Europa aplaza una de las grandes demandas de las tractoradas: el cuaderno digital

Una de las principales reivindicaciones de agricultores y ganaderos en las movilizaciones ha sido el exceso de burocracia y carga administrativa. La saturación de normas y reformas de todo tipo complica de forma importante el trabajo de los productores de alimentos, que llevan tiempo reclamando medidas que simplifiquen los trámites que están obligados a realizar. Uno de esos trámites novedosos, que causa desazón e incertidumbre en el sector, es el llamado cuaderno digital de explotación. Un elemento administrativo y burocrático cuya entrada en vigor acaba de retrasar la Unión Europea.

El pasado viernes, se aprobó en el Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos el proyecto de propuesta de Reglamento de Ejecución de la Comisión por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (2023/564 en lo que respecta a la transferencia a formato electrónico de los registros de productos fitosanitarios. En la práctica, esto supone que los Estados Miembros pueden aplazar un año (del 1 de enero de 2026 al 1 de enero de 2027) la obligación de disponer de un registro digital.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha calificado de “logro muy relevante” esta reforma legislativa que añade flexibilidad a un sector “muy necesitado de medidas de apoyo”. UPA vincula este cambio a los procesos de movilizaciones que se han organizado en los últimos años: “Al fin Europa se ha dado cuenta de que al sector primario hay que apoyarlo y ayudarlo”, han señalado.

A nivel nacional, UPA reclama ahora la rápida transposición de este reglamento de la UE a la legislación nacional. Una prórroga que se suma a la que ya pactó la organización con el Ministerio de Agricultura en su Acuerdo de 43 medidas de apoyo al campo, firmado el pasado 2024.

Con esta nueva prórroga, los agricultores tendrán derecho durante un año más a elegir si prefieren gestionar su cuaderno de explotación mediante medios electrónicos o en soporte de papel. UPA ha animado a los agricultores a acudir a sus oficinas en toda España donde les ayudarán a realizar este trámite de la forma más sencilla posible.

Por su parte, Asaja ha exigido al Gobierno de España que adopte formalmente esta prórroga y se acoja a la posibilidad de retrasar la obligación hasta 2027. No obstante, la organización reclama un aplazamiento indefinido de la medida hasta que existan garantías reales de transición, con condiciones adecuadas para su aplicación en el medio rural.

Asaja advierte de que, a día de hoy, no todos los agricultores disponen de conexión a internet suficiente, especialmente en zonas rurales con brecha digital, ni cuentan con el asesoramiento ni la formación necesarios, especialmente entre los agricultores de mayor edad. Además, la organización recuerda que esta obligación no puede suponer una carga administrativa adicional para los productores.