Una pareja se enfrenta en Córdoba a 70 años de cárcel por secuestrar y violar a una mujer a la que captaron como vientre de alquiler

Una pareja de Córdoba -un hombre y una mujer- se enfrenta a más de 70 años de cárcel cada uno por secuestrar y violar a una mujer a la que captaron como vientre de alquiler, una práctica ilegal en España. El juicio iba a celebrarse esta semana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba, pero el tribunal tuvo que suspenderlo después de que la acusada no se presentara, por lo que se ha dictado la correspondiente orden de búsqueda y captura.

Se trata del primer caso de vientre de alquiler en Córdoba que trasciende a los medios de comunicación. La calificación del Ministerio Fiscal, a la que ha accedido este periódico, narra un auténtico horror que la víctima habría vivido en apenas ocho días en el primer trimestre de 2022. Ella es una mujer peruana, con muy pocos recursos, que decidió ser vientre de alquiler para esta pareja, pero acabo siendo secuestrada y violada.

Los hechos se remontan a la segunda quincena de diciembre de 2021, fecha en la que los acusados se pusieron en contacto a través de Facebook con la víctima, que se encontraba en Perú. Ambas partes convinieron un acuerdo económico de entre 15.000 y 20.000 euros a cambio de que la mujer viajara a España, residiera en su domicilio y se quedara embarazada del hombre manteniendo relaciones sexuales. Los procesados también le prometieron ayudarla a obtener los papeles necesarios para residir legalmente en el país.

La víctima aterrizó en el aeropuerto de Sevilla en enero de 2022, donde fue recogida por el matrimonio para trasladarla a su vivienda en Dos Torres. Pese a que la víctima manifestó desde el principio su deseo de que el procedimiento se llevara a cabo mediante inseminación artificial, la pareja se negó por motivos económicos y la obligó a mantener un primer encuentro sexual el 31 de enero.

La víctima fue violada hasta cinco ocasiones

La violencia continuó al día siguiente, el martes 1 de febrero de 2022, cuando la víctima se negó a mantener nuevos encuentros al recordar que el pacto contemplaba una única relación. Ante su negativa, la acusada atemorizó y gritó a la víctima, hizo subir a su esposo al dormitorio y cerró la puerta con llave para que mantuviesen relaciones sexuales en contra de su voluntad.

Pero los abusos y las coacciones se repitieron en los días sucesivos. El 3 de febrero, y ante una nueva negativa, la acusada amenazó a la víctima con ir a por un cuchillo y matarla. El procesado volvió a agredirla sexualmente y, al no lograr excitarse, su mujer lo masturbó y obligó a la víctima a tumbarse para consumar el acto. El 4 de febrero, la acusada insultó gravemente a la víctima llamándola “puta, zorra, perra” y reiteró que la mataría si no accedía. El acusado volvió a violarla. Como medida de control, el matrimonio cortó el wifi de la vivienda para aislarla de su familia.

El 5 de febrero, al comunicar la víctima que un tío suyo pasaría a recogerla, la procesada enfureció, le propinó un puñetazo en la cara y le aseguró que solo saldría muerta de la casa. Los procesados cerraron todas las puertas de la vivienda y mantuvieron el wifi cortado, obligándola de nuevo a mantener relaciones esa misma noche.

Durante los días 6 y 7 de febrero continuaron las agresiones físicas y sexuales. Según la Fiscalía, la acusada agarró del pelo a la víctima y la golpeó en la cara. En ese instante, el procesado -defendido por la letrada Aurora Díaz- le recriminó su comportamiento. Además, la víctima sufrió una nueva violación después de que la procesada la agarrara del pelo nuevamente. El 8 de febrero, esta mujer la amenazó de nuevo, asegurándole que de la casa no iba “a salir viva”, sino “ahorcada y muerta”. Ese mismo día, aprovechando que los acusados no estaban en la casa, pudo abrir un cerrojo oxidado de una puerta y huir, acudiendo de inmediato a la Guardia Civil.

Las peticiones de pena totales superan los 140 años de cárcel

De acuerdo a este relato de hechos, la Fiscalía pide para cada uno de ellos 65 años de prisión por los cinco delitos de agresión sexual. Además, solicita 15 años de libertad vigilada posterior, diez de inhabilitación para profesiones con menores y 25 de prohibición de aproximación.

A esta pena hay que sumar otros cinco años para cada uno por detención ilegal. De este modo, por ambos delitos, las peticiones de prisión son de 140 años. Además, la procesada se enfrenta a 15 meses de prisión por tres delitos de amenazas y una multa de 1.080 euros por dos delitos de maltrato de obra.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la víctima con 20.000 euros por los daños morales causados.