La jueza del accidente de Adamuz da diez días a la Guardia Civil y los peritos para que informen del caso

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, ha dado un plazo de diez días a la Guardia Civil, a los peritos judiciales y a la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (Aitat) para que informen del caso.

Así lo expone en una providencia del día 6 de noviembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, a la vista del “estado de las actuaciones y atendido el tiempo transcurrido desde la incoación de la presente instrucción, la especial complejidad de los hechos investigados y la necesidad de impulsar su esclarecimiento, encontrándose pendientes diligencias de investigación y la elaboración de informes periciales de especial relevancia”, de ahí que considera procedente “recabar información actualizada, a fin de valorar el resultado de lo actuado y ulteriores diligencias”.

En consecuencia, pide a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Benemérita que le remita un avance del estado de investigación, con las actuaciones practicadas, resultados obtenidos, diligencias pendientes y previsión de conclusiones a la vista de lo actuado; a los peritos judiciales, que remitan un avance del estado de elaboración del informe pericial encomendado, incluyendo resultados preliminares disponibles y actuaciones pendientes, y a la Aitat, que le envíe un avance del estado de su investigación técnica y estado en el que se encuentra, “ello sin perjuicio de la autonomía y régimen propio de su investigación”.

Igualmente, la jueza aclara a la empresa Haslerrail que el informe técnico que deberá presentar en el plazo requerido por ser el fabricante de los registradores jurídicos --cajas negras-- y proveedor de herramientas necesarias para el acceso, visualización y presentación de la información registrada, “deberá de ser un informe técnico descriptivo de las actuaciones realizadas durante la práctica de la diligencia y de los resultados obtenidos en el ámbito de sus competencias --asistencia en la carga y visualización de los registros, identificación y explicación técnica de las señales, configuración de vistas gráficas y cronología, comprobaciones propias del sistema de registro que resulten necesarias, etc.--”.

También, aclara a los restantes técnicos intervinientes --salvo peritos judiciales-- en la práctica de la diligencia de acceso, descifrado e interpretación de los datos de los registradores jurídicos --cajas negras-- de los trenes Alvia e Iryo siniestrados señalada para el jueves de esta semana, que su informe “deberá de alcanzar la interpretación del comportamiento global de cada tren, correlación funcional de sus distintos subsistemas, determinación de posibles causas y factores contribuyentes del accidente y demás extremos que puedan plantearse durante la práctica de la diligencia que recaigan en el ámbito de sus competencias de interpretación”.

Asimismo, solicita al Ministerio Fiscal que informe sobre el traslado de los cinco vagones del tren Iryo siniestrado, a la vista de la propuesta efectuada por ILSA, para el desplazamiento de los bogies por carretera a Pinto (Madrid), que se encuentran provisionalmente precintados en la estación de Villanueva de Córdoba, todo ello para una inspección de la parte inferior, así como sobre la inspección visual y posible traslado de los vagones 6, 7 y 8, los más afectados en el siniestro.

Traslado del Iryo siniestrado a Madrid

En relación con el citado traslado, los peritos judiciales entienden “adecuada” para los objetivos de la investigación en curso la denominada 'propuesta alternativa' presentada por ILSA, consistente en la separación de los bogies del resto de los coches --cajas-- y traslado de los primeros por carretera al taller de mantenimiento de Alstom en Pinto (Madrid).

Según recogen en un escrito del día 7 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, creen que “esta actuación permite precintar los bogies, asegurando su custodia y, eventualmente, su posterior inspección en otras fases del presente procedimiento, garantizando la conservación de la prueba en el taller designado”.

De igual modo, consideran que las cajas de los coches 1 a 5, tras la separación de los bogies, “no presentan interés en la investigación en curso y pueden ser liberadas” salvo criterio en contra de la jueza, a la vez que ven “necesario asistir e inspeccionar visualmente el proceso de desacople, izado y depósito de dichas cajas en los medios de transporte que ILSA disponga”, suponiendo que serán remolques plataforma para su traslado por carretera.

Al respecto, afirman, “como muy bien apunta ILSA en su solicitud”, que el momento de separación de las cinco cajas de los bogies es “especialmente idóneo para la inspección visual de elementos no fácilmente accesibles en otros momentos”. “Aparte de los bogies y sus distintos elementos en sí”, resaltan que es “muy conveniente la inspección visual de los elementos de unión entre coches, chasis inferior y otros de los coches 1 a 5 que pudieran ser susceptibles de haber dañado --ya sea por arrastre o enganchón-- a la infraestructura en el momento del accidente o inmediatamente antes”.

En este sentido, destacan que “esta labor de inspección visual de la parte inferior de los coches es extensible y necesaria a los coches 6 a 8, que no son objeto de esta providencia y que posteriormente, sin haberse definido aún cómo o cuándo, deberán ser retirados de su ubicación”.