La Fiscalía acusa de “prevaricación” a la alcaldesa de Aguilar por varios contratos menores

La Fiscalía de Córdoba ha acusado de prevaricación a la alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Carmen Flores (IU) y al alcalde accidental Antonio Maestre por aprobar, entre 2019 y 2022, gastos que tenían reparos de la intervención o por hacer “utilización indebida” de la contratación menor y el “fraccionamiento ilícito de contratos”. 

Según el escrito de Fiscalía, facilitado a este periódico, el ministerio público se suma a una denuncia previa formulada por dos partidos de la oposición, Unidad Popular de Aguilar y Progreso y Democracia de Aguilar. 

Así, la calificación de la Fiscalía apunta a que, desde mayo de este año, se han requerido al Ayuntamiento informes de omisión de fiscalización previa entre 2019 y 2022, así como dos expedientes denunciados por presuntas irregularidades: la aprobación de una ejecución de una escultura de bronce, con un gasto municipal de 36.905 euros, adjudicada a un único licitador; y la adquisición de una finca para un derribo conjunto por un precio superior a la tasación del arquitecto municipal. 

Respecto esta última cuestión, la información con la que cuenta la Fiscalía es que la tasación del arquitecto municipal fue de 27.136 euros (más el 10% de avenencia), mientras que la propietaria fijó la venta en 53.450 euros, y que la alcaldesa optó por la compraventa y no por un proceso de expropiación.

Por todo ello, la Fiscalía entiende “la posible existencia de un delito de prevaricación”, que trasladó el 18 de octubre al juzgado de Instrucción, así como a las partes implicadas.

Este periódico ha intentado contactar con la alcaldesa de Aguilar, que ha declinado hacer declaraciones.