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Por Andalucía denuncia que el 78% de los centros educativos públicos de Córdoba sigue sin adaptación frente al calor extremo

Imagen de archivo de padres y alumnado de un colegio de Córdoba en una ola de calor.

Redacción Cordópolis

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La diputada de la coalición Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, ha denunciado que la mayoría de los colegios públicos de la provincia de Córdoba continúa sin las actuaciones necesarias para hacer frente a las altas temperaturas, a pesar de que la Ley de Bioclimatización de los centros educativos andaluces fue aprobada hace seis años.

Según los datos oficiales de la Junta de Andalucía, solo el 22% de los centros educativos públicos de la provincia ha recibido algún tipo de intervención, lo que deja al 78% restante sin las adaptaciones previstas en una norma aprobada por unanimidad en el Parlamento andaluz en 2020.

Rosa María Rodríguez ha señalado que estos datos evidencian “el incumplimiento del Gobierno de Moreno Bonilla con una ley que era clave para proteger la salud del alumnado y del personal educativo frente a las olas de calor cada vez más intensas”. La diputada ha criticado que “no es aceptable que en pleno 2026 haya niños y niñas dando clase en aulas donde se superan los 30 o 35 grados, con episodios de mareos, golpes de calor o problemas de salud asociados al calor extremo”.

La parlamentaria andaluza por Córdoba de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez.

Por Andalucía recuerda que la comunidad educativa lleva años alertando de esta situación y movilizándose bajo el lema “Aula sí, sauna no”, ante la falta de avances significativos en la ejecución de la ley. La coalición advierte además de que Andalucía es una de las regiones “más expuestas” al aumento de temperaturas derivado del cambio climático, lo que hace “aún más urgente acelerar las actuaciones previstas”.

Para Rosa María Rodríguez, “mientras el Gobierno andaluz habla de modernización y de adaptación al cambio climático, la realidad es que la mayoría de los centros siguen sin las condiciones mínimas para garantizar un entorno educativo seguro”.

Por Andalucía exige a la Junta de Andalucía que publique de forma “transparente el grado real de ejecución de la ley, el detalle de las inversiones realizadas y un calendario claro y vinculante para completar las actuaciones pendientes en todos los centros educativos de la provincia”.

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