenado en su día a una pena de 6 meses de prisión y 150.000 euros de multa. Se trata de la tercera prórroga que se produce para resolver un recurso cuya resolución planeaba sobre la recién iniciada campaña electoral.

Acerca de los motivos para este tercera prórroga, los magistrados del Supremo vuelven a apelar al volumen y a la complejidad de la causa, que lleva en el Alto Tribunal desde el pasado mes de julio, fecha en la que se dio audiencia a todas las partes implicadas para escuchar sus alegaciones. En su escrito de recurso, y en concreto en el caso de Rafael Gómez, el Ministerio Fiscal reclamó que se le impusiera la pena inicialmente solicitada: 18 meses de cárcel y una multa de 1,2 millones como presunto autor de un delito de cohecho activo.

En su día, octubre de 2013, la Audiencia Provincial de Málaga redujo la petición de cárcel que reclamaba el Ministerio Fiscal al considerar que se había producido una detención irregular. Ante esto, y en su escrito de casación, la acusación pública señaló que este argumento era totalmente novedoso y “por decirlo de una forma no agresiva, altamente irregular” y debía ser corregida por el Alto Tribunal aceptando su recurso de casación.

De esta manera, Gómez, que ayer en la pegada de carteles declaró que le “daba igual el fallo del Supremo”, ha evitado en esta campaña electoral tanto una posible inhabilitación por el caso Malaya como sentarse en el banquillo de los acusados por el caso de presunto delito fiscal que desde el año 2009 se instruye en los juzgados cordobeses y que, en estos momentos, se encuentra a la espera de calificación por parte del Ministerio Fiscal, algo que, según las fuentes consultadas en su día, no se producirá “con suerte” hasta este verano.

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