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Un trabajo de la Universidad de Córdoba aborda cómo la desinformación y el odio digital no solo afectan a los políticos

Pedro Sánchez en Córdoba

Alejandra Luque

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El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, Carlos Arce, acaba de publicar un trabajo de investigación -titulado Una lucha contra el odio digital con pleno respeto a los derechos fundamentales- que aborda cómo la desinformación y el insulto copan cada vez más espacio en la era tecnológica-digital y afectan a los colectivos más vulnerables de la sociedad.

Precisamente, tal y como el propio Arce señala en The Conversation, la presentación de este trabajo coincidió con el periodo de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a raíz de las últimas informaciones que varios medios de comunicación y portales digitales publicaron relativas a una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias hacia la mujer de Sánchez.

En palabras de este profesor, “en este ataque se podrían identificar algunas herramientas propias del odio digital” y reconoce la legitimidad de la denuncia del presidente del Gobierno “sobre cómo el populismo de ultraderecha está utilizando de forma muy eficaz las nuevas oportunidades que le ofrecen las plataformas digitales y redes sociales para fomentar la desinformación y propagar el discurso de odio”.

Respecto a este planteamiento, expone Arce, “por supuesto que debe ser motivo de honda preocupación que se haya generalizado el insulto, la descalificación y la desinformación respecto al oponente ideológico-partidario (alcanzando incluso a su entorno familiar) como la única manera de afrontar el debate político, con un marcado protagonismo como campo de juego de esta refriega constante los medios digitales y las redes sociales”.

Sin embargo, recuerda que ya el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH), en reiterada jurisprudencia, ha descartado que los políticos puedan integrarse entre los colectivos vulnerables “diana” del discurso y delitos de odio. “Es más, afirma que los políticos deben soportar un nivel de crítica mucho más intenso, incluso desabrido, que el resto de sectores sociales ya que cuentan con unos resortes y capacidad de influencia privilegiados para su defensa”.

Estos hechos dieron lugar a oleadas de apoyo hacia el presidente y su familia, unas muestras de cariño y respeto que “las minorías étnicas o religiosas, personas de origen migrante o con una orientación o identidad sexual no normativa” no reciben cuando son ellas las diana de estos ataques.

Medidas contra la desinformación

En su artículo, este profesor de la UCO hace mención a las “escasas y difusas” propuestas anuncias por Sánchez y “que apuntan a medidas de corte restrictivo para las libertades de expresión e información en el espacio digital. El presidente del Gobierno de España ”no ha concretado mucho hasta el momento. Tan solo ha hecho alusiones genéricas a la necesidad de medidas para distinguir entre libertad de expresión y “libertad de difamación”.

Por ello, Arce considera “imprescindibles” iniciativas de regeneración democrática y de mejora de la calidad del debate político, con especial incidencia en el espacio digital, pero alerta de que eso “no puede desembocar en un blindaje desorbitado de nuestros representantes institucionales”.

Entonces, ¿qué hacer contra el odio en el mundo digital. En el caso de los colectivos realmente vulnerables, este investigador afirma que la estrategia defensiva debe ser “promover una verdadera educación para la ciudadanía digital y en el impulso de herramientas de verificación eficaces y accesibles que desactiven la manipulación informativa en la que anida el odio digital”. Ya existen iniciativas interesantes en España en el ámbito profesional de la comunicación, señala Arce, y también impulsadas por la sociedad civil como la agencia Stop Rumores, abandonando el recurso excesivo al Derecho Penal y garantizando la indemnidad de libertades esenciales para nuestro sistema democrático.

Sobre cómo debe ser sancionado este odio digital, este nuevo trabajo señala que la intervención penal “debe reservarse a los supuestos más graves del discurso de odio digital, que son aquellos que producen un incremento real y directo del riesgo de vulneración de los derechos fundamentales de los colectivos vulnerables, a los que bajo ningún concepto puede extenderse el paraguas protector de las libertades de expresión o información”.

Por contra, las otras manifestaciones del discurso de odio, “que sin duda tienen un grave impacto discriminatorio en estos sectores sociales, deben ser combatidas con las citadas herramientas de educación para la ciudadanía digital y con la verificación de datos”.

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