Ecologistas denuncia irregularidades en un proyecto de explotación avícola para 80.000 pollos en Bujalance

La Federación Provincial de Ecologistas en Acción de Córdoba ha registrado un documento de alegaciones al Proyecto de Actuación promovido por Nataindos Bujalance S.L., para una explotación avícola de pollos de engorde, con emplazamiento en el paraje Castilblanco del término municipal de Bujalance (Córdoba). El proyecto contempla una explotación intensiva de 80.000 pollos de engorde confinados en dos naves, a una distancia inferior de 800 metros respecto a las áreas residenciales más próximas de la localidad cordobesa de Bujalance.

“En el extenso documento de alegaciones registrado por esta organización ambientalista se incide en varias cuestiones de extraordinaria importancia. Entre otros elementos se destaca la ausencia de una Memoria de Impacto Ambiental, como también se mencionada en el informe emitido por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación Provincial”, indican.

Igualmente y en relación a la tramitación ambiental, “la actividad propuesta está sujeta y sometida a Evaluación Ambiental Ordinaria (Anexo I Ley 21/2013) y al procedimiento de Autorización Ambiental Integrada (AAU), artículo 27.1. a de la GICA. En este mismo sentido, y teniendo en consideración el proyecto de actuación, también estaría sujeto a la Ley 16/2002, de 1 de Julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, en el concreto respecto al apartado 9.3 del Anejo 1 de la citada norma legal. Por tanto, el proyecto sometido a valoración en el presente documento, también estaría sometido a Autorización Ambiental Integrada (AAI)”, advierten.

“A Ecologistas en Acción le preocupa muy especialmente, y así lo hemos reflejado en el documento enviado al gobierno municipal del Ayuntamiento de Bulajance, la escasa distancia respecto a las zonas residenciales de la localidad. El Plan General de Ordenación Urbana de Bujalance, recoge textualmente en su artículo 155,a) ”Serán de obligado cumplimiento las siguientes condiciones particulares: a) Distancia mínima de la edificación a núcleos urbanos: 1.000 metros…“, citan. 

E inciden en que en este caso, “no cumple esta condición, ya que la distancia con el núcleo urbano es inferior, existiendo áreas residenciales de uso de primera residencia, en concreto, a 760 metros. En estas zonas residenciales, más de 160 viviendas, cuentan con equipamientos públicos como centros educativos, instalaciones deportivas, áreas de recreo y esparcimiento público, etc”.

En este sentido, Ecologistas afirma que “tampoco el proyecto sometido a información pública recoge un estudio de alternativas de ubicación. En cualquier caso, no se ha hecho un estudio donde se justifique pormenorizadamente los impactos medioambientales de las distintas alternativas, siendo obligatorio desde un punto de vista normativo”. 

En cuanto a los impactos sobre la socio-economía de la zona, “en el Proyecto de Actuación se limita a recitar generalidades, sin concreción alguna. Es más, no se habla de la consolidación de un solo puesto de trabajo, salvo, los ”ingresos“ del titular de la explotación. Existe precedentes de explotaciones similares en otros términos municipales del conjunto del Estado, donde, en el mejor de los casos, se ha creado un solo puesto de trabajo fijo o permanente, cifra irrisoria teniendo en cuenta el elevado impacto ambiental de la construcción y funcionamiento de una instalación de este tipo”. 

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha solicitado al gobierno municipal del PP en Bulajance que deniegue la Declaración de Interés Social del Proyecto de Actuación y, que desestime con carácter conclusivo el proyecto.

La organización ambientalista informa en un comunicado que tuvo conocimiento de este proyecto a través de un correo electrónico anónimo, en el que les alertaban del registro del proyecto en el ayuntamiento bujalanceño. Asimismo, Ecologistas denuncia las dificultades para acceder a la información del proyecto de la explotación. “Nos vimos obligados a realizar diversas gestiones telefónicas con personal administrativo y del gobierno municipal, e incluso nos vimos obligados a avisar de una posible denuncia al Consejo de Transparencia de la Junta de Andalucía por incumplimiento de la normativa que garantiza la publicidad activa. Finalmente, el Ayuntamiento de Bujalance, resolvió la ampliación en 15 días hábiles el plazo de exposición y audiencia pública, contenido en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba (BOP). A pesar de lo señalado, sólo colgaron el web del Ayuntamiento de Bujalance los dos anuncios del BOP y el Proyecto registrado por los interesados, dejando en un cajón oscuro el informe técnico elaborado por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación Provincial de Córdoba (SAU), que forma parte del expediente”.