El Ayuntamiento de Córdoba colabora con la recuperación de uno de los distritos más pobres de Perú

La Fundación Social Universal (FSU) ha iniciado la recuperación económica y social del distrito de Anta, la provincia más pobre del Cuzco y una de las más pobres de Perú, con ayuda del Ayuntamiento de Córdoba durante los próximos 12 meses, todo ello frente a la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

Según informa desde la entidad, el proyecto, ejecutado por el Centro Guaman Poma de Ayala, promoverá “el desarrollo de mejores habilidades de resiliencia y de participación ciudadana en la prestación de servicios públicos en cinco municipios de la provincia de Anta”.

En concreto, prevén beneficiar a 2.289 personas pertenecientes a organizaciones productivas y sociales, funcionario público de las áreas de atención a la ciudadanía y gestores de proyectos de inversión y actores de los espacios de coordinación y concertación social, como las mesas de desarrollo social y los comités de vigilancia ciudadana de cinco de los nueve distritos de dicha provincia, “favoreciendo la gobernabilidad democrática”.

Antes incluso de la actual pandemia, según exponen, “las entidades de gobierno y de sociedad civil del Cuzco evidenciaban dificultades para ingresar a una esfera de modernidad donde las demandas de la ciudadanía tengan una respuesta adecuada de las administraciones locales como garantes de derechos y titular de obligaciones”.

Sin embargo, precisan que “esta situación se ha visto mucho más acentuada durante el confinamiento social producto de la declaración nacional de emergencia sanitaria, que limitó el trabajo de las municipalidades, que dejaron de prestar servicios públicos y generaron incertidumbre y malestar en la población ante la poca respuesta a sus crecientes demandas”.

Este proyecto, por tanto, nace con el propósito de que “las municipalidades y organizaciones productivas y sociales cuenten con mayores habilidades para insertarse en los procesos de recuperación social y económica, planteándose tres componentes o resultados estratégicos”.

Así, persiguen que “la población cuente con mejores capacidades de resiliencia y vigilancia ciudadana en el proceso de recuperación social y económica por el Covid-19”.

Al respecto, destacan que “se buscará fortalecer las capacidades de organización y de información de las organizaciones productivas y sociales junto con otros actores para promover acciones para la recuperación social y económica de los efectos producidos por el Covid-19 y generar procesos de desarrollo para su bienestar y mejora de su calidad de vida”.

Por otro lado, se buscará que “las organizaciones se integren a los espacios de coordinación y concertación para involucrarse a los procesos de recuperación de los efectos del Covid-19”.

Atención a la ciudadanía

En segundo lugar, se marcan “mejorar los mecanismos de atención a la ciudadanía de manera oportuna y eficiente en las municipalidades de la provincia de Anta en respuesta al nuevo contexto de pandemia”.

En este caso, apoyan “reducir las brechas digitales de los gobiernos locales con tecnología de la información para la transparencia de la gestión municipal, orientando las acciones a la generación de mecanismos digitales flexibles, así como canales de comunicación virtuales bajo un enfoque de servicio al ciudadano que busca mejorar la gestión en los procesos y los servicios ofrecidos a la ciudadanía, incrementar la transparencia y la participación de la ciudadanía y orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública”.

En este marco, se plantea “informatizar los procesos de trámite documentario y recaudación tributaria, que permita interactuar electrónicamente con la ciudadanía”.

Al hilo, detallan que “el uso de tecnología digital conlleva también incorporar estas herramientas en los procedimientos de gestión municipal, para lo que se precisa asesorar a las áreas involucradas en la elaboración de los manuales de procedimientos que agilicen la atención a la ciudadanía”.

Y proponen “fortalecer las capacidades de servidoras y servidores públicos y de la sociedad civil organizada para la gestión de proyectos de inversión en el proceso de recuperación social y económica y en la generación de políticas inclusivas para el fortalecimiento de la capacidad de resiliencia de la población vulnerable, promovida desde la participación de actores sociales en los espacios de coordinación y concertación social”.