Varios grandes proyectos de energía renovable desatan contestación ciudadana en la provincia

Este año, el titular de la Gala de los Goya lo dio el director de cine Rodrigo Sorogoyen. “Renovables sí, pero no así”, afirmó, cuando recogió el Goya a mejor director por As Bestas, una película en la que de fondo subyace cierta oposición a la construcción de un parque eólico en unos montes comunales gallegos.

La frase de Sorogoyen se ha convertido en un lema que se comienza a repetir en muchas poblaciones de la provincia de Córdoba donde ya se protesta contra grandes proyectos de energía renovable que están generando un enorme malestar. Es el caso de una recién nacida plataforma ciudadana por el Aire Limpio en Baena contra los humos procedentes de una orujera, las protestas y manifestaciones de Montilla contra la planta de Espejo y las de la pequeña aldea bujalanceña de Morente contra una sucesión de plantas fotovoltaicas conectadas entre sí que prevén hasta expropiar tierra a la Casa de Alba.

“Un bien nunca puede traer un mal”, repite el biólogo y portavoz de la plataforma de Baena, Francisco Javier Sánchez Sánchez-Cañete. “¿Fotovoltaicas a cualquier precio?”, se preguntan desde la asociación de vecinos de Morente. “Queremos dejar claro que los vecinos de Morente son totalmente favorables a las nuevas fuentes de energía renovables ya que son el futuro, aunque la implantación de las plantas solares ha de realizarse de forma ordenada, no ocupando miles de hectáreas de suelo fértil y convertirlas en suelo industrial suponiendo más inconvenientes que ventajas a corto y largo plazo”, advierten, antes de entrar en faena.

Córdoba es una provincia donde sopla poco el viento, pero con muchas horas de sol. Por eso han proliferado las plantas fotovoltaicas. También es la segunda zona del mundo, tras Jaén, con más olivar. Prácticamente un tercio de la provincia está cultivada de olivar. Y por eso también dispone de media docena de plantas energéticas que generan electricidad con la quema de la biomasa procedente de los residuos de la producción del aceite de oliva, el orujo, el alpechín o el alperujo. Tanto la fotovoltaica como las energéticas vinculadas al olivar producen electricidad renovable. Pero los vecinos que viven en el entorno de estas construcciones consideran que en algunos casos les perjudica o no se ha contado con ellos.

Las orujeras y los humos

Cada fábrica es diferente y el impacto que genera en la población es distinto. En el caso de las orujeras las quejas ciudadanas no vienen por la extensión que ocupan sino por los olores y el humo que generan, además de su importante consumo de agua.

El caso con más contestación ciudadana de la actualidad es el de la orujera de Espejo. Construida mucho más cerca de Montilla que de Espejo, los vientos dominantes llevan el humo de la generación de electricidad sobre el casco urbano de Montilla en la mayor parte de los días. También afecta a las localidades de Montemayor e incluso Castro del Río. El pasado viernes, más de 1.000 montillanos salieron a la calle a protestar contra esta energética. El propio Ayuntamiento de Montilla ha pedido su cierre usando un argumento clave: está construida a menos de cinco kilómetros de las primeras casas de Montilla, algo que la normativa autonómica no permite.

De momento, se están midiendo las emisiones en sus chimeneas, tras una orden de la Junta de Andalucía. Los primeros informes señalan que las emisiones no están por encima de lo permitido. En Montilla, tanto el Ayuntamiento como la plataforma que ha convocado las protestas aseguran que durante los días en los que se ha medido la calidad del aire se ha reducido de manera notable la producción.

El gobierno andaluz ha asegurado que, de momento, la planta cuenta con todas las autorizaciones para seguir operando en la zona. Los montillanos se quejan de los olores y de las jornadas con inversión térmica, en las que el humo no levanta y se asienta sobre las mismas calles de Montilla.

Baena se une a las protestas

Al calor de las movilizaciones en Montilla se ha constituido en Baena una nueva plataforma ciudadana por el Aire Limpio. Impulsada por el biólogo Francisco Javier Sánchez Sánchez-Cañete, reúne ya a una decena de personas vinculadas al ecologismo y a las nuevas tecnologías en el municipio.

La orujera de Baena es una de las veteranas de la provincia de Córdoba. Está construida a 2,5 kilómetros del casco urbano de una ciudad de 20.000 habitantes, por lo que la primera demanda que va a hacer este colectivo es pedir su cierre por incumplir esa normativa sobre la distancia a un núcleo habitado. La plataforma se acaba de constituir y en las próximas semanas se reunirá con los portavoces municipales y no descarta convocar, como en Montilla, una gran manifestación.

No obstante, la sensibilidad en el municipio con respecto a “años de humos” es alta contra la orujera. Tanto que en el último Pleno del Ayuntamiento de Baena se debatió sobre su consumo anual de agua. “Son 170 piscinas olímpicas al año las que necesita”, asegura el portavoz de la plataforma, que ha informado que ese agua proviene del sistema general, en un momento muy tensionado como el actual por la sequía.

