La Junta destaca las mejoras en turno de oficio como garantía para asistencia jurídica a víctimas de violencia de género

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha defendido este martes que las mejoras realizadas por la Consejería en el sistema de Justicia Gratuita son una garantía para la asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género, quienes tienen derecho a un abogado de oficio “sea cual sea su renta” sin tener que acreditar la falta de recursos económicos para ser beneficiarias.

El consejero ha inaugurado en Córdoba junto a la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Rosario Alarcón, y el decano del Colegio de la Abogacía cordobesa, Carlos Arias López, un curso de formación especializado sobre violencia de género para letrados de oficio. En Córdoba, forman parte del mismo 739 profesionales, de los que más del 58% forman parte del turno especializado de violencia de género (431).

En concreto, las consejerías de Justicia y de Inclusión Social han organizado un ciclo de once cursos, la mayoría de los cuales ya se han celebrado, en todos los colegios de abogados de Andalucía --el jueves se celebrará en Lucena (Córdoba)-- para actualizar sus conocimientos ante los cambios normativos, pero también fomentar la sensibilidad y empatía que deben tener los letrados que atienden a las mujeres víctimas de violencia de género que, para Nieto, “trasciende lo puramente jurídico, son también un soporte psicológico”.

El consejero de Justicia ha defendido que “todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para que ese reto de acabar con la violencia de género sea una realidad”. Aunque la elevada cifra de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas de este año --17 en Andalucía y 51 en España-- hacen que ese reto parezca “casi imposible”, el consejero de Justicia ha incidido en que “la colaboración es el camino y tenemos que perseverar en él, y la formación es la mejor herramienta”.

Estos cursos forman parte de la estrecha colaboración entre las consejerías de Justicia y de Inclusión Social, que recientemente han suscrito un protocolo para mejorar la coordinación entre los recursos del IAM y el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA), que atiende a víctimas de todo tipo de delitos, si bien el 43% son mujeres que han sufrido violencia de género.

Una “deuda” saldada

Al igual que la de los profesionales del SAVA, Nieto ha destacado la importante labor social que realizan los 8.900 abogados inscritos en Andalucía en el turno de oficio --4.400 de ellos en el turno especializado de violencia de género--. Una labor que la Consejería ha reconocido incrementando sus compensaciones económicas, “injustamente congeladas desde 2009”. “Teníamos una deuda con ellos, sin quienes sería imposible prestar el servicio de Justicia Gratuita”, ha subrayado.

Así, ha anunciado que este lunes se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la nueva orden de módulos y bases que incrementa las retribuciones hasta un 20% y que se aplicará a los servicios que presten desde el 1 de enero de 2024 ('https://juntadeandalucia.es/boja/2023/217/3'). No obstante, ya este año perciben un 4% más, conforme al acuerdo alcanzado con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca) mientras se tramitaba la norma, que también ha sido consensuada.

Igualmente, ha valorado que este año se han incrementado las guardias autorizadas a los colegios profesionales para habilitar, por primera vez, 7.300 específicas para la asistencia en casos de violencia de género, “algo que no existía y que pedían los colegios”. Y también se ha incrementado en torno a un 30% la retribución de las guardias según los procedimientos.

Pago del tercer trimestre

Precisamente se ultima el pago de los servicios prestados en el tercer trimestre del año, que fueron certificados por los colegios el 30 de octubre. La previsión es que el dinero llegue al Cadeca a finales de esta semana o principios de la próxima, dentro del marco de los 15 días hábiles desde que presentaron las certificaciones de los servicios realizados, aunque “legalmente no hay un plazo fijado”, ha indicado.

Para Nieto, “todas estas medidas muestran el compromiso de la Consejería con los profesionales de la Abogacía, que son quienes asisten al justiciable y, especialmente a los usuarios del sistema de Justicia Gratuita”, a lo que ha agregado que “este servicio es el garante del derecho a la Justicia a las personas más vulnerables por la falta de recursos económicos para pagarse un abogado privado o por ser víctimas de determinados delitos, como la violencia de género, la trata de seres humanos o el terrorismo”, dado que “en ese caso resultan beneficiarias sin tener que acreditar su situación económica”.

DAR MÁS HERRAMIENTAS

Por su parte, la coordinadora provincial del IAM ha subrayado que esta formación especializada a los profesionales de la Abogacía forma parte de “una estrategia del Gobierno andaluz de fortalecer y dar más herramientas a las víctimas de violencia de género en ese difícil y durísimo camino que es dar el paso a la denuncia”.

“En ese paso necesitan una sensibilización especial para que no se echen atrás, que ratifiquen la denuncia, porque eso salva vidas”, ha explicado Alarcón, quien ha añadido que el protocolo entre ambas consejerías también prevé la formación especializada a todo el personal del SAVA por parte del IAM.

Y el decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba ha agradecido la “apuesta” de la Junta por la formación de los profesionales y el reconocimiento a los que forman parte del turno de oficio con la nueva orden reguladora de sus compensaciones económicas, a la vez que ha incidido en que “para luchar contra la violencia de género todo lo que se haga es poco”.

En concreto, el magistrado Antonio José Puntas, la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer y Violencia en el Ámbito Familiar, Silvia Berdugo, y la letrada Concepción Ortega han sido los ponentes de las jornadas de este martes en el Colegio de Abogados de Córdoba a las que también han asistido el director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Esteban Rondón, y la delegada territorial de Justicia de la Junta, Raquel López.