La Policía cree que las irregularidades en Infraestructuras arrancan desde que el funcionario investigado sacó su plaza

David Dorado presenta la obra de alumbrado en avenida de Libia, que dio inicio a la investigación.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en Córdoba cree que las irregularidades de las que sospecha en el llamado caso Infraestructuras (que aluden a una trama organizada para amañar contratos menores en el Ayuntamiento de la capital) se remontan “varios años atrás” a la denuncia que dio pie a la investigación, referida a obras del Plan de Choque del 2020. En concreto, los policías la circunscriben al “momento cercano” a la toma de posesión del presunto cabecilla de los hechos, el funcionario que fue nombrado por el concejal David Dorado como jefe del mantenimiento de Edificios Municipales y Colegios Públicos. Este funcionario logró acceder a su plaza el 17 de agosto de 2018 “mediante concurso e interposición de recurso contencioso administrativo”, recuerda en su último auto el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, encargado de las diligencias de este caso.

Así, la Policía señala que todas las líneas de investigación abiertas pivotan sobre este funcionario y sobre todo hasta cuándo siguió en activo en el cargo. El funcionario fue cesado por un decreto firmado el pasado 20 de septiembre, según señala el juez en su auto. Por eso, el juez señala que sus presuntas actuaciones irregulares, y que investiga la Policía, van “mucho más lejos” del caso inicial, referido únicamente a un presunto fraccionamiento irregular de contratos del Área de Infraestructuras que iban a ser financiados con el medio millón de euros dispuesto en el Plan de Choque.

Las cuatro nuevas líneas de investigación de la Policía emanan precisamente del oficio que les libró este juez para aclarar qué había pasado con los contratos. Al revisar en profundidad lo que sucedía en el área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba se habría confirmado la presunta existencia de “auténticas connivencias entre determinados contratistas” y el funcionario investigado, “connivencias que permitían constatar la elección de empresas dominadas de hecho por las finalmente contratadas”, explica el juez. Así, se lograban eludir los sistemas de control, “las obligaciones de la legislación sobre contratación pública en materia de transparencia y concurrencia competitiva” y “el mandato expreso de la instrucción del Ayuntamiento” del 17 de febrero de 2019.

En su auto, el magistrado señala cuáles son las cuatro nuevas líneas de investigación. Así, señala una “facturación falsa o sobredimensionamiento del ejercicio 2022” en el Área de Infraestructuras, una segunda línea relacionada con el supuesto intento de David Dorado de cobrar una mordida al dueño de una agencia de publicidad de Córdoba, una tercera sobre los presuntos sobornos cobrados por el funcionario investigado en la trama y una cuarta sobre el “supuesto intento de destinar fondos púbicos del Ayuntamiento de Córdoba para la impermebealización del aparcamiento de la plaza de Cuba”.

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