Unos 750 funcionarios de Justicia en Córdoba, convocados a la huelga la próxima semana

CSIF, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia en Córdoba y en Andalucía, ha iniciado junto a STAJ, CCOO y UGT un calendario de movilizaciones “en defensa de una subida salarial digna” -en línea con la aprobada para el colectivo de letrados- y la paralización de la futura Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que impone nuevas condiciones laborales (destinos, horarios, retribución de funciones, etc.) sin previa negociación. El pistoletazo de salida a estas acciones reivindicativas ha tenido lugar este miércoles en Madrid con una concentración de los delegados de Justicia de toda España delante del Ministerio de Justicia.

A las movilizaciones están convocados los 45.000 trabajadores y trabajadoras de los Cuerpos Generales y Especiales del ministerio que dirige Pilar Llop. Concretamente, en Córdoba el colectivo llamado a movilizarse está formado por unos 750 funcionarios de dichos cuerpos, entre los que se encuentran, por ejemplo, gestores procesales, tramitadores procesales, auxilio judicial o médicos forenses, entre otro personal.

Tras el arranque de las protestas hoy en la capital de España, el lunes 17 de abril comenzará una huelga general en la Administración de Justicia de toda España (juzgados, fiscalías e institutos de medicina legal, entre otras instancias) con paros de 10.00 a 13.00 horas todos los días; y el miércoles 19 de abril se convocará una jornada de huelga general durante toda la jornada, así como una manifestación que partirá del Ministerio de Justicia a las 12.00 horas.

La convocatoria de este calendario de movilizaciones es la consecuencia de la nula voluntad por parte del Ministerio de Justicia de presentar a las organizaciones representantes de los trabajadores una oferta de subida salarial a los funcionarios/as de Justicia en reconocimiento de las funciones que realizan a diario en los juzgados, en línea con el acuerdo firmado con los letrados.

De forma paralela, los sindicatos han iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para pedirles la paralización de la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) hasta que no se alcance un acuerdo para su modificación, y explicarles las razones del conflicto laboral con la Administración de Justicia.

El propio Ministerio que dirige Pilar Llop ha reconocido que cualquier modificación al alza de las retribuciones de un Cuerpo -como ha sucedido en el caso de los letrados- tiene repercusiones en el resto de carreras, cuerpos, categorías, etc. En este sentido, debe producirse una subida en las cuantías que recibe el resto del personal. Solo falta que el Ministerio actúe en consecuencia. Además, la huelga del colectivo de letrados ha puesto de manifiesto que la eficiencia de la Justicia no pasa por los tribunales de Instancia ni el resto de las medidas diseñadas en la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, sino retribuyendo las funciones que realmente realiza el personal de la Justicia.