Más de 3.000 opositores de Córdoba se presentan a las 18.000 plazas de empleo público de la Administración del Estado

Un total de 32.297 aspirantes en Andalucía -de los que más de 3.000 proceden de Córdoba- a un empleo público en la Administración del Estado se presentan este sábado a las 10:00 a los procesos selectivos que se celebrarán en cinco provincias andaluzas en el marco de unas oposiciones que ofertan 17.986 plazas en todo el territorio nacional, según consta en la Resolución de 18 de diciembre de la Secretaría de Estado de Función Pública, y a las que se presentan un total de 152.149 personas en España.

Por provincias, en Cádiz se presentan 4.132 aspirantes; en Córdoba, 3.338; en Granada, 7.958; en Málaga, 6.267 y en Sevilla, 10.602. De los opositores admitidos a participar en estos procesos selectivos, el 65,3% son mujeres, y un 30% se encuentran en la franja de edad que va desde los 36 a 45 años; seguidos muy de cerca por quienes tienen entre 26 y 35 años, así como de quienes están entre los 46 y 55 años, según el desglose de cifras ofrecido por el Gobierno en una nota.

Las plazas son tanto para ingreso libre como para promoción interna de los siguientes cuerpos: Gestión de la Administración Civil del Estado, Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, Técnicos Auxiliares de Informática y del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.

A los opositores que acceden por el cupo de reserva de discapacidad del 10%, se les han autorizado 1.872 adaptaciones de tiempo y medios, que van desde lupas, tiempos alargados, barreras arquitectónicas, lenguas de signos, letras ampliadas, asistentes de lectura, etcétera.

La Comisión Permanente de Selección del INAP será la encargada de la realización de dichas pruebas. Está compuesta por 47 miembros, una presidenta y un secretario y 45 vocales distribuidos en 5 unidades o subunidades de evaluación (una por cada Cuerpo), que han elaborado los ejercicios y determinado los posteriores criterios de valoración de los mismos. En sus manos está también la confidencialidad que debe mantenerse durante todo el proceso, asegurando una corrección totalmente anónima de los exámenes.

Para la organización de esta convocatoria han alcanzado acuerdos con 32 universidades e institutos de Educación Secundaria para utilizar más de 98 facultades. El dispositivo organizativo incorpora también un refuerzo específico de las medidas de seguridad, control de identidad y prevención del fraude.

El Gobierno ha previsto medios técnicos y humanos especializados para la supervisión de los ejercicios, la detección de dispositivos no autorizados, la ordenación de accesos y permanencia en las aulas y la verificación de las condiciones de realización de las pruebas.