Las claves del proyecto de la planta de biometano a la que se opone gran parte de un pueblo

Uno de los proyectos que más polémica ha traído en los últimos meses dentro de la provincia de Córdoba. La protección al medioambiente ha pasado a ser protagonista en exclusividad en Baena debido a la posible instalación de una planta de biometano. Lo que comenzó como un trámite administrativo en 2024 se ha convertido en un conflicto abierto que ha enfrentado a los promotores de la instalación con una ciudadanía movilizada, colectivos ecologistas y la práctica totalidad del arco parlamentario local.

En primera instancia, la iniciativa está denominada Hojiblanca Biometano 5 (HB5) y está promovida por las empresas Greenar y Von Bioenergy Iberia, en colaboración con la cooperativa de segundo grado Oleícola El Tejar. La intención es construir una planta con una inversión cercana a los 39 millones de euros diseñada para transformar hasta 400.000 toneladas anuales de residuos olivareos en gas natural y fertilizantes orgánicos. Una infraestructura que generaría unos diez puestos de trabajo directos.

El emplazamiento y las primeras quejas vecinales

La ubicación elegida para esta infraestructura es la finca conocida como 'La Amarguilla', situada a más de dos kilómetros del núcleo urbano de Baena. Los promotores defienden que el 80% de la materia prima llegaría directamente desde las instalaciones de Oleícola El Tejar a través de tuberías, loq ue evitaría el tráfico constante de camiones pesados por las carreteras locales, así como que no dañaría al ecosistema de la zona. Sin embargo, ha sido un argumento que no ha convencido a los vecinos.

Aunque los trámites administrativos se iniciaron en septiembre de 2024, la plataforma vecinal denuncia que el proyecto se ha movido en un “punto ciego” informativo. No fue hasta mayo de este 2026 cuando el Ayuntamiento de Baena se posicionó en contra. El 25 de mayo, los servicios técnicos de Urbanismo emitieron un informe desfavorable para la licencia de obras de la tubería de conexión de gas y, solo un día después, la alcaldesa, María Jesús Serrano, firmó la resolución para suspender los plazos del expediente.

Esta posición por parte del Consistorio baenense se fundamenta en que la normativa actual, más concretamente la Ley LISTA, prohíbe otorgar licencias para obras accesorias si el proyecto principal no está autorizado. El equipo que está al frente del Ayuntamiento de Baena ha explicado que su prioridad es el bienestar de sus vecinos, manteniendo una postura contra cualquier industria que pueda resultar “molesta, insalubre o perjudicial” para el municipio.

Al mismo tiempo, se ha originado la Plataforma Stop Biometano Baena y Albendín para ayudar a la oposición ciudadana. Este colectivo ha sostenido desde su creación que la planta tendría un impacto nefativo en el paisaje, los recursos hídricos y la calidad de vida de la comarca. Por su parte, el grupo GRODEN-Ecologistas en Acción presentó una propuesta formal para que el Ayuntamiento convocase una consulta popular.

Manifestación vecinal a la vez que un Pleno extraordinario

Por otro lado, los vecinos siguen insistiendo para tratar de parar la planta de biometano y así se demostró el pasado jueves. Esta tarde, alrededor de un millar de personas estuvieron presentes en la Plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento, en una de las protestas más concurridas que se recuerdan localidad. Los manifestantes han expresado su temor por los posibles olores, la devaluación de sus propiedades y la transformación de su modelo agrícola.

Durante la misma jornada, el Ayuntamiento de Baena acogió un Pleno extraordinario en el que la corporación municipal tenía que posicionarse oficialmente sobre el conflicto. La sesión estuvo marcada por la tensión y el apoyo mayoritario a las tesis de los manifestantes. Se aprobó una moción conjunta, respaldada por el PSOE, IU y el PP, para frernar la instalación de la planta.

En esta sesión, el portavoz del PSOE, José Andrés García, ha defendido la necesidad de actuar con “una sola voz” en defensa de los intereses locales, mientras que desde el PP, Javier Vacas, ha justificado su apoyo a la moción por “responsabilidad institucional” ante la evidente preocupación de los baenenses. Por su parte, Cristina Vidal, portavoz de IU, ha admitido que se ha opuesto a un proyecto que considera complejo y que, a su juicio, afecta directamente a la salud de la ciudadanía.

La nota discordante la puso el grupo municipal de Vox, que fue el único que votó en contra de la moción tras presentar una enmienda a la totalidad. Su portavoz, Eduardo Molleda, ha calificado la iniciativa del equipo de gobierno como una “huida hacia adelante” para eludir responsabilidades propias.

El interés público por parte de la Junta y la versión de los promotores

La resolución final aprobada por el Pleno no solo ratifica el rechazo local, sino que también insta a la Junta de Andalucía a paralizar cautelarmente la tramitación ambiental de la planta hasta que exista una regulación específica para este tipo de instalaciones. Aunque, de momento, la Administración autonómica ha otorgado la categoría de interés público a este proyecto, por lo que existen posibilidades de que este proyecto continúe hacia adelante pese a las alegaciones realizadas por el Ayuntamiento.

Los promotores del proyecto pusieron sobre la mesa su opinión en una rueda de prensa celebrada el pasado 2 de junio en el Casino de Baena y aseguraron que la planta contará con sistemas herméticos y biofiltros de última generación para eliminar cualquier rastro de olor. Diego Aranda, CEO de Greenar, ha lamentado lo que considera una campaña de “bulos y desinformación” en redes sociales y ha insistido en que el proyecto ha superado todos los controles técnicos y ambientales exigidos por la Junta de Andalucía. Además, se comprometió a dialogar con los vecinos y las instituciones para que este proyecto siguiera hacia adelante.