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Córdoba acumula este año ya tantos muertos en el trabajo como los registrados entre 2018 y 2021

Ambulancia del 061

Alfonso Alba

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Juan L., de 45 años, es el décimo cordobés que muere trabajando en 2022. Juan perdió la vida este martes en Priego de Córdoba cuando se cayó de un tejado. El hombre se ha convertido en la décima víctima mortal en accidente laboral en la provincia en lo que va de año y confirma que el 2022 es uno de los ejercicios más negros de los que se recuerdan en el trabajo.

Según la memoria de la Fiscalía Provincial de Córdoba, solo en 2022 hay ya tantos muertos como los registrados entre 2018 y 2021 juntos. El año pasado fallecieron dos personas en accidente laboral, los mismos que en 2020. En 2019 fueron cuatro las víctimas mortales y tres las de 2018. Antes, en 2017 murieron dos cordobeses en el trabajo y en 2016 fueron tres, según los datos que maneja la propia Fiscalía.

Es decir, este año y a estas alturas del mes de septiembre se ha triplicado la siniestralidad laboral mortal con respecto a los años anteriores, una situación de la que ya vienen avisando los sindicatos. La Fiscalía Provincial de Córdoba ya ha advertido que en 2021 se registró un aumento de los accidentes graves. Eso sí, detectó que “han disminuido considerablemente los accidentes en las tareas agrícolas, aumentando los ocurridos tras la manipulación de máquinas con elevado riesgo, por falta de protectores y sistemas de seguridad, las caídas a diferentes altura desde tejados y máquinas voluminosas y las policontusiones por aplastamiento”.

“Diez vidas perdidas y diez familias destrozadas por culpa de la siniestralidad laboral en una provincia que lidera el número de accidentes en el trabajo en Andalucía”, han denunciado los sindicatos CCOO y UGT. Ante ello “reclaman una mayor conciencia empresarial y social para fomentar la cultura de la prevención, así como un endurecimiento de las penas frente a los incumplimientos y una mayor dotación de recursos humanos y materiales en la inspección de trabajo”. 

En este sentido, ambas organizaciones demandan a las Administraciones implicadas que adopten medidas urgentes para, entre otras cosas, endurecer las penas ante los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales y acelerar los procedimientos judiciales, ya que en estos momentos la media de los mismos oscila entre los 9 y los 14 años.

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