Un juez investiga la destrucción masiva de información y accesos no autorizados a los sistemas de Asaja en Córdoba

La Sección de Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Córdoba, mediante auto de 18 de septiembre de 2026, ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Córdoba (Asaja Córdoba), según ha informado la patronal agraria a través de una nota de prensa. La resolución acuerda la incoación de diligencias previas y, entre otras actuaciones, la remisión de la querella y de la documentación aportada a la unidad especializada en nuevas tecnologías, a fin de que investigue los hechos y proponga las diligencias que resulten procedentes.

Los hechos se remontan a comienzos de febrero de 2026, cuando Asaja Córdoba se vio en la necesidad de encargar una auditoría informática. La auditoría, según Asaja, permitió constatar el borrado masivo de información alojada en el servidor central de la entidad, así como la eliminación íntegra del contenido de los dispositivos corporativos asignados a un antiguo alto directivo.

Los informes periciales forenses incorporados al procedimiento describen, entre otros extremos, la eliminación de más de 90.000 correos electrónicos corporativos —32.640 de ellos en una sola mañana—, la reducción deliberada del periodo de conservación de las copias de seguridad, la pérdida de cientos de miles de archivos y la existencia de accesos no autorizados y reiterados a los buzones de correo de otras trabajadoras de la organización. El auto califica provisionalmente estos hechos como constitutivos de posibles delitos de daños informáticos.

No es esta la primera resolución judicial relacionada con los hechos. La Sección de lo Social (Plaza n.º 5) del Tribunal de Instancia de Córdoba, en sentencia de 1 de septiembre de 2026, desestimó íntegramente la demanda de tutela de derechos fundamentales interpuesta por una de las antiguas trabajadoras, hoy investigada, por la supuesta vulneración de su derecho a la intimidad con ocasión de la intervención de su ordenador corporativo durante la auditoría. La sentencia califica la actuación de Asaja Córdoba de “necesaria, idónea y proporcionada”, constata que no se accedió a documentación privada de la trabajadora y declara probados tanto el borrado de unos 45 GB de información del sistema de copias de seguridad de la entidad —“el equivalente a 33.000 ejemplares de El Quijote, para hacernos una idea de la magnitud del desastre”, en palabras de la propia resolución— como el formateo de los dispositivos corporativos del antiguo alto directivo.

Durante los últimos meses, Asaja Córdoba ha mantenido “un deliberado silencio institucional frente a las informaciones publicadas en diversos medios de comunicación que ponían en duda la gestión de su actual presidente y de su Comité de Dirección, en un contexto de contestación interna impulsada por un reducido grupo de personas próximas a alguno de los investigados. La organización ha preferido no responder a lo que considera ataques injustificados, muchos de ellos basados en informaciones no contrastadas, y ha centrado todos sus esfuerzos en la defensa de los intereses de sus asociados y en el esclarecimiento de los hechos por los cauces legalmente establecidos, evitando cualquier pronunciamiento que pudiera comprometer el curso de las investigaciones. Ese trabajo, desarrollado con discreción y responsabilidad, se ha traducido en las diligencias judiciales que ahora se hacen públicas”.