La Junta opta “preferentemente” por enajenar la finca Somonte en favor del Ayuntamiento de Palma del Río

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha anunciado este jueves que su Consejería opta, “preferentemente”, por enajenar, en favor del Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba), tres fincas rústicas propiedad de la Junta situadas en su término municipal, entre ellas la de Somonte, que lleva diez años ocupada por jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), con el que también mantiene un “diálogo”, que “va por buen camino”, respecto al futuro de la finca.

Así lo ha dado a conocer Crespo al responder a las preguntas sobre este asunto que le ha planteado la parlamentaria no adscrita por Córdoba, Luz Marina Dorado, quien ha defendido que las fincas de La Palmosa, Guzmán y Somonte, sigan bajo el paraguas de “una gestión pública”, en primer lugar por una cuestión de “realidad histórica”, el Valle del Guadalquivir “ha sido los últimos 200 años un lugar donde el valor de la tierra ha estado muy presente, poniendo en evidencia valores de justicia social”.

“En segundo lugar --ha proseguido--, nos encontramos en un momento donde la defensa del medio ambiente es crucial y pensamos que una gestión pública es el único modo de garantizar que la producción agropecuaria se comprometa con el respeto del mismo” y, además, las tres fincas “deben y pueden ser un recurso para el desarrollo sostenible de Palma del Río, reduciendo el paro, abrazando la soberanía alimentaria y haciendo del municipio un lugar de distribución más equitativa”.

Ante ello y en referencia al decreto dictado en 2021 por la Consejería de Agricultura, mediante el que se estableció el procedimiento para la enajenación de fincas rústicas propiedad de la Junta, Carmen Crespo ha señalado que dicho decreto “está en fase de actuaciones previas de aplicación”, lo que “significa que la Delegación” de Agricultura de la Junta en Córdoba “está procediendo a la depuración física y jurídica de los bienes, y al mismo tiempo cumplimos con la legalidad vigente”.

En este contexto, según ha explicado la consejera, el pasado 4 de marzo se mantuvo un encuentro “con responsables del sindicato” SAT, cuyos jornaleros ocupan la finca de Somonte, a los que se ha ofrecido “diálogo por parte de la Delegación” de Agricultura de la Junta en Córdoba “para explorar, dentro del marco del cumplimiento de la norma, todas las cuestiones que podamos al respecto”.

En cualquier caso, Crespo ha señalado que el objetivo que se ha marcado su Consejería, en aplicación del referido decreto, es “enajenar estos bienes, que son patrimonio de la Junta de Andalucía, a otra administración pública, preferentemente”, en este caso a “los ayuntamientos” en cuyos términos municipales se sitúan dichas fincas, en este caso el de Palma del Río.

Pero, si ello no fuera posible y “con las posibilidades que nos dé la norma, si los ayuntamientos no adquirieran las fincas”, entonces la Junta optaría por profundizar en “ese diálogo que hemos tenido el día 4” con el SAT, para que pueda “tener su fruto” al abrir “posibilidades también para otras personas, como dice el decreto”.

De modo que, si no fuera posible la enajenación de las fincas de la Junta en Palma del Río en favor del Ayuntamiento de dicho municipio, pues “se explorarán otras fórmulas jurídicas, que sean conformes a la norma y a la Ley, para que tengan otras personas adicionalmente acceso a esas tierras”, en este caso los jornaleros del SAT, considerando la consejera que, al respecto, “el diálogo va por buen camino”.

El SAT propone a la Junta que licite el “usufructo” y que la finca siga siendo pública

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha propuesto a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, en el marco de una reunión mantenida el pasado 4 de marzo en la propia Delegación de Agricultura en Córdoba, que saque a licitación, para que puedan concurrir a la misma “cooperativas de trabajadores” de Palma del Río (Córdoba) y de municipios de su entorno, “el usufructo” de la finca de Somonte, que es propiedad de la Junta y que viene siendo ocupada y trabajada por jornaleros del SAT desde hace una década.

Así lo ha avanzado, en declaraciones a Europa Press, el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, después de que este jueves la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, haya anunciado este jueves que su Consejería opta, “preferentemente”, por enajenar en favor del Ayuntamiento palmeño Somonte y otras dos fincas de la Junta situadas en su término municipal, si bien ha precisado que también mantiene Agricultura con el SAT un “diálogo”, que “va por buen camino”, respecto al futuro de Somonte.

Ante esto, Óscar Reina ha detallado que de ello se trató en la citada reunión del pasado día 4, mantenida con el delegado de Agricultura de la Junta en Córdoba, Juan Ramón Pérez, y técnicos de Agricultura y de la Delegación del Gobierno andaluz en la provincia, asistiendo miembros de la dirección del SAT y algunos ocupantes de Somonte, quienes, ante la pretensión de la Junta de vender la finca, que el Consistorio palmeño entiende que debe seguir en manos de la Administración autonómica, le propusieron que mantenga la titularidad de Somonte y articule la fórmula legal para que la puedan explotar trabajadores del entorno.

De hecho, los responsables del SAT dejaron claro a Agricultura que

“no queremos la propiedad de la tierra, sino que lo que estamos pidiendo, desde el primer momento, es que esa finca no se venda, que siga siempre siendo propiedad de la Junta Andalucía, es decir, de todos los andaluces”, a la vez que le transmitieron que “la fórmula más conveniente, para darle salida a la situación de Somonte, es que la cedan en usufructo a cooperativas de trabajadores de la comarca”, es decir, de Palma del Río “y de los pueblos aledaños”.

Se trataría, según ha aclarado Reina, de sacar a licitación el usufructo de la finca, y que los actuales ocupantes y otros jornaleros del SAT, en forma de cooperativa de trabajadores, puedan “concurrir” a dicho proceso, pero “sin tener ningún tipo de privilegio”, más allá de la opción a presentarse “en igualdad de condiciones” que otras cooperativas de la comarca que también se puedan presentar.

Su objetivo es que la finca sea rentable para los jornaleros que la trabajen, mediante la referida fórmula del usufructo, y que “en ningún momento la finca se venda”, lo cual ha sido, precisamente, el objetivo que marcó la ocupación de Somonte por el SAT “el 4 de marzo de 2012” y por el que han mantenido la ocupación de la finca, con varios desalojos intercalados, hasta la actualidad.

De hecho, al ser preguntados en la reunión sobre hasta cuándo seguirán ocupando Somonte, desde el SAT dijeron a la Junta que eso dependía de la propia Administración autonómica, pues “en cuanto se comprometa a que la finca seguirá siendo pública, a que no se va a vender y a que la fórmula” para solucionar la situación será la de “darla en usufructo a cooperativas de trabajadores de la comarca, en ese momento levantaríamos la ocupación”, y desde la Junta les respondieron que “lo iban a estudiar”.