El alcalde de Córdoba, llamado a declarar como testigo en el juicio de este jueves contra el exedil David Dorado

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, deberá declarar este jueves en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba en una causa que mantiene como único imputado al exconcejal de Ciudadanos en el Consistorio, David Dorado, por un delito de prevaricación. La defensa del exedil solicitó tanto la comparecencia del regidor como de otras nueve personas más.

El juicio es una de las piezas derivadas del conocido como caso Infraestructuras, que derivó en la operación Caronte por parte de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional. Dorado fue arrestado por una investigación sobre un presunto fraude en el área que dirigía como concejal. El exedil acabó en el grupo de concejales no adscritos durante la pasada Corporación. Ahora, el exconcejal se enfrenta a un delito de 12 años de inhabilitación para el empleo o ejercicio de cargo público, además de la imposición de costas, según la petición de la Fiscalía Provincial de Córdoba, tal y como consta en la calificación provisional a la que ha tenido acceso este periódico. Pero el exconcejal no afronta pena de prisión alguna.

Fuentes municipales han apuntado a este medio que, si el tribunal lo considera necesario, el alcalde declarará este jueves dado que las testificales de los testigos pueden retirarse si, durante el desarrollo del juicio, las partes consideran que no son necesarias. Además, estas mismas fuentes recuerdan que este caso “se destapó por la Intervención y la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento”.

Este caso ha sido dirigido por el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba y alude a un contrato para la instalación de alarmas en colegios públicos y edificios municipales, que se firmó también en el año 2021 siendo David Dorado concejal de Infraestructuras. Según la calificación, Dorado habría contratado este servicio con una empresa cuando el Ayuntamiento ya disponía de él y sin tener competencias para la firma. El contrato fue autorizado por la Junta de Gobierno Local en el mandato anterior y sin que este se considerase caducado el propio Dorado, sin acudir a la Junta de Gobierno Local, habría firmado un segundo acuerdo.

La Fiscalía acusa a Dorado de firmar el documento “sin ostentar competencias en materia de contratación, al margen del procedimiento y sin respetar los principios básicos del sistema”, según detalla. El Ministerio Fiscal considera que el contrato provocó un fraccionamiento de facturas por un importe menor a 3.000 euros que no pudieron ser detectadas hasta la denuncia. En un primer momento de la instrucción, en esta causa estuvieron también en situación de investigados la antigua coordinadora de Infraestructuras junto a un funcionario. No obstante, solo David Dorado acudirá a juicio.