Teatro por la “muerte” del sector agroganadero y contra la inflación que impide cubrir costes

Teatro para llamar la atención de la ciudadanía. Lejos de una marcha o concentración, asociaciones agroalimentarias y ganaderas de Córdoba han apostado esta vez por una performance en el Bulevar de Gran Capitán que ha acabado con la muerte, en sentido figurado, de un sector que se encuentra “ahogado” por los costes de producción, y a la diferencia de precios de origen y destino, lo que está llevando a una subida de precios desorbitados de los alimentos que, sin embargo, no está redundando en los productores y sí en los intermediarios.

Al ritmo de Sálvame, de Bibi Ándersen, un centenar de personas ha asistido a una representación teatral de cuatro actos que ha denunciado el “escaso efecto” de la ley Cadena Alimentaria y los altos costes que sufre el sector, seguidos de otros dos actos en los que un consumidor y un intermediario diferencian los precios de origen y destino, provocando entonces la muerte y entierro del sector. Según han difundido las asociaciones congregantes, estas diferencias en precios se están produciendo en todos los productos, siendo la subida desde el 100% en la leche hasta el 887% en las naranjas.

Asaja Córdoba, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Córdoba, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Córdoba y las Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba han compartido sus peticiones destinadas a Europa, España, Andalucía e, incluso Córdoba, y dirigidas a combatir “una situación ruinosa para todos los sectores productivos” de la provincia “debido a los altos costes de producción, la falta de mano de obra, los mayores requisitos laborales, una reforma de la Política Agraria Común que exige más con menos recursos y que castiga a la agricultura y ganadería más productiva, la falta de reciprocidad con las importaciones y una ley de Cadena Alimentaria que no soluciona los problemas del sector”.

En primer lugar, han denunciado los costes de producción, que se han elevado a niveles “nunca vistos”, ocasionando el incremento de los precios de productos como los piensos, las semillas, los abonos, los plásticos, los goteros de riego, el gasóleo, el glifosato y la energía eléctrica. Han asegurado, además, que la subida del Salario Mínimo Interprofesional les está afectando negativamente.

Estos precios están haciendo que no se cumpla la ley de Cadena Alimentaria, por lo que han pedido la puesta en marcha de un “observatorio de precios y digitalización de los contratos obligatorios para dar transparencia a las operaciones de venta de productos agroganaderos”. En ese sentido, el Secretario General de UPA Córdoba, Miguel Cobos, ha pedido al Gobierno y a la Junta el cumplimiento de esta ley para “garantizar que, al menos, los productores cubran los costes de producción” mientras que ha pedido ayudas a ambas administraciones “para suplir y paliar” los altos costes. Ha asegurado que esta crisis es, para el sector ganadero, “la más grande su historia”.

En materia laboral han solicitado al Gobierno adaptar “la condición de fijo discontinuo a la realidad del sector”, que se “permita compatibilizar la percepción del subsidio agrario con la contratación para realizar tareas agrarias” y que se “autorice la tramitación de contingentes de trabajadores extranjeros”.

Otra cuestión que la Secretaria General COAG Córdoba, Carmen Quintero, ha puesto sobre la mesa es la exigencia “de los mismos requisitos a las producciones que vienen de la Unión Europea y a las que vienen de terceros países”. “Necesitamos controles en las fronteras. Ya está bien de que cumplamos con todos los controles y estándares sanitarios cuando las producciones de los terceros países llegan sin control”, ha dicho, alentando a que “primero se consuman los productos que se hacen en Europa y, después, los del resto de países”.

La reforma de la PAC también ha sido punto de discusión por parte de las asociaciones convocantes, que han pedido a Bruselas que la reoriente “hacia la producción de alimentos para que sea rentable para productores y con precios razonables para consumidores, con criterios de sostenibilidad científicos y no basados en prejuicios ideológicos como contempla la actual reforma”. En ese sentido, el presidente de Asaja -Ignacio Fernández de Mesa- ha calificado la nueva PAC como un “espanto que hará que Andalucía pierda 500 millones de euros” mientras que ha denunciado “el increíble crecimiento en compromisos ambientales, más allá de lo necesario, y una situación cargada de burocracia”.

Quintero ha continuado afirmando que el ministerio Luis Planas “se ha lucido” con la reforma de la PAC ya que aplica “aún más la soga al cuello a todos los agricultores”. Por su parte, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba, Rafael Sánchez de Puerta, también ha mostrado su disconformidad a esta reforma, puesta en marcha “por un ministro que se hace pasar por cordobés”. En septiembre, y dependiendo de cuál sea la situación del sector, las asociaciones prevén otros actos, como una nueva tractorada.

Por su parte, el delegado de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta en funciones, Juan Ramón Pérez, ha mostrado su apoyo a agricultores en lo que, a su juicio, es una “justa reivindicación”, a la vez que ha criticado que la reforma de la PAC se haya hecho “sin consensuar”. Pérez ha emplazado al Gobierno a tomar medidas ante el consumo de costes y ha puesto de ejemplo las ayudas autonómicas en materia de sequía para sufragar la creación de pequeños depósitos“, siempre y cuando se hagan en cuencas donde las competencias sean de la Junta y no del Ministerio. En ese sentido, ha asegurado que el nuevo gobierno de Juanma Moreno pondrá especial atención al tema del agua -se ha incorporado el término Agua a la Consejería de Medio Ambiente- ya que se ”trata de un recurso escaso y necesario“ para este sector.