Veteranos de la Guardia Civil muestran su apoyo al antiguo agente desahuciado de su vivienda junto a su mujer

La Asociación Cultural de Veteranos de la Guardia Civil de Córdoba ha mostrado su solidaridad con Manuel Aranda, el ex agente que junto a su mujer -ahora octogenarios ambos-, han sido desahuciados de su vivienda, víctimas de un engaño pese a que la pagaron.

En 2009, el matrimonio compró una casa en el barrio de La Magdalena. Manuel entregó un cheque por la cuantía de la casa y firmó las escrituras junto a la promotora, quien se comprometió por escrito a cancelar la hipoteca que recaía sobre el inmueble. La promotora finalmente no cumplió esta parte del contrato y en 2017, él y su mujer recibieron un requerimiento de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), el banco malo, notificándoles el impago y el posterior desahucio. Fue entonces cuando empezó su pesadilla.

Desde la asociación de veteranos de la Guardia Civil, han mostrado su “repulsa, apoyo y solidaridad con nuestro compañero Manuel Aranda, un guardia civil en situación de retirado engañado por gente sin escrúpulos. Se trata de una 'estafa' que no puede quedar impune”, argumentan en un comunicado al que ha tenido acceso este periódico.

“Un matrimonio octogenario va a ser desalojado de su vivienda después de haberla pagado oportunamente. Este guardia civil retirado fue engañado por un vendedor desalmado que, necesariamente, tuvo que tener la complicidad de algún desaprensivo gestor. Cuando compró la vivienda pagó el importe de la misma mediante un cheque bancario. La vivienda estaba gravada con una hipoteca que debía liquidar el vendedor antes de vendérsela a los compradores. Sin embargo, según la información que maneja esta Asociación de Veteranos de la Guardia Civil de Córdoba, esa hipoteca preexistente nunca se liquidó”.

Y señalan que “al cabo de cierto tiempo, la entidad financiera reclama el importe de la hipoteca a los nuevos propietarios, un matrimonio que vive de su pensión y que, habiendo actuado de buena fe en la compraventa del inmueble, no cuenta con recursos económicos para hacer frente al importe de la hipoteca que desconocían que existiera”.

El largo trayecto que lleva el matrimonio desde hace trece años está lleno de “juicios, recursos y reclamaciones” y, finalmente, “aún después de haber sido condenado el vendedor por el delito que cometió, la entidad financiera ha decidido desahuciar a las víctimas. Pretende dejar en la calle a dos personas sin otros recursos que su pensión, sin posibilidades de rehacer su vida y, para colmo, sufriendo el marido una grave enfermedad que podría haber tenido su origen en los sufrimientos que le ocasionó la situación”.

Por eso, sus antiguos compañeros guardias civiles señalan que “una sociedad como esta que no castiga convenientemente al delincuente, que convierte el delito en un modo de vida aceptable mientras los poderes públicos se encogen de hombros, y que permite que las víctimas sufran el peor de los castigos, permaneciendo en el olvido colectivo, sufriendo la penuria, la desprotección y la indiferencia de las administraciones públicas, es una sociedad que no puede tener mucho futuro”.

“Debemos cambiar el proyecto social, hemos de proteger a los inocentes, a las víctimas, y castigar al delincuente. Ante tal injusticia social, nos manifestamos a favor de la reversión de este proceso injusto en apoyo a nuestro compañero”, concluyen el comunicado, firmado por el presidente del colectivo, José Cabello Carmona.