El PP reclama a la Junta que pague los daños por las inundaciones de 2010

Imagen panorámica de las inundaciones en la zona del aeropuerto | MADERO CUBERO
Los populares reclaman en la Comisión Parlamentaria de Medio Ambiente que se abonen las indemnizaciones después de las últimas sentencias de la Audiencia Nacional

El secretario general del Partido Popular de Córdoba y parlamentario andaluz, Adolfo Molina, ha pedido a la Junta de Andalucía que acate la sentencia judicial de la Audiencia Nacional y pague las indemnizaciones a los afectados por las inundaciones del año 2010.

Molina, en la Comisión Parlamentaria de Medio Ambiente celebrada en la mañana de ayer, ha recordado las demandas de los agricultores y de la Plataforma de Afectados por las inundaciones del Guadalquivir de 2010, así como las sentencias de la Audiencia Nacional que en su mayoría condenan a la Junta a pagar la totalidad de los daños que sufrieron diferentes explotaciones agrarias, cultivos y viviendas ante las inundaciones acaecidas en el invierno de 2010-2011.

Las demandas vienen de casi una treintena de agricultores cordobeses que aquellos días sufrieron pérdidas como consecuencia del aumento del caudal en el momento en la Junta tenía asumidas las competencias sobre el Guadalquivir a través de la Agencia Andaluza del Agua, y reclaman indemnizaciones por valor de cinco millones de euros. A esto se suma una plataforma integrada por 400 afectados de aquellas avenidas de agua que también han interpuesto demandas contra la gestión del gobierno andaluz.

"Las sentencias conocidas hasta la fecha concluyen que la Junta omitió su deber de mantenimiento del cauce del río y arroyos, produciendo una disminución de la capacidad de evacuación de las aguas", ha asegurado Molina.

Así, la Audiencia Nacional se apoya en informes técnicos de la Universidad de Córdoba que constatan que además de producirse la dejación de funciones en cuanto a limpieza de los cauces, se produjo una mala gestión del procedimiento de desembalse. Dice textualmente que "dichos desembalses ponen de manifiesto una mala gestión por parte de la Administración pues se debió regular el caudal de los embalses de forma paulatina para que no se encontrasen al límite de su capacidad cuando lleguen las lluvias".

Además, la Audiencia señala que esas lluvias no eran "ni torrenciales, ni extraordinarias, ni excepcionales", con lo cual "no vale echarle la culpa a la climatología con el único fin de lavarse las manos ante una negligencia y falta de gestión brutal", ha dicho Molina a la consejera de Medio Ambiente.

"Es lamentable que una consejera sea incapaz de asumir un enorme error en la gestión de agua ante una numeroso grupo de personas afectadas, que no haya reconocido en ningún momento la mala de la Agencia Andaluza del Agua en estos acontecimientos y que intente culpar de todo a los efectos climáticos, cuando todos los informes y las sentencias dejan claro que la responsabilidad es de la Junta de Andalucía", ha afirmado.

"La realidad fue que los embalses se encontraban casi llenos a principios de diciembre de 2010 y hubo que desembalsar parte del agua esos días al no haberse hecho con anterioridad", ha dicho Molina.

El parlamentario andaluz ha recordado los incumplimientos del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones con obras que nunca se ejecutaron o las claras advertencias que se realizaron sobre la errática política de desembalses. "Desde el Partido Popular ya advertimos que la regulación de los desembalses no estaba funcionando, lo que estaba provocando cada vez más problemas, y ahora la Audiencia Nacional nos da la razón", concluyó.

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