Las empresas investigadas por el Caso Infraestructuras han facturado 6,2 millones al Ayuntamiento

6,2 millones. Ésta es la cantidad facturada al Ayuntamiento de Córdoba por las seis empresas que están siendo investigadas por el presunto fraude en el Área de Infraestructuras. Al menos eso es lo que se desprende de dos atestados policiales de la unidad que investiga el caso y a los que ha tenido acceso este periódico.

6,2 millones de euros es la suma de 2,6 millones de euros de las facturas al Ayuntamiento de las tres primeras empresas investigadas, que derivó en una decena de detenciones el pasado mes de diciembre, más los 3,6 millones de euros de los recibos de otras cuatro compañías más pertenecientes a dos empresarios que fueron arrestados este mismo mes de febrero. Eso no significa que todas las facturas sean fraudulentas, pero la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en Córdoba señala en uno de sus atestados que “solamente se ha hecho un muestreo de las facturas debido a la superlativa cantidad de documentación a analizar”.

Estos dos atestados forman parte ya de los cuatro tomos del sumario en el que va creciendo el Caso Infraestructuras, policialmente llamado operación Caronte, y que está dirigido por el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz. En marzo, Rodríguez Laínz citará a declarar a las 15 personas que ya han sido detenidas e imputadas, y a las que la Policía Nacional acusa de haber formado una trama para evitar los controles del Ayuntamiento y adjudicar contratos de obras sin los principios básicos de publicidad, transparencia y libre concurrencia.

De hecho, la esencia del Caso Infraestructuras está en investigar si existió una trama que tendría en la cúspide al funcionario jefe de Mantenimiento de Edificios Públicos Municipales, a la excoordinadora de Infraestructuras, María Luisa Bueno, y al concejal delegado entre 2019 y 2021, David Dorado, para la adjudicación de contratos a estas seis empresas a cambio de beneficios. En el caso del funcionario, la investigación habría constatado que habría disfrutado de estancias en hoteles y la asistencia a partidos de fútbol (como la remontada del Real Madrid en Champions League frente al Manchester City, o un encuentro de Copa del Rey entre el equipo merengue y la Real Sociedad) y que los mismos los habrían abonado los empresarios beneficiarios de estos contratos.

De momento, no se habría encontrado cohecho ni en la excoordinadora ni en el propio Dorado. En el caso de Dorado se le imputa un intento de cohecho, en unas diligencias donde la Policía interrogó al propietario de una agencia de publicidad en Córdoba a la que, presuntamente, el concejal trató de “corromper”, según el atestado, ofreciéndole contratos y la creación de empresas para posteriormente repartirse el dinero entre él y la coordinadora, siempre según lo que ha descrito la Policía Nacional en sus informes.

Los 6,2 millones de euros facturados por estas empresas se corresponden exclusivamente a los ejercicios presupuestarios de 2020 a 2022, según costa en los atestados policiales. Todas obras en poder de la Policía Nacional y todas han sido remitidas por el Ayuntamiento después de que la UDEF se las requiriera, según aparece reflejado en el sumario judicial.

De hecho, la propia Policía Nacional señala en su informe que el Ayuntamiento de Córdoba “debería realizar una auditoría de las facturas emitidas por las sociedades encartadas para poder valorar el perjuicio económico real” del Caso Infraestructuras en sus arcas públicas, consta en uno de los atestados, firmado por el responsable de los agentes y de una investigación que se inició en Córdoba en el año 2021, después de una denuncia presentada por Izquierda Unida y Podemos.

El caso Infraestructuras se divide ya en siete causas diferentes

El conocido como caso Infraestructuras se divide ya en siete causas judiciales diferentes que investigan un total de cuatro jueces cordobeses. En esencia, hay uno que afecta al área de Mantenimiento de Edificios Municipales. Ese caso está, a su vez, dividido en seis. Dos causas las investiga el Juzgado de Instrucción número 4, otras dos el Juzgado de Instrucción número ocho de Córdoba y otras dos en el Juzgado de Instrucción número 7, tras el reparto ordenado por el juez decano. Todos tienen que ver con la policialmente bautizada como operación Caronte y en ella fue detenido David Dorado junto a este funcionario, su excoordinadora y 12 empresarios.

Por otra parte, Instrucción dos se encarga de la investigación del presunto fraude denunciado por Dorado. En este caso el funcionario investigado sería el jefe de Alumbrado Público. Su instrucción avanza más retrasada que los casos anteriores y de momento está en fase de testificales.