Una tractorada cortará este martes la Autovía de Málaga

Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han previsto para este martes 27 de febrero, a partir de las 11,00 horas, realizar un acto de protesta en Lucena (Córdoba), en el que se llevará a cabo un corte de la autovía de Córdoba a Málaga, en la rotonda enlace de la A-318 con la A-45, viendose afectadas también, por circulación lenta, las carreteras por las que llegarán hasta Lucena, desde distintos puntos de la provincia, las caravanas de tractores y otros vehículos agrarios que participarán en esta movilización del campo cordobés.

Así lo dieron ya a conocer en su momento, en la presentación de esta 'Tractorada por la supervivencia del campo', el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa; el presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias de Córdoba, Rafael Sánchez de Puerta; la secretaria general de COAG Córdoba, Carmen Quintero, y el secretario general de UPA Córdoba, Miguel Cobos, que serán también quienes encabecen el acto reivindicativo este martes.

En este sentido, las organizaciones convocantes han afirmado ya que “hay que mantener la presión ante el Gobierno de España y la Unión Europea (UE) en las calles, continuando las movilizaciones que se iniciaron en Europa el 5 de septiembre de 2023 ante todos los ministros de agricultura de la UE reunidos en Córdoba, las celebradas en enero por varios países de Europa y las celebradas en España en los últimos días”.

Los convocantes han señalado que “en 2020 se celebraron en unidad de acción algunas de las mayores protestas de la historia del sector en Córdoba, concretamente en Lucena, que sólo paró la pandemia” y “se volvió a la calle en 2021, 2022 y 2023 con numerosos actos reivindicativos”.

El lema de esta movilización, han comentado, será 'Por la supervivencia del campo' “en un momento de situación ruinosa” para todos los sectores productivos de Córdoba “debido a la falta de infraestructuras hidráulicas y de regadíos, los altos costes de los inputs necesarios para producir, la falta de mano de obra, mayores requisitos laborales, una reforma de la PAC que exige más con menos recursos, que castiga a la agricultura y ganadería más productiva y ante la falta de reciprocidad con las importaciones, además de una ley de la Cadena Alimentaria que no soluciona los problemas del sector”.

De este modo, las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA y Cooperativas Agro-alimentarias hacen un llamamiento para la movilización con el objetivo de “defender el sector primario, fundamental para el desarrollo de las zonas rurales” y exigir a las administraciones “un apoyo firme a todos los niveles”, donde se articulen medidas fiscales, económicas, legislativas y políticas para proteger la producción de alimentos en la provincia. Una actividad, han asegurado, “cuyo futuro, está en peligro por la escasa e incluso nula rentabilidad que obtienen los productores”.

Exigen así dignificar el papel que desempeñan “los agricultores y ganaderos que proporcionan alimentos sanos y de calidad a toda la sociedad, que garantiza la supervivencia de un mundo rural y que contribuye de forma decisiva a la sostenibilidad mitigando el cambio climático al ser sumideros netos de CO2”.

Peticiones

En este contexto, las organizaciones han señalado, entre los temas fundamentales y las peticiones más destacadas están la necesidad de infraestructuras hidraúlicas y regadíos, pues, “a pesar de que actualmente estamos en situación de sequía, no puede olvidarse que para tener una agricultura cordobesa más competitiva hay que apostar decididamente por el regadío”, así como “la optimización de los recursos hídricos y el incremento de la capacidad de embalse y el incremento de los regadíos en Córdoba para corregir el agravio histórico de nuestra provincia”.

A todo ello han agregado que “también debe permitirse la construcción de balsas y microembalses y autorizar el llenado de las mismas con aguas de escorrentía invernales. Asimismo, debe garantizarse el agua para los ganaderos, permitiendo obras básicas de acumulación de aguas de escorrentía. Deben ponerse en marcha tarifas eléctricas competitivas”.

Por otro lado, las organizaciones han pedido una “reforma total de la PAC actual”, que se debe “reorientar” hacia “la producción de alimentos y que ésta sea rentable para los productores y a precios razonables para los consumidores, con criterios de sostenibilidad científicos y no basados en prejuicios ideológicos como contempla la actual PAC”.

A este respecto, han exigido al Gobierno de España que “presente urgentemente un Plan de Choque a nivel nacional que contemple la revisión del plan estratégico de la PAC nacional acorde a la realidad productiva de los distintos territorios, la simplificación administrativa para el agricultor y ganadero y reducción de la burocracia con la consecuente eliminación del cuaderno digital de explotación”.

Defensa del sector agrario

Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias han hecho referencia a que la “defensa del sector agrario debe ser garante de la sostenibilidad en sus tres pilares: el económico, el social y el medioambiental”, mientras que “la actual PAC se ha basado en un único pilar de la sostenibilidad, el medioambiental, olvidando los otros dos pilares de la misma: el social y el económico”.

En lo que respecta a políticas de precios y costes y seguros agrarios, han reclamado que “se articulen medidas fiscales, económicas y políticas para proteger la producción de alimentos en España”, así como un “apoyo firme al sector por parte de las administraciones, a todos los niveles”.

Desde el sector también han pedido “la dignificación de la profesión” y que cese “de manera inmediata la campaña de acoso y derribo, así como la agresión y el desprestigio permanente de nuestra actividad por parte de las autoridades y los miembros del Gobierno”, y “cambios en la normativa fiscal y laboral para el campo, con una disminución de la presión fiscal que conlleve la modificación de los distintos regímenes fiscales para favorecer la actividad agraria”.

Por último, han reclamado “que se adapte la reforma laboral a la eventualidad y realidad existente en el campo, además de establecer compensaciones en la seguridad social para afrontar la nueva subida del SMI”, a la vez que han demandado “una revisión del sistema de seguros agrarios para que sea una herramienta eficaz y justa para el productor ante adversidades, actualizando rendimientos y primas para ajustarlos a los nuevos estándares de producción y que sean atractivos para los agricultores y ganaderos”.