Sierra de Córdoba: escaso monte público y además de difícil acceso
Córdoba es la segunda provincia andaluza con mayor superficie forestal (699.705 hectáreas), solo por debajo de Huelva (785.344 hectáreas). La inmensa mayoría de nuestro tesoro natural está privatizado (92%), gran parte vallado y generalmente cerrado a cal y canto para el disfrute ciudadano. Solo un 8% es monte público, tal como desvelamos en el reportaje del domingo pasado, y el exiguo que hay está sometido a restricciones de acceso.
De las 57.005 hectáreas de monte público en Córdoba [53.635 hectáreas, según el Inventario Forestal Nacional], poco más de 39.000 pertenecen a la comunidad autónoma andaluza, lo que representa el 69% del total. Los ayuntamientos poseen 11.544 hectáreas (20%) y otras administraciones suman 6.171 hectáreas (11%). En conjunto, hablamos de 85 fincas distribuidas en 40 pueblos de Córdoba.
La práctica totalidad de las 37 fincas propiedad de la Junta de Andalucía forman parte de cotos de caza mayor y su aprovechamiento cinegético se adjudica a sociedades de cazadores mediante licitación pública y por periodos renovables de cuatro años. Su acceso ciudadano, por lo tanto, se encuentra limitado durante al menos los cinco meses al año que dura la temporada de caza: desde mediados de octubre hasta finales de febrero.
La práctica totalidad de las fincas públicas de la Junta se destinan preferentemente a uso cinegético
Los ciudadanos que quieran disfrutar de sus atractivos naturales deben solicitar autorización expresa o comunicación previa, cuya tramitación, en ocasiones, se torna compleja y engorrosa. Una de las asociaciones más activas en la defensa de los caminos públicos y el derecho al tránsito de los ciudadanos por la sierra de Córdoba denuncia desde hace años el proceso de privatización del espacio natural y la frecuente apropiación de senderos tradicionales y vías pecuarias.
A Desalambrar, que cumple 25 años desde su fundación, mantiene una larga batalla por la “voraz usurpación” y “abuso” de “terratenientes” y “especuladores” que cada vez reducen más el espacio de uso general de la sierra de Córdoba, sobre todo por la ocupación de veredas de dominio público. Una práctica creciente que cuenta, a juicio del colectivo, con la “vista gorda” del Ayuntamiento de Córdoba y la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Uno de los obstáculos más graves es el uso masivo de mallas cinegéticas, lo que bloquea la movilidad de la fauna silvestre y el paso de las personas. El problema afecta fundamentalmente a las fincas privadas, mayoritarias en la sierra, pero no únicamente. “Es una paradoja tremenda”, protesta Manuel Trujillo, estadístico del IESA y activista de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos. “Incluso en los montes públicos existen serias restricciones de uso para el ciudadano común”.
Trujillo y cientos de senderistas que sienten lastrados sus derechos de disfrute de la naturaleza lamentan la cesión sistemática a las sociedades de cazadores que tratan el monte “como si fuera privado” y ponen trabas al paso de los ciudadanos. “Nos expulsan durante meses por las monterías”, protesta.
El estadístico y activista cita como ejemplos de gestión restrictiva varias fincas públicas propiedad de la Junta: el Olivarejo, en Villaviciosa; Las Erillas, en Villanueva del Rey; o los Montes Comunales de Adamuz. “Para pasear por esos espacios se nos exige una autorización administrativa previa difícil de tramitar y se nos impide transitar libremente fuera de los senderos señalizados incluso en vías pecuarias públicas”, se queja.
En Andalucía hay 1.433 montes públicos con un total de 1,2 millones de hectáreas repartidas por más de 350 municipios, según el registro de la Junta. La comunidad autónoma gestiona 614 fincas, mientras que 698 pertenecen a las entidades locales y 120 son de otro tipo de administraciones.
Los espacios forestales de Córdoba propiedad de la Junta de Andalucía están diseminados por distintas comarcas, principalmente Hornachuelos, Villaviciosa, Belmez o Cardeña. En las inmediaciones de la capital la superficie pública es reducida, sobre todo en Los Villares, el parque más conocido, y el Guadiatillo.
“Es necesario buscar un equilibrio técnico entre el uso público y la preservación de los valores naturales”, argumenta Rafael Arenas, experto en gestión de espacios naturales. Sierra Morena alberga poblaciones de especies amenazadas “extremadamente sensibles a la molestia humana”, como el buitre negro, el águila imperial o la cigüeña negra, que justifican, en opinión del especialista, la imposición de medidas restrictivas en los montes públicos.
Es necesario buscar un equilibrio entre el uso público y la preservación de los valores naturales
Desde esa óptica, el tránsito de senderistas puede ser más perturbador, a juicio de Rafael Arenas, que la realización de monterías. “Son eventos puntuales que se celebran en épocas del año en que las especies silvestres no se encuentran en fase de reproducción”, aduce. La regulación y el régimen de autorizaciones no buscan “impedir el disfrute de la naturaleza” sino canalizar el uso senderista por veredas autorizadas como las del Río Guadalora o el Cordón de la Herrería en Hornachuelos.
Con todo, Arenas admite como “asignatura pendiente” la ampliación futura de senderos autorizados en zonas de especial protección (ZEC) furea de los límites de los parques naturales. Según reveló, ninguna finca pública de la Junta de Andalucía cuenta con cerramientos cinegéticos, en contra de la percepción comúnmente aceptada. “Si hay alguna valla en el perímetro de un monte público, se debe a que colinda con una propiedad privada que sí ha instalado su propio cerramiento”.
La última valla cinegética de una finca pública de la Junta pertenecía a Las Monteras, un conjunto de 9.000 hectáreas entre Villanueva del Rey, Espiel y Hornachuelos, y fue retirada por completo a mediados de los noventa durante el mandato del consejero Manuel Pezzi.
Córdoba es una de las provincias con menos monte público de toda España. Cuenta con 20 puntos menos que la media andaluza y a mucha distancia de regiones del norte, donde la cuota de propiedad comunal o en manos de administraciones es muy superior. Álava (78,5%), Navarra (72,8%) y Cantabria (71,7%) están a años luz del exiguo 8% de espacio natural público a disposición de los ciudadanos de Córdoba.
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