Piden un año y medio de cárcel por la venta engañosa de una finca en Córdoba prometida como coto de caza

La Fiscalía de Córdoba pide un año de prisión para un hombre al que acusa de haber engatusado a un comprador haciéndole creer que adquiría una propiedad plenamente calificada como coto de caza para la captura de jabalíes y muflones.

Según recogen las conclusiones provisionales del escrito del Ministerio Fiscal, el acusado actuó impulsado por un ánimo de ilícito beneficio económico. Durante las negociaciones, hizo creer al comprador que el objeto principal de la finca era su explotación como coto de caza y que se transmitiría con dicha titularidad, siendo la práctica de la caza la razón determinante por la que la víctima decidió emprender la compra.

Para cerrar el negocio, las partes acordaron tanto un precio por la finca como un importe adicional por los derechos a formar parte de la sociedad vinculada a la actividad cinegética. Bajo las indicaciones del vendedor y con la firme seguridad transmitida por este de que en la finca podría cazar jabalíes y muflones, el comprador procedió a firmar en primer lugar un contrato de arras, mediante el cual entregó una suma de dinero en concepto de reserva.

Posteriormente, y persistiendo en la misma creencia engañosa de que la finca era en efecto un coto cinegético operativo, el comprador suscribió un contrato de promesa de compraventa de participaciones sociales de la sociedad matriz, realizando una segunda entrega de dinero al acusado.

Sin embargo, tras desembolsar dichos importes, el comprador constató que la finca no reunía las condiciones y características prometidas en la venta y que se le habían ocultado graves deficiencias legales e infraestructurales. Además, la finca no contaba con las hectáreas mínimas requeridas para configurarse como coto de caza por sí misma, siendo indispensable disponer de la cesión de derechos de fincas colindantes.

Igualmente, comprobó que la propiedad adolecía del correspondiente Plan Técnico de Caza, documento administrativo obligatorio sin el cual no se permite ejercer actividad cinegética alguna. Dicho plan no pudo emitirse debido a irregularidades detectadas en la propia finca, entre las que destaca la presencia de un cercado con cable de acero. Debido a estas deficiencias estructurales y legales, resultaba imposible cazar jabalíes o muflones en el terreno.

En la actualidad, el comprador no se encuentra en posesión de la finca ni se le han devuelto los importes económicos entregados al acusado, motivo por el cual el perjudicado reclama la devolución íntegra del dinero abonado.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de estafa por el que pide un año y medio de prisión, el pago de las costas y la obligación de indemnizar a la víctima con todas las cantidades abonadas. El juicio prevé celebrarse la semana que viene en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.