Denuncian en el Congreso la “usurpación cultural de la Iglesia para borrar el legado andalusí”

Expertos en patrimonio histórico y organizaciones ciudadanas han exigido este lunes en el Congreso de los Diputados considerar una “cuestión de Estado” la nulidad de las inmatriculaciones eclesiásticas y declarar dominio público “el legado arquitectónico cultural apropiado irregularmente por los obispos a través de un privilegio registral”.

Representantes de una treintena de asociaciones patrimonialistas, integradas en la coordinadora Recuperando, entre las que se encontraba la plataforma Mezquita Catedral (Córdoba), han rechazado el “cierre en falso del expolio patrimonial decretado por el Gobierno en la legislatura pasada y piden la adopción de medidas concretas para revertir el proceso inmatriculador y garantizar una gestión profesional y rigurosa del excepcional patrimonio cultural de carácter religioso en manos de la Iglesia católica”.

Bajo el epígrafe de Inmatriculaciones y patrimonio cultural: una cuestión de Estado, ocho ponentes han examinado en dos mesas de debate el controvertido asunto de las inscripciones eclesiásticas a la luz de cientos de casos concretos producidos en todas las comunidades autónomas. En la primera mesa, han participado Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba; Cristina Contreras, portavoz de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro; Asunción Villaverde, de Europa Laica; y Nahuel González, diputado de Sumar.

Antonio Manuel Rodríguez explicó la complejidad del proceso inmatriculador pero apeló en la sede del Parlamento al “deber democrático” de buscar soluciones legislativas para restituir el “patrimonio público privatizado por la Iglesia en virtud de un privilegio inconstitucional”. El profesor de Derecho Civil pidió que el Gobierno facilite un listado completo de las inscripciones eclesiásticas desde 1946, a la vez que defina claramente por ley la naturaleza de los bienes de dominio público para evitar que los obispos se apropien del legado cultural que es “propiedad de todas y todos”.

La segunda mesa, centrada en la gestión democrática del patrimonio cultural, ha contado con la intervención de los profesores de Historia del Arte Belén Boloqui y José Castillo; el portavoz de la Plataforma Mezquita Catedral, Miguel Santiago; y la diputada de Sumar Julia Boada. El representante del colectivo cordobés denunció el “control ideológico” y la “usurpación cultural” de la Mezquita protagonizado por la Iglesia católica para “borrar el legado andalusí”.

“Quieren cristianizar hasta el muro de la Quibla”, protestó, en relación la colonización de iconografía católica en un monumento del Patrimonio Mundial reconocido por la Unesco por sus valores artísticos, culturales y patrimoniales de un “ejemplo de la arquitectura islámica”.

Organizado por Sumar

El acto ha sido organizado por el Grupo Parlamentario Sumar, en colaboración con Recuperando. El diputado Enrique Santiago y el presidente de la coordinadora ciudadana, José María Rosell, han presentado la jornada, mientras que Íñigo Errejón, portavoz parlamentario de Sumar, la ha clausurado al filo de las 20.00.

El portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, se comprometió ante las organizaciones patrimonialistas a convertir en ley la “restitución de bienes apropiados de manera ilegítima por la Iglesia católica”. Errejón recordó que ya Pedro Sánchez anunció en el discurso de investidura del anterior periodo parlamentario “medidas legislativas” para revertir la inscripción de miles de bienes.

Por su parte, Enrique Santiago, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Sumar, admitió que las inmatriculaciones eclesiásticas siguen siendo una “cuestión pendiente” y aunque reconoció avances en la pasada legislatura todavía “quedan muchos pasos que dar”. Sumar, que forma parte del Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez, anunció que está dispuesto a reactivar la cuestión de las inmatriculaciones a través de “leyes específicas” o “modificaciones de las normas ya existentes”.

“La contestación del Ministerio de Presidencia no nos satisface”, afirmó Enrique Santiago. “No es correcto decir que las obligaciones del Gobierno hayan cesado ya con la publicación del listado de bienes inscritos por la Iglesia en 2021. Y añadió: ”Nuestro compromiso es seguir reclamando“.

Las organizaciones patrimonialistas han entregado un manifiesto con una quincena de peticiones concretas dirigidas al Congreso de los Diputados para que sean debatidas y contribuyan a desbloquear una asignatura pendiente de la democracia. Entre las reclamaciones planteadas por Recuperando, figuran la declaración de nulidad de todas las inmatriculaciones practicadas con certificación eclesiástica por “inconstitucionalidad sobrevenida” y considerar de dominio público aquellos bienes de carácter religioso por su “extraordinario valor histórico y cultural”.

Los colectivos ciudadanos también reclaman la modificación de la normativa sobre patrimonio histórico para que se impida la enajenación de bienes culturales protegidos en posesión de la Iglesia; la gestión compartida de los bienes de interés mundial (BIM); un marco que garantice la interpretación científica y profesional de los monumentos de carácter religioso; y el control público de los planes directores de los bienes de interés cultural (BIC).