Aparte, la plataforma de Baena sostiene que los informes del Ministerio de Transición Ecológica sobre la calidad del aire en Baena son “alarmantes” y que señalan la concentración de varias partículas perjudiciales que, aseguran, procederían de la orujera. Estos informes son anuales, por lo que la plataforma estudia abrir un crowfunding para comprar su propia estación de medición de la calidad del aire y tener datos diarios para informar así a la población.

El impacto de las fotovoltaicas

Morente es una pequeña aldea de Bujalance, rodeada de tierra muy fértil e incluso de regadío. Gran parte de los cultivos son propiedad de la Casa de Alba. Los vecinos acaban de iniciar protestas, movilizaciones y reuniones contra lo que consideran que es una mega planta solar troceada. Así, hasta que no han llegado las “cartas de expropiación” a los agricultores no han comprobado que van a estar rodeados “y a escasos 500 metros del pueblo” por hasta seis plantas fotovoltaicas. Ninguna supera los 50 megawatios por separado. Juntas llegan a los 288 megawatios y ocupan 570 hectáreas de terreno.

Los proyectos que superan los 50 megawatios de potencia necesitan la autorización del Gobierno. Los que no, de la Junta de Andalucía. Aunque un proyecto de estas dimensiones requiere de mucha documentación y permisos, los vecinos de Morente sostienen que los requisitos de la Junta de Andalucía son más laxos. También se analizan de manera individual y no en su conjunto.

El gobierno andaluz, con la ley en la mano, ha considerado que los proyectos son “de interés público”. Es decir, los promotores no necesitan contar con el visto bueno de los propietarios del suelo. Los agricultores son expropiados e indemnizados. Pero no son expropiaciones para siempre. En un plazo de unos 40 años la tierra volverá a su poder. Eso sí, ya no como zona de cultivo sino industrial. Entre los expropiados está Cayetano Martínez de Irujo, de la Casa de Alba, que ya se ha reunido con la alcaldesa de Bujalance, Elena Bueno, del PP, solicitando que medie con la Junta de Andalucía.

Los vecinos de Morente denuncian que “la megaplanta solar afectará áreas de alto valor agrícola (grandes extensiones de cultivos y olivar arrasadas), paisajístico, ecológico (arroyo del Asno calificado como Hábitat de Interés Comunitario y refugio de especies de flora y fauna exclusivas de Andalucía) y por supuesto sociocultural. La pérdida de tierra cultivable y de actividad agraria ocasionaría la pérdida de empleo agrario sin alternativa laboral agravando la despoblación en el Alto Guadalquivir cordobés”.

Además, aseguran que “la creación de empleo por la instalación de las plantas solares es trabajo temporal (durante su construcción 18-24 meses) y cualificado (no daría trabajo a las personas que ahora mismo viven de trabajar la tierra). No sólo se perdería el trabajo agrícola, ya que no harían falta talleres mecánicos donde arreglar la maquinaria usada en los campos; no harían falta empresas de semillas, abonos, etc; no harían falta cosechadoras; no harían falta almazaras ni industrias agroalimentarias. Andalucía produciría menos alimentos de primera necesidad, aumentando nuestra dependencia del exterior ya que habría que importar alimentos básicos de terceros países. Con todo esto se provocaría la expulsión de la población de Morente y los pueblos de la comarca del Alto Guadalquivir”, condenan.

En todos los casos, los vecinos sostienen que aunque los proyectos son legales no han tenido ocasión de oponerse normativamente. En todos los casos se han ido publicando los proyectos en los boletines oficiales, tanto el de la provincia como el de la Junta de Andalucía. Pero son lugares donde estos agricultores no suelen acceder. Cuando han querido informarse de la dimensión de estos proyectos ya estaban aprobados. Y ahora, en muchos casos, tan solo les quedan las movilizaciones.

Vendrán más proyectos

En la provincia de Córdoba y por parte de la Junta de Andalucía han recibido autorización otros 58 proyectos vinculados a la energía renovable, que suman una potencia de 1.249 megavatios (Mw) en la provincia de Córdoba. Se trata de los expedientes de plantas renovables cuya tramitación es responsabilidad de la Administración autonómica, que se corresponden con aquellos que tienen una potencia inferior a 50 Mw, ya que los que se sitúan por encima los tramita el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En el conjunto de Andalucía, la Junta ha dado autorización ambiental favorable a 445 expedientes que pueden suponer la instalación de 12.584 Mw de potencia renovable.

El Gobierno central había marcado el 25 de enero de 2023 como fecha ineludible e improrrogable para el cumplimiento del segundo hito administrativo en la tramitación de los proyectos renovables, de manera que todos aquellos que no tuvieran emitida una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) perderían el derecho de acceso y conexión a la red eléctrica y, por tanto, no podrían continuar con su tramitación.