El abogado de uno de los militares muertos en Cerro Muriano denuncia que el capitán al mando sigue trabajando

El abogado Carlos Romero, representante legal de la familia del soldado Carlos León Rico, de 24 años, natural de El Viso del Alcor (Sevilla) y fallecido recientemente junto con el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar en unas maniobras en la base de la Brigada Guzmán el Bueno X de Cerro Muriano, en Córdoba, ha denunciado en una rueda de prensa que según la información que le han transmitido varios militares el capitán que está procesado por los hechos y que estaba al mando de las maniobras sigue trabajando en la base militar, algo que considera que podría constituir una forma de intimidación hacia los testigos.

En una rueda de prensa en Sevilla, el letrado sostuvo que durante las últimas semanas su despacho ha recibido una multitud de informaciones por parte de los testigos de los hechos, la mayor parte los soldados que participaron durante la jornada del 21 de diciembre en un ejercicio que acabó con un cabo y un soldado ahogados en un lago helado. Carlos Romero ha señalado que a través de varios anónimos y otros testimonios recogidos en videoconferencia ha constatado que el capitán estaría trabajando en la base, aunque inicialmente fuese apartado de sus funciones por el Ministerio de Defensa.

Ante ello, se ha dirigido directamente a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para preguntarle si es cierto que el capitán mantiene parte de sus funciones incluso con mando en Cerro Muriano, que dirige su trabajo hacia soldados que participaron el 21 de diciembre en la maniobra de vadeo del lago que acabó con la muerte de dos militares y en qué consistiría el trabajo de este militar, procesado junto a un teniente y un sargento por el Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla.

Romero ha ofrecido la rueda de prensa justo el día de antes a la reconstrucción de los hechos que ha ordenado el Juzgado en el campo de maniobras de Cerro Muriano. Este martes, el tribunal ha citado a los procesados, a las partes, a los peritos y a los investigadores en Cerro Muriano, para comprobar las medidas de seguridad existentes, la flotabilidad de las mochilas que portaban los soldados, la línea de vida que existía y los protocolos de seguridad que deberían haber estado activos durante la jornada del 21 de diciembre de 2023.

El letrado, en su comparecencia, ha insistido en las “graves negligencias” que, según su investigación, condujeron al trágico suceso. Se refirió a la falta de medidas de seguridad adecuadas durante la maniobra de vadeo, señalando la ausencia de personal de seguridad y rescate, la carencia de sistemas de señalización en la orilla opuesta, y la inadecuada atadura de seguridad individual, entre otros puntos críticos.

Además, Romero ha insistido en que pese a que el recurso ante la Audiencia Provincial de Córdoba fue rechazado volverá a intentar que el caso se instruya en un juzgado civil y no militar. Al respecto, el abogado detalla que el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar “refiere que cuando nos encontremos con delitos tipificados en ambos códigos (Militar y Penal), correspondiendo penas más graves con arreglo a este último, se aplicará éste”. En ese sentido, detalla que el artículo 46 del Código Militar que tipifica el maltrato de obra establece penas de 6 meses a 5 años de prisión; mientras el artículo del Código Penal que tipifica el delito de homicidio establece penas de 10 a 15 años de prisión. “Nos encontramos con un delito no tipificado por el Código Penal Militar, sino que se encuentra únicamente tipificado en el Código Penal común, con lo que no cabe acordar que la jurisdicción militar sea competente en la presente causa, por la falta de tipicidad de los hechos en la jurisdicción militar”.

La cadena de mando

El letrado agrega que de los hechos son responsables el general de la Brigada X Guzmán el Bueno del Ejército de Tierra, dos coroneles, tanto el que aprobó las maniobras como el que estaba al mando aquel día; el teniente coronel, el comandante, el capitán, dos tenientes y el sargento, unos como autores y otros como cooperadores necesarios. Y es que en la maniobra, le fue ordenada a la tropa atravesar un lago artificial de la base de Cerro Muriano “sin contar con las más elementales medidas de seguridad adecuadas para la práctica, asumiendo” los citados mandos militares “el riesgo extremo que con ello se podría ocasionar, a sabiendas de forma consciente y contemplando que lo más probable es que en caso de que ocurriera una situación como la que ocurrió, no se contaba con las medidas de seguridad adecuadas”.

El letrado ha sostenido que no considera que los mandos fuesen responsables de un homicidio doloso, pero sí que eran los responsables de que las maniobras militares en Cerro Muriano cumpliesen con todas las medidas de seguridad pertinentes.

En este sentido, también ha preguntado a la ministra de Defensa si su departamento ha activado a la Inspección de Trabajo para determinar la seguridad con la que los soldados que operan en Cerro Muriano es la que marca la normativa o no. Y por último ha lanzado cómo en los últimos años se ha reducido el presupuesto, algo que a su juicio podría haber provocado la falta de medidas de seguridad concretas en la zona